El Juzgado de Instrucción Número 1 de Arrecife ha admitido a trámite la querella presentada por el abogado Juan David García Pazos en representación de la empresa pública que gestiona los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo contra el actual secretario general del Partido Socialista Canario (PSC) en Lanzarote, Carlos Espino. Según ha podido saber esta redacción de fuentes cercanas al caso, el juez Ricardo Fiestras da trámite por tanto a la petición formulada al efecto de que se dicte auto de incoación de diligencias previas y se practiquen las diligencias necesarias para averiguar si los hechos que se recogen en el texto elaborado son constitutivos de delito.
En la querella, que consta de un total de treinta folios, el letrado contratado a los efectos por los Centros Turísticos determina que los hechos narrados pudieran ser constitutivos de diversos delitos, entre los que destacan la prevaricación, el cohecho y la malversación de caudales públicos.
En el texto, que este diario publicará íntegramente, se describen los hechos desde el momento en el que Manuela Armas dicta como presidenta del Cabildo una resolución el 22 de junio de 2007 por la que entrega las competencias de la empresa pública a Espino hasta que se advierte claramente de que la acción judicial será ampliada, puesto que existe documentación y certificaciones que no pudieron entrar en la acción que se trasladó finalmente en los primeros días del mes de mayo al Palacio de Justicia de la capital lanzaroteña.
Los hechos, en general, son conocidos y ya denunciados por la prensa local, aunque no dejan de sorprender algunos datos, en especial los que tienen que ver con la forma en la que se adjudicaron cantidades millonarias de dinero público. El repaso por lo ocurrido en el ámbito político es fundamental, sobre todo el momento en el que el entonces responsable de la empresa pública decide destituir de su puesto a José Juan Lorenzo, alegando exclusivamente una "pérdida de confianza" que costó varios miles de euros a la empresa en concepto de indemnización. El tema de la famosa y polémica cocina de los Jameos del Agua contratada a la empresa Climafrical, las compras a Carnes y Embutidos Chacón o los contratos de publicidad y asesoramiento a particulares o a empresas como V&A Asociados solidifican el grueso del escrito admitido a trámite en forma de querella.
El porqué de la querella
Dicha querella, la segunda que recibiría el secretario general de los socialistas lanzaroteños después de la denuncia interpuesta en noviembre de 2009 por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, parte de la autorización concedida por el Consejo de Administración el pasado 17 de febrero a la propuesta de Astrid Pérez de iniciar acciones penales contra el anterior consejero de los Centros Turísticos por su gestión al frente de la empresa. La información aportada entonces por la actual consejera delegada es fruto de una investigación realizada en los últimos meses sobre los dos últimos años de gestión de Espino al frente de los Centros.
La consejera delegada presentó en su día un informe realizado por un abogado en el que se ponían de relieve presuntas irregularidades cometidas por el anterior consejero delegado durante su mandato en los Centros, desde mayo de 2007 hasta el mes de octubre de 2009. El Consejo autorizó la interposición en los tribunales de una querella penal contra Espino por presunta malversación de fondos públicos. En el informe se detallaban presuntas irregularidades en contratos realizados por el anterior consejero. El Consejo, además, facultó a un abogado para que redactara dicha querella.
En dicha sesión del Consejo de Administración, con representación de todas las fuerzas política, el Comité de Empresa se abstuvo y la Fundación César volvió a ausentarse de un órgano al que renunció hace más de un año y que cree que está politizado.
Los miembros del Consejo de Administración aseguraron haber hallado “indicios severos” que apuntan a que Espino habría cometido presuntamente varios delitos: “supuesta malversación de fondos públicos y administración desleal, además de presunta prevaricación administrativa”, ya que el anterior consejero delegado firmó diversos contratos sin tener competencias para ello, vulnerando así las fórmulas de contratación estipuladas en el Consejo de Administración del Ente Público Empresarial Local (EPEL) de los Centros Turísticos. A ellos, ahora, se suma la comisión de un presunto delito de cohecho, que igualmente tendrá que ser analizado.
“Contratos lesivos contra el interés de Lanzarote”
Dentro de la documentación aportada por Pérez a los miembros del Consejo –entre los que se encontraba el propio Espino, que sustituyó en esta sesión urgente de los CACT´s a la habitual representante socialista, Isabel Martín- figuran pruebas que apuntan a la existencia de “algunos contratos lesivos para el interés de la Isla”. Una vez que el juzgado correspondiente abra la investigación y delibere, en el caso de que se demuestre que dichos contratos deben declararse nulos, incluso podrían pedirse responsabilidades económicas a las propias empresas beneficiadas con tales contratos, si bien también es posible que el juez dictamine que existió responsabilidad subsidiaria por parte de Carlos Espino, con lo que el anterior consejero delegado podría incluso tener que hacer frente a dichas obligaciones a través de lo que se denomina responsabilidad patrimonial.
El Consejo de Administración de los Centros Turísticos también considera que existen “adjudicaciones extrañas” en las últimas gestiones de Espino al frente del ente público, es decir, entre las decisiones que adoptó cuando ya sabía que se fraguaba una moción de censura entre CC, PIL, PP y PNL para sacar a la ex presidenta del Cabildo Manuela Armas y al grupo Socialista del Gobierno del Cabildo insular de Lanzarote.
(Avance)
