jueves 28/10/21
Los representantes del Poder Judicial entonaron el "mea culpa" al reconocer que no han sido capaces de frenar los desmanes urbanísticos

Martín Pallín afirma que el urbanismo es algo "demasiado importante como para dejarlo en manos de los ayuntamientos" y aboga por un mecanismo de control supraestatal

La corrupción y el poder ilimitado de los alcaldes centran el debate de la mesa redonda "Legalidad Territorial y Ambiental" del I Congreso de las Reservas de la Biosfera de España

Fotos: Jose Curbelo

El pasado viernes se llevó a cabo, en las instalaciones de la Biblioteca Insular de Arrecife, la mesa redonda "Legislación Territorial y Ambiental" en la que varios ponentes de reconocido prestigio dentro del mundo de la judicatura, criminología, abogacía y fiscalía aportaron su sobrada experiencia en este asunto.

Los participantes en el acto fueron el magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, el cual aseguró que "el urbanismo es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los ayuntamientos" y abogó por un mecanismo de control supraestatal. También formaron parte de la charla el fiscal de Medioambiente del Tribunal Supremo, Antonio Vercher, el fiscal Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Luis del Río Montesdeoca, el director del Instituto Andaluz de Criminología, José Luis Díez Ripollés,y el abogado y director de procedimientos judiciales del Cabildo en contención del crecimiento urbanístico, Agustín Domingo Acosta.

Como moderador actuó el jurista director de la Oficina del Plan Insular, Leopoldo Díaz, y como anfitrión y presentador de la charla, el consejero de Política Territorial, Carlos Espino.

La mesa formaba parte de los actos previstos por la celebración del I Congreso de Reservas de la Biosfera de España y que están organizados por la Oficina de Reservas de la Biosfera y la Consejería de Política Territorial, Medioa Ambiente y Patrimonio, entre otros.

La corrupción y el poder ilimitado que tienen los alcaldes, en especial algunos que se encuentran en determinadas zonas costeras, en la utilización del territorio fueron los temas clave del debate.

Los representantes del Poder Judicial entonaron el "mea culpa" al reconocer que no han sido capaces de frenar los desmanes urbanísticos, bien sea por la ambigüedad de la legislación medioambiental o bien por falta de pruebas acusatorias. En este sentido,Martín Pallín afirmó que hay "un exceso de legalidad y falta de coordinación en la jerarquía de las normas".

José Antonio Martín Pallín aseguró además, que la actual legislación "hace reír" a los imputados en escándalos urbanísticos ya que estos sólo tienen que pasar "unos años en la cárcel" y, encima, acaban "saliendo a hombros".

El municipio como ente con un exceso de competencias en materia de urbanismo

Díez Repollés aseguró que en su amplia experiencia como investigador de irregularidades urbanísticas ha querido tener pruebas de que los ayuntamientos son los principales implicados en estos desmanes introduciéndose en algunos consistorios de la Costa del Sol. En 2001 la Unión Europea (UE) abrió una investigación en esta zona de la costa española por lo que requirieron de los servicios de dicho profesional y su equipo.

Para ello se utilizó un concepto creado por la ONU que hacía referencia a cinco premisas básicas que debe tener toda Administración que se precie para lograr alzarse con el cuestionable "honor" de formar parte de la delincuencia organizada.

La inspección se tornó difícil porque desde los escalafones más bajos de los niveles administrativos del Consistorio ya se encargaban de poner zancadillas a la investigación llevada a cabo por mel Instituto Andaluz de Criminología.

"El estudio era confidencial; vimos que diversos funcionarios se beneficiaban junto con otras personas de las actividades ilegales que allí se realizaban"manifestó Díez para luego puntualizar que "en algunos ayuntamientos no contestaba nadie y en otros se ponían trabas por lo que se daba una imagen de que había muchas presiones".

La investigación dió sus frutos. Existía un territorio donde en un principio redes clientelares con capitales se asentaban en la zona y empezaban a invertir en suelo.

De ahí se pasaría rapidamente a la última fase o premisa: dichas redes clientelares acabarían controlando a la Administración. "Observamos también que no existen cuerpos de inspección urbanística o cuando existen están infradotados" estimó en este sentido el criminólogo para luego reconocer que "las demoliciones no se llevan a cabo, no se ejecutan las multas y hay delitos que carecen de suficiente efecto disuasorio".

Leopoldo Díaz, por su parte, aseguró que el Estado fija las condiciones básicas garantizadoras de la igualdad del territorio pero el desarrollo legslativo corre a cargo de la Comunidad Autónoma. "Alguna experiencia hemos sufrido en el Cabildo por la aplicación del Plan Insular por parte de algunos municipios", reconoció.

Según Díaz se puede incurrir en dolo o en incumplimiento por parte de la Administración pero esta puede cruzar la fina línea que separa el bien del mal y "acabar involucrada en actos de corrupción donde no es extraño encontrarse con autoridades unidas a promotores y constructores en un círculo nada confesable donde se suceden presuntos tratos de favor".

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