José Miguel Rodríguez: "Tuve que decirle a Dimas que Arrecife no era una ONG"

El ex concejal de Hacienda del Ayuntamiento capitalino José Miguel Rodríguez, ex integrante del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), ha sido el primero en declarar este jueves de los seis acusados en el inicio de la Operación Unión. El exresponsable de las arcas municipales ha arrojado bastante luz a la pieza octava de la causa, en la que se investiga si el exconsejero de Justicia y Empleo de Canarias, el abogado Francisco José Rodríguez Batllori, recibió entre 2008 y 2009 unos 40.000 euros del Ayuntamiento de Arrecife y de Inalsa por unos trabajos que nunca realizó, y que en realidad se endosó dicha cantidad por prestar una serie de servicios de asesoramiento privado a Dimas Martín, líder histórico dl PIL, para la agilización de su tercer grado penitenciario, y quien se apoyó para ello, siempre según el relato de acusación de la Fiscalía, de los concejales del PIL en la capital José Miguel Rodríguez y Luisa Blanco, además de la exconsejera delegada de Inalsa Plácida Guerra y el exgerente de la empresa de aguas Rafael Elorrieta.

Según ha dicho José Miguel Rodríguez en la sala ante la Audiencia Provincial, donde ha reconocido que "todos los concejales del PIL sabíamos que Batllori no hizo ningún trabajo para Arrecife", "tuve que decirle a Dimas que Arrecife no era una ONG".

Y es que durante la declaración del exedil insularista, que confesó tras el estallido de la Operación Unión la malversación del dinero público, y que llegó a devolver hasta 17.000 euros, en la sala se ha reproducido un extracto de una conversación telefónica entre Dimas Martín y el propio Rodríguez. En dicha conversación el que fuera presidente del Cabildo de Lanzarote, senador por la Isla, parlamentario regional y alcalde de Teguise, insistía al edil en la necesidad de efectuar los pagos a Batllori, cuya única justificación en sala, según el testimonio del exconcejal del PIL, se basa en la grave enfermedad que padecía su madre. "O le pego dos tiros o me los pega él a mí", dice Martín en un momento de la reproducción.

El fiscal, Javier Ródenas, ha expuesto que Rodríguez ha admitido así la colaboración proporcionada por los ediles del PIL, "a sabiendas de que el conseguidor", como llama a Batllori el Ministerio Público en su escrito, no realizó ningún trabajo para el Ayuntamiento. El que fuera munícipe de la capital lanzaroteña llegó a recibir directamente las facturas que, según ha asegurado el fiscal, Batllori entregó el día 14 de los meses entre marzo y junio de 2008 (12.000 euros) y enero y febrero de 2009 (otros 5.000 euros). Además, durante el juicio no ha podido ser acreditado hasta ahora la existencia de documentación que certifiquen la prestación de los supuestos servicios que prestó Batllori.

Por su parte, Luisa Blanco, Plácida Guerra y Rafael Elorrieta, que se enfrentan a penas de 5 años de prisión, han contestado solo a las preguntas de la defensa, y se han acogido a su derecho a no declarar, mientras que Dimas Martín y Francisco J. Rodríguez Batllori, declararán este viernes por la mañana ante la Sala de la Audiencia que preside el magistrado Emilio Moya.

A pesar de que la defensa de los acusados trató en esta primera jornada de suspender el juicio alegando graves irregularidades formales en el procedimiento, el fiscal rechazó la suspensión y también la nulidad solicitada por los letrados, continuándose así con la primera jornada del llamado caso Unión.