El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nulo de pleno derecho un decreto de la Consejería de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, firmado en 2005 por el entonces responsable del área, Carlos Espino. El consejero socialista, en aquel entonces, denegó la calificación territorial para la construcción de un almacén agrícola en el camino del Rompimiento en Macher, en el municipio sureño de Tías. El alto tribunal considera en la sentencia que el Cabildo no ha seguido el procedimiento adecuado, sustrayendo al pleno de la corporación insular el derecho de pronunciarse sobre este asunto.
Según el Tribunal Superior, debe ser el pleno del Cabildo el órgano competente para tratar asuntos relativos a la ordenación y calificaciones territoriales. La sentencia manifiesta que “se produce, en el caso, una clara y manifiesta falta de competencia por razón de la materia en una doble perspectiva: al resolver un órgano incompetente (Consejero de Política Territorial) y hacerlo por delegación de un órgano también incompetente (Presidente del Cabildo) que, además, delegaba una competencia indelegable”.
Con esta sentencia, la Sala de los Contencioso Administrativo ha puesto en duda el procedimiento aplicado en no pocas ocasiones por el Cabildo para otorgar o denegar calificaciones territoriales. La decisión judicial, recurrible, podría derivar en nuevas demandas contra los decretos de la Institución insular.
Por "resolución de la presidencia"
El Cabildo de Lanzarote ha salido al paso de esta sentencia, aclarando que las calificaciones territoriales se otorgan por resolución de la presidencia desde hace diez años, al igual que hacen el resto de los instituciones insulares.
Desde el Cabildo aseguran que se otorgan de esta manera desde la entrada en vigor de la Ley del Territorio en 1999, por indicación de los servicios jurídicos y que desde entonces han firmado resoluciones todos los presidentes y consejeros de Política Territorial “de todos los signos políticos”.
"Por tanto" -señala una nota de prensa remitida por la Primera Corporación insular-, "todos los presidentes y consejeros delegados de Política Territorial del Cabildo, de todos los signos políticos, han otorgado por resolución las calificaciones territoriales desde 1999, respetando pues el criterio jurídico de la corporación", explicando que la Resolución 2.054/05, ahora anulada, está firmada "por don Francisco Cabrera y no por la actual presidenta, Manuela Armas," tal como se ha publicado.
Según la citada institución, la anulación de esta calificación es individual, no genérica, es decir, que no puede extenderse a todas las calificaciones concedidas por el Cabildo. "Sólo podrían verse afectados los recursos contenciosos administrativos ya presentados por los interesados en los tribunales dentro del plazo legalmente establecido".
El Cabildo considera además que "de ninguna manera se puede pedir responsabilidad patrimonial a la institución por cuanto la ejecución de la sentencia simplemente comportaría llevar a pleno la calificación anulada. Es decir, el expediente tendría que ser resuelto por el órgano correspondiente, en este caso el Pleno".
A este respecto aclaran que "la Ley del Territorio de 1999 establecía las calificaciones territoriales como instrumentos de ordenación, por eso el TSJC estima ahora que deben aprobarse por el Pleno. Por contra, la actual Ley de Medidas Urgentes considera que una calificación es un acto administrativo, por lo que desde la fecha de entrada en vigor de la misma, mayo de 2009, pueden ser otorgadas por la Presidencia".
Asimismo, declaran que los servicios jurídicos de la Corporación también consideran que esta sentencia tiene "nula trascendencia sobre el sentido de las calificaciones. Es decir, que al hacerse los informes técnicos y jurídicos conforme al ordenamiento insular (PIOT) o el ordenamiento municipal (PGOU de cada municipio), el sentido negativo o positivo de la calificación no cambiará".
Esta sentencia del TSJC no es firme, y ante ella cabe recurso de casación ante el Supremo. La Corporación insular ya ha presentado la preparación del recurso de casación, paso previo y necesario a la formalización del recurso. El grupo de Gobierno tomará la decisión definitiva en las próximas semanas.
