Numerosos medios de comunicación de todo el país se han dado cita este jueves por la mañana en los juzgados de Arrecife para seguir de cerca el primer juicio del conocido como caso Unión, la enorme maraña convertida en investigación del que algunos consideran que es el mayor caso conjunto de corrupción de toda Canarias. La expectación ha sido enorme desde primeras horas de la mañana, por la enorme trascendencia que tiene la primera sesión de una de las piezas que forman parte de la polémica instrucción que llevó en 2009 el juez César Romero Pamparacuatro, actualmente investigado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los imputados en la causa, entre ellos el conocido líder histórico del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), han ido acudiendo desde primera hora a la Vía Medular, con la idea todos ellos de solicitar nuevamente y como cuestión previa la nulidad del procedimiento, alegando entre otras cosas que su juicio está vinculado también con las irregularidades que se han denunciado en otras piezas de la investigación.
El final de estos días, determinar si el ex viceconsejero de Justicia del Gobierno canario Francisco Rodríguez Batllori cobró de forma ilícita varias facturas en concepto de asesoramiento jurídico tanto al Ayuntamiento de Arrecife como a la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA).
Escrito del fiscal
En este sentido, Crónicas ha tenido acceso al escrito del fiscal, en el que se acusa a Batllori de facturar hasta 40.000 euros de las arcas capitalinas y de la propia Inalsa entre 2008 y 2009 por unos trabajos "que nunca se realizaron para el Ayuntamiento", sino "para el asesoramiento personal de Dimas Martín" para, entre otras cosas, "agilizar la concesión de su tercer grado penitenciario". Según el fiscal, Batllori y Dimas Martín se valieron de un acuerdo verbal tomado en febrero de 2008 en el Arrecife Gran Hotel, con presencia de los entonces concejales de Hacienda, José Miguel Rodríguez, y de Personal, María Luisa Blanco, quienes "estaban subordinados políticamente a Dimas Martín". En el caso de los fondos de Inalsa entran los otros acusados Plácida Guerra, entonces consejera delegada de la empresa pública de aguas de Lanzarote, y Rafael Elorrieta Larrea, gerente de Inalsa y yerno de Dimas Martín.
Entre otros delitos, el fiscal solicita la condena para los acusados por malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la Administración.
Nulidad e irregularidades en el proceso
Las denuncias sobre la mala praxis en la instrucción han sido numerosas, y a pesar de que se han perdido pruebas, aunque los peritos han dicho que existen grabaciones manipuladas intencionadamente, y a pesar de las fuertes críticas de ex titulares del Juzgado Número 5 a las formas en que se gestionaron inicialmente las diligencias de la causa, este jueves arranca el primero de los juicios de una investigación sobre presunta trama de corrupción basada en el cobro de comisiones ilegales en la que trabaja hace al menos 5 años el Juzgado Número 5 de Arrecife.
Desde las 10:30 horas la Audiencia Provincial de Las Palmas, bajo la batuta del magistrado Emilio Moya -que también juzga el caso Faycán en el Ayuntamiento de Telde, Gran Canaria- comenzará la vista oral juzgando al líder histórico del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) Dimas Martín, al ex consejero de Empleo del Gobierno de Canarias Francisco Rodríguez Batllori, y a los ex integrantes del PIL José Miguel Rodríguez, Mª Luisa Blanco y Plácida Guerra, por delitos de malversación, prevaricación y fraude.
El Ayuntamiento de Arrecife ha accedido a personarse como acusación particular de la denominada ‘Operación Unión’, así que este jueves está prevista también su representación. En cuanto a las pruebas testificales, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) informa a Crónicas que, entre otros, comparecerán como testigos Enrique Pérez Parrilla, Sheila Aguiar Fernández, Asenet Padrón Niz, María del Carmen Villaverde Ferreiro
y Pilar Machín Henríquez. A partir del lunes, 20 de octubre, está prevista también la presencia, como testigos, de Emilia Perdomo Quintana, Manuel del Rosario Fajardo Feo, Andrés Barreto Concepción, Juan Manuel González Rodríguez y Esteban Cabrera Perdomo.
Por parte de la defensa, acudirán a testificar como testigos María José Docal Serrano, Roberto Acuña Armas, Carlos Saenz Melero, y Antonio Cabrera Panasco.
Ya para el martes será el turno de los testigos Pilar Martínez Somoza, Lucia Gil Betancort, Juan Antonio Morales Martín y Gregorio Marcial Martín Espinosa.
Un "despropósito" judicial con un "cometido electoral"
En este sentido, la portavoz de los insularistas en el Cabildo de Lanzarote, María José Docal, quien también sufrió en sus carnes el escarnio público de ser detenida en su domicilio con los cámaras de televisión preparados en una acusación que se espera quede en nada, ha insistido este miércoles en Crónicas Radio-Cope Lanzarote en el "despropósito" de las formas de una causa que, asegura, ha tenido un "cometido electoral". "Me da que mañana algunos no lo van a pasar bien. Ojalá el juez escuchara todo lo que tienen que decir los abogados, pero me temo que ya los juicios de mañana no se podrán aplazar más", ha expresado Docal en el programa 'A buena hora'. "Aquí se juzga solo un despropósito. Si todavía hay justicia, esto tendrá que acabar en nada", ha afirmado Docal.
En este punto, cabe recordar que el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas, quien sustituyó en la causa al fiscal Ignacio Stampa, ha interesado ya el archivo provisional de una pieza separada de este caso, relacionada con la construcción de una casa de Dimas Martín en Los Rostros, Yaiza. El fiscal ha interesado también la desimputación de otras 17 personas imputadas en primera instancia y cuya situación procesal se ha mantenido durante nada menos que cinco años.
"Indignado" por la actuación judicial, Batllori remitía entonces a los medios de comunicación un escrito que incluso dudaba que hubiera leído la jueza del caso en ese momento, María Jesús Hernández Elvira -a la que han seguido otros en el Juzgado Número 5-, y con el que, una vez más, considera que se evidencia que está probada su inocencia. En la referida comunicación, Batllori critica la instrucción de la causa y niega que fuera el abogado de Dimas Martín, líder histórico del PIL, y que cobrara sin trabajar, hechos que aparecen reflejados en las diligencias previas llevadas a cabo por el Juzgado Número 5. Del mismo modo, el exrepresentante del Gobierno canario critica que sus conversaciones fueran grabadas con Dimas Martín en el caso, tal y como sostienen las partes dispositivas de la causa, que fuera el abogado del político lanzaroteño.
