La nueva magistrada que instruye el caso Unión desde el Juzgado de Primera Instancia Número 5, Silvia Muñoz Sánchez, ha llamado a declarar este martes, 28 de mayo, a José Miguel Rodríguez, exconcejal de Hacienda de Arrecife, y al actual interventor titular del Ayuntamiento, Carlos Sáenz, y ha citado también a Antonio Leal, presidente del Organismo Canario Titerroygakat, para interrogarle sobre las facturas que al parecer el Ayuntamiento de Arrecife abonó en el ejercicio 2009 por instalaciones y trabajos eléctricos para la celebración de varias fiestas de algunos barrios de la capital. Según denunció Leal en su día, y tal y como este mismo martes ha ratificado ante la jueza que instruye también esta pieza 13 de la Operación Unión, existe un informe del secretario municipal que garantiza que dichas obras nunca se realizaron; es más, fue el propio personal de la Corporación el que realizó dichos trabajos de electricidad y montaje en las fiestas patronales, a pesar de que el Ayuntamiento de Arrecife, en aquel momento presidido por el socialista Enrique Pérez Parrilla, en el pacto de gobierno entre PSOE y PIL, desembolsó a empresas externas de electricidad la cantidad de 349.156 euros.
Antonio Leal ha comparecido en calidad de testigo junto al jefe del departamento de Electricidad del Ayuntamiento de Arrecife, y a preguntas de la jueza, ha ratificado todos los términos de la denuncia que interpuso en su día. Junto a la jueza estaban cinco abogados, uno por cada uno de los imputados en esta nueva causa dentro de la Operación Unión: el interventor, el tesorero, el exconcejal de Hacienda, el propio gerente de la empresa que facturó los trabajos de electrificación para varios barrios de Arrecife y que en teoría no se ejecutaron, y también el letrado del técnico de Festejos, José Nieves. Las comparecencias por esta nueva causa se desarrollan los días 27, 28 y 29 de mayo. Este miércoles será el turno para José Nieves, como pasos previos a la celebración del juicio oral.
Los hechos que se investigan por la titular del Juzgado Número 5 de Arrecife fueron incluso elevados a Pleno el pasado 22 de julio de 2009 con el informe del secretario citado por Antonio Leal, denunciante de esta nueva pieza, la 13, dentro de la Operación Unión, y que ha provocado nuevas imputaciones.
Además de las de José Miguel Rodríguez y Carlos Sáenz, también están imputados en esta pieza de la Operación Unión el técnico y coordinador del Área de Festejos del Ayuntamiento de Arrecife, José Nieves Caraballo; y el tesorero, Antonio Cabrera Panasco. Son los nuevos imputados en la nueva pieza separada de la Operación 'Unión', caso que saltó a la luz pública en mayo de 2009 y que investiga en la isla de Lanzarote una presunta trama dedicada al cobro de comisiones ilegales.
Tras la marcha de la magistrada María Jesús Hernández del Juzgado de Primera Instancia Número 5, la nueva jueza que instruye el caso Unión, Silvia Muñoz Sánchez, que ya es la quinta que se suma a la causa, ha notificado en un auto dirigido el pasado 1 de abril de 2013 a los representantes legales de los afectados que también han sido imputados José Miguel Rodríguez Sánchez, exconcejal de Hacienda de Arrecife; y José Daniel Hernández Arráez, responsable de una empresa de electricidad.
Esta nueva pieza de la Operación Unión investiga el posible fraude y malversación de caudales públicos tras detectarse posibles irregularidades en la contratación de una empresa que en teoría realizó unos trabajos para la Concejalía de Festejos y por los que facturó más de 300.000 euros al Ayuntamiento de Arrecife.
Concretamente fueron 349.156 euros los que abonó el Ayuntamiento capitalino a estas empresas por los supuestos trabajos de montaje y electricidad en las fiestas patronales de los barrios de Titerroy, Valterra, San Francisco Javier, Argana Baja y también trabajos que debían haberse ejecutado en el recinto ferial de Arrecife con motivo de las fiestas de Carnavales.
De esa cantidad, 222.484 euros estaban destinados al pago a la empresa administrada por José Daniel Hernández Arráez. Algo curioso en este caso es que el propio alcalde de Arrecife en aquel momento, Enrique Pérez Parrilla, incluso reconoció por escrito fechado el pasado 16 de septiembre de 2009 a Antonio Leal, denunciante de esta última causa, que, efectivamente, el Ayuntamiento de Arrecife había abonado un total de 14 facturas por trabajos de electricidad que nunca se ejecutaron.
