Fotos: Dory Hernández.
Puntuales a su cita con la justicia, los alcaldes de Teguise y Yaiza, Juan Pedro Hernández (CC) y José Francisco Reyes (PNL), respectivamente, se personaron este martes por la mañana en los juzgados de Arrecife para declarar como imputados por la presunta concesión irregular de licencias urbanísticas en cada uno de sus municipios. Después de más de dos horas de testimonio, recogido de manera individual por la jueza que instruye el caso, María Dolores García, ambos líderes abandonaron la sala del Juzgado de Instrucción número dos de la capital sin pronunciar ni media palabra. Esquivos con la multitud de periodistas que los esperaban en la puerta del palacio de justicia, los ediles prefirieron marcharse sin hacer ningún tipo de comentarios respecto a su comparecencia. Tampoco el fiscal responsable, adscrito a la Fiscalía de Arrecife, Ignacio Stampa, atendió a los medios y expresó respeto a las diligencias. Sólo la abogada de la acusación popular, que representa al secretario de Organización del PSOE insular, Carlos Espino, la letrada Irma Ferrer comentó lo sucedido en el interior de la sala. Es este sentido, explicó que dos alcaldes “parecen no recordar nada” acerca de las licencias otorgadas en sus localidades. “No recuerdan nada, no saben, no contestan”, dijo en tono irónico la abogada de Carlos Espino.
Asimismo, declaró que tanto Hernández como Reyes “han derivado las responsabilidades” sobre las autorizaciones emitidas en sus Consistorios a parte del personal técnico que trabaja en cada uno de ellos. Así, mientras que el primer edil sureño apuntó directamente al secretario de la Institución sureña, en el caso de Juan Pedro Hernández se habló del personal administrativo. “El alcalde Yaiza dijo que la responsabilidad era del secretario pero el primer edil de La Villa no sabe si a las administrativas que redactan los decretos”, indicó Ferrer. Y es que, siempre según la acusación popular, los alcaldes han reconocido “no saber nada de derecho ni de urbanismo”, por tanto, cualquier documento que lleve su firma ha estado basado en la gestión realizada por la plantilla técnica. Esta declaración de los imputados abre el abanico de consultas que viene realizando la jueza María Dolores García, por lo que en las próximas fechas se citarán a declarar a los trabajadores municipales señalados por los alcaldes, tal como desveló la abogada de la acusación particular. Un extremo además confirmado por el fiscal, Ignacio Stampa.
Dos horas de testimonio
El testimonio de los alcaldes de Teguise y Yaiza se extendió durante más de dos horas. El inicio del interrogatorio, hacia las 9.30 horas, estuvo protagonizado por primer edil de Teguise, Juan Pedro Hernández, quien acudió a la cita acompañado por su abogado, Marcial Francisco Hernández, ex decano insular. El alcalde de La Villa se personó ante la sala del Juzgado de Instrucción con semblante sereno aunque con algún signo de preocupación en su rostro, que se agravó una vez superada la comparecencia. Hernández se abstuvo de hacer comentarios. El mismo silencio caracterizó la salida del alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes. El líder del PNL incluso protagonizó una huida más propia de una película policíaca que de una vista por declaración en un juzgado de Arrecife. Y es que el primer edil sureño optó por abandonar el recinto judicial por una puerta lateral, situada junto al registro civil al tiempo que su representante, el abogado Felipe Fernández Camero, abandonaba el juzgado por la puerta principal y despistaba a la prensa.
Una denuncia polémica
La presencia ante la justicia de ambos ediles surge como consecuencia de la denuncia presentada el pasado mes de noviembre por el entonces consejero de Política Territorial del Cabildo, el socialista Carlos Espino, ante la Unidad de Drogas y Crimen Organizado(UDYCO). Espino, personado como acusación particular, baso su queja en un informe elaborado por el letrado urbanístico del Cabildo de Lanzarote, Agustín Domingo Acosta, responsable de los procedimientos judiciales emprendidos por la Primera Institución en defensa del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIO). Precisamente, como consecuencia de la denuncia, la Policía Judicial dio comienzo a una investigación a través de la que trata de acreditar la existencia de “una supuesta trama urbanística” para otorgar “una gran cantidad de licencias”. En el marco de las investigaciones policiales se llevó a cabo una intervención telefónica de los terminales de cada alcalde, mediante esta práctica se pretendió demostrar presuntas “responsabilidades penales” tales como “malversación de caudales públicos, tráfico de influencias o cohecho”. Aunque finalmente nada de esto pudo ser comprobado.
