La presidenta del Cabildo, Inés Rojas, sostuvo este jueves en las instalaciones del Cabildo de Lanzarote que el Ministerio de Fomento debe encargarse de mejorar y ampliar el contrato suscrito con la naviera Trasmediterránea únicamente con Gran Canaria y Tenerife.
La presidenta del Cabildo determinó que desde la última reunión mantenida con el consejero de Obras del Gobierno de Canarias, Antonio Castro Cordobez, los empresarios de la Isla y el propio Cabildo decidieron aceptar que hasta que en marzo no se incorporase un nuevo barco, la situación actual, que calificó de auténtico “Vía Crucis” y de la cual reconoció que tanto uno como otros habían aceptado “a regañadientes” y que se trataba de unas circunstancias provisionales que estaban resultando “excepcionalmente negativas”, pasaba por tener planificado un barco para el miércoles o juves pero "realmente en el calendario está para llegar el viernes". Esto implica que si el navío tiene un pequeño problema el barco podría llegar el domingo a la Isla.
Anunció que si el próximo mes de abril no está el barco operando y no mejoran las condiciones tanto Gobierno de Canarias como Cabildo “tomarán medidas”.
“El meollo de la cuestión, la raíz del problema y la solución del mismo están en el Ministerio de Fomento con eso contrato que sólo tiene hecho mediante concurso público y participando una única naviera, Trasmediterránea”, aclaró Rojas para luego añadir que “en Lanzarote en estos momentos no tienen obligación de venir, no queremos que sea así por lo que a través de negociaciones del Gobierno de Canarias queremos conseguir que lleguen a Lanzarote, pero eso sólo sería parchear el problema”.
Explicó además que las medidas que se están tomando interinsularmente van a permitir “de forma razonablemente bien” el que a Lanzarote siga llegando el barco una vez a la semana y el día de la semana que interesa. “Eso es lo que podríamos conseguir, pero que eso no nos haga bajar la guardia, no es la solución, es un parcheado”, determinó. Rojas manifestó que durante años se pensó que se habían “topado” con Transmediterránea cuando en realidad se trata de una empresa privada que se presenta a un concurso público y que “tiene un contrato que le obliga a una cosa muy concreta”.