Y es que tras el estallido de la Operación Unión, en mayo de 2009, Leal se dirigió al entonces alcalde advirtiendo de estas posibles irregularidades en las citadas facturas. A pesar de que el alcalde respondió y elevó el asunto al mismísimo pleno [una vez que los dirigentes socialistas advirtieron "graves irregularidades" en algunas concejalías gobernadas hasta entonces por concejales del PIL], el representante de Titerroygakat acudió el pasado 11 de enero de 2012 a la propia Fiscalía para dar a conocer estos hechos. El Pleno de Arrecife decidió en 2009 trasladar el acuerdo plenario al Ministerio Fiscal, suspender el pago de las facturas pendientes de abono a las contratistas en cuestión e iniciar los trámites oportunos para tratar de recuperar de las empresas los pagos realizados sin que los trabajos no constaran ejecutados. Como era de esperar, José Daniel Hernández Arráez, responsable de una empresa de estas compañías dedicadas a los trabajos de electricidad, rechazó dicha devolución en ese momento e incluso instó al Ayuntamiento capitalino a resarcir posibles daños de imagen. A esas alturas, el consistorio ya había abonado a esta empresa en cuestión 5 de las 9 facturas que aparecen a su nombre, con lo que esta mercantil ya se había hecho con unos 97.000 euros de las arcas municipales.
El pasado 1 de abril de 2013 la jueza imputaba a cinco personas más en esta Operación Unión, todas ellas relacionadas con esta nueva pieza separada. Además de las cinco personas imputadas, Antonio Leal también interesó la comparecencia del entonces concejal de Festejos, Víctor Sanginés, y de la entonces secretaria municipal, Asenet Padrón Niz, extremos que finalmente no se han producido.
Cabe destacar que la imputación del técnico de Festejos, José Nieves Caraballo, es la principal novedad, ya que tanto el interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, como el tesorero, Antonio Cabrera, están imputados también en la Operación Montecarlo, otra causa que dirige el Juzgado Número 4 de Arrecife y en la que se investigan posibles irregularidades en facturas supuestamente fraudulentas por la prestación de servicios a diversos ayuntamientos, entre los que se han visto afectados Arrecife y San Bartolomé, en Lanzarote, y el de La Oliva, en Fuerteventura. De hecho, el interventor de Arrecife ha abandonado la semana pasada el centro penitenciario de Tahíche tras diez meses de prisión preventiva por su implicación en este caso.
También estaba ya imputado en Montecarlo el propio José Miguel Rodríguez, exconcejal de Hacienda de Arrecife con el PIL, quien ya estaba encausado también en el mismo proceso de investigación de la Operación Unión, pero en una de sus piezas iniciales.
Cabe recordar que el pasado 22 de noviembre de 2012 el juzgado Número 5 de Arrecife que tutelaba en ese momento la magistrada María Jesús Hernández levantaba parte del secreto de sumario de la última pieza de la Operación ’Unión’, donde ya existen más de 70.000 folios de sumario instruido.
Concretamente, la parte cuyo secreto de sumario se ha anunciado que se levanta está ligada básicamente en la investigación realizada a Urbaser, la empresa adjudicataria de los servicios de limpieza, recogida de residuos y parques y jardines del Ayuntamiento de Arrecife, además del caso polideportivo del barrio de Argana, causas en las que figuran hasta 17 personas imputadas.
Entre éstas, figuran políticos en activo y otros que ya han dejado la vida pública, además de varios funcionarios, como Dimas Martín Martín, líder histórico del PIL; Maria Isabel Deniz de León, exalcaldesa de Arrecife; Felipe Fernández Camero, exsecretario del Ayuntamiento de Arrecife; Matías Curbelo (integrante del PIL y hombre de confianza durante maños de Dimas Martín; Miguel Ángel Leal, exconsejero del PSOE en el Cabildo; y Rafael Arrocha, jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife.
"La causa cuenta a la fecha con mas de 70.000 folios entre los que se encuentra gran cantidad de documentación tanto intervenida y objeto de análisis como solicitada a la vista del avance de la instrucción. Se ha podido comprobar, evidentemente sin entrar a valorar el fondo, la existencia de indicios de cierta entidad, que integrarían delitos de cohecho, tráfico de influencia, prevaricación y otros conexos en el ámbito del Ayuntamiento de Arrecife, centrados principalmente en los pagos y/o exigencias de comisiones a cargo de determinados empresarios de cierta relevancia de la isla, a favor de concejales y otras personas con representación pública pertenecientes al partido PIL, así como a la financiación irregular del Partido de Independentistas de Lanzarote, las cuales pasaron a formar la pieza 12/12", rezaba en dicho auto.
Éste fue el segundo levantamiento parcial de la Operación Unión, que tuvo una segunda fase de investigación y detenciones bautizada con el nombre de Operación ’Jable’. En julio de 2012, la magistrada que entonces todavía se encargaba del caso, antes de su traslado al País Vasco, Lucía Barrancos, levantaba el secreto de sumario sobre la que habría pasado a ser la pieza central del caso Unión.
