Este lunes la clase política ha protagonizado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote un profundo análisis de la Operación Unión después de que la semana pasada la titular del Juzgado Número 5 de Arrecife, Silvia Muñoz, decretara el sobreseimiento de nada menos que 17 imputaciones contra 17 personas que, tras ser detenidas e investigadas, han permanecido en los últimos cinco años bajo sospecha. Durante la emisión del programa 'A buena hora' y su posterior tiempo de tertulia, representantes de distintos partidos políticos, incluyendo al propio PSOE, han cuestionado de qué forma se puede ahora resarcir el honor de unas personas sobre cuya imputación asegura ahora el fiscal del caso que “no hay elementos probatorios para sentarlos en el banquillo de los acusados”.
Desde el secretario general del PSOE en Arrecife y actual primer teniente de alcalde, José Montelongo, quien ha admitido que hubo precipitación en el PSOE a la hora de tomar decisiones tras el estallido de la Operación Unión, al consejero del PP en el Cabildo Ángel Vázquez, pasando por el exprimer teniente de alcalde en Tías, representante de San Borondón, Jerónimo Robayna, el planteamiento es unánime: no hay forma de resarcir a estas personas ahora desimputadas y se reconoce que sí hubo, y mucha, precipitación en las formas de actuar de determinados partidos políticos en cuanto se dio el estallido de la denominada Operación Unión.
Desde la clase política al ciudadano de a pie, la sociedad de Lanzarote se pregunta cómo se compensan casos especialmente duros como el del ex secretario general del PSOE, Segundo Rodríguez, que pasó dos meses en prisión y fue expulsado de su formación política. hora ve cómo el juez archiva su causa haciendo caso a las instrucciones del actual fiscal, Javier Ródenas. El actual secretario general del partido en Arrecife, José Montelongo, ha valorado este lunes el caso en Crónicas Radio-Cope Lanzarote.
"A veces con el impulso de la situación se tomaron decisiones que quizás no fueron las más acertadas en el momento. Hablé con Segundo en el funeral del compañero Agustín Torres, y le preguntaba por si situación personal", ha expresado Montelongo. "Es complejo pasar por todo este procedimiento que ha pasado. Ahora tendrá que ver el propio Segundo si quiere volver a militar en el Partido Socialista porque, obviamente, si por parte de él hay una solicitud, el partido no tendrá otra decisión que aceptarla en este caso".
Montelongo, que conoce por experiencia propia lo que es estar imputado merced a los cargos por un delito de malversación de caudales públicos que los juzgados le imputan en el caso 'Montecarlo', cree que en su día, cuando apareció la Operación Unión en el panorama de Lanzarote, se tomaron decisiones precipitadas, y piensa que es el propio Segundo Rodríguez quien tiene que decir qué medidas toma, si quiere tomarlas.
"Cuando lo cuenta alguien en primer persona, resulta muy dramático haber estar en prisión para que luego a uno le archiven la causa. Este tipo de decisiones son complicadas y para las personas que las pasan, mucho más. Ahora si toma o no medidas es una decisión que le corresponde a él", ha aseverado el secretario general de los socialistas en la capital de Lanzarote.
Falta de pruebas y responsabilidad de los gestores de la Justicia
Más tajante ha sido, por su parte, el ex primer teniente de alcalde en Tías y presidente de San Borondón. "Yo ya habría puesto mi denuncia. Está claro. Si yo hubiera sido Segundo Rodríguez o alguna de estas personas imputadas y ahora desimputadas, yo ya habría ido a denunciar al juez o al fiscal, pues no se puede atacar o imputar a alguien sin pruebas claras", ha sostenido el edil de San Borondón. "No entiendo que se crucifique a las personas imputadas cuando solo es una imputación, un garantía procesal que establece el juez", ha comentado, "que también se puede equivocar". Para Robayna, "no debería ser necesario que se expulse a estas personas de sus partidos sin saberlo de antemano", ha dicho.
Por su parte, el portavoz del PP en el Cabildo Ángel Vázquez ha apostado "por respetar a las personas y a las familias que hay detrás de cada cargo público. Aquí está claro que algo se ha hecho mal. ¿Cómo es posible que en un país como España se impute con tanta ligereza?", ha cuestionado. "Cuando ya no haya indicios, sino pruebas fehacientes, es adecuado imputar, pero antes no. Aquí el juicio paralelo es mortal y ahora, ¿quién paga estos daños a nivel personal, laboral, familiar? ¿Dónde está la diligencia de los jueces para hacer las cosas en condiciones? Aquí tiene que haber algo que desconocemos porque todo apunta a que todo se ha hecho muy mal", ha insistido.
