sábado 23/10/21
La Agencia Tributaria, el SCS y el Hospital Doctor Negrín le reclaman casi 80.000 euros por los servicios médicos que le prestaron

Hacienda embarga la cuenta corriente de un joven lanzaroteño que sufrió un accidente de tráfico en 2017

Cristian Morales, residente en Teguise, se queja de la cantidad de trabas que está poniendo la Administración pública en un asunto que les es ajeno. No entiende que un error de la administración haya terminado bloqueando su cuenta

Imagen de la fachada del hospital Doctor José Molina Orosa de Arrecife
Imagen de la fachada del hospital Doctor José Molina Orosa de Arrecife

Hacienda, a través de la Agencia Tributaria Canaria, ha embargado la cuenta corriente de un joven lanzaroteño que ahora tiene 24 años y que el fatídico 9 de julio de 2017, cuando apenas contaba con 20 años, fue víctima de un accidente de tráfico cuando se encontraba de visita en Gran Canaria, un siniestro que le provocó un traumatismo craneal grave y que le llevó a ser ingresado en estado de inconsciencia en el Hospital Doctor Negrín de la capital grancanaria, donde permaneció por espacio de varios días hasta que pudo recibir el alta médica.

Años después, a pesar de que contaba con un seguro obligatorio el vehículo en el que viajaba y también de seguro de responsabilidad civil, el Servicio Canario de la Salud (SCS) y el Hospital Doctor Negrín, a través de Hacienda y la Agencia Tributaria, han notificado mediante una carta al domicilio de este joven, Cristian Morales, residente en Teguise e hijo de José Morales, conocido empresario de la zona, una providencia de apremio en la que se le comunica que debe abonar los gastos médicos sanitarios de su asistencia y los días de estancia en el citado centro hospitalario. Dicha factura se eleva a 72.398,61 euros, pero con el recargo de apremio, consistente en un añadido del 20 por ciento de la cantidad supuestamente adeudada, ahora está cerca de los 80.000 euros.

Defectos en una comunicación al accidentado que no existió

El joven, tal y como ha podido saber este diario, recurrió a principios del último verano dicha providencia de apremio y en su respuesta a la Agencia Tributaria ha alegado, aparte de considerar que no le corresponde efectuar ningún pago, que en realidad hubo distintos errores por parte del SCS, el Hospital Doctor Negrín o la Agencia Tributaria a la hora de comunicarle que debía hacer frente a dicha cuantía. Así las cosas, el joven relata que ha tenido conocimiento del importe que la Agencia Tributaria Canaria casi de rebote puesto que las notificaciones se produjeron en direcciones equivocadas. Además, interpreta que debe abonar esa enorme cantidad de dinero que evidentemente no tiene ni ha ganado en su vida cuando el plazo de pago voluntario estaba ya más que vencido y cuando ya se le ha advertido del embargo de su cuenta bancaria.

Por el contrario, Cristian Morales, que parece la víctima de un lío burocrático, alega que se le ha impedido tener información de lo que ocurría y sostiene que, por tanto, se le ha privado del derecho de presentar pruebas y alegaciones. En el recurso de reposición que presentó hace ya unos meses, este joven aportó también documentación acreditativa, como el atestado de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria respecto al referido accidente de tráfico, la póliza de seguro obligatorio de responsabilidad civil -con la compañía Mapfre- y la sentencia condenatoria resultante del juicio rápido que se celebró.

En su exposición dentro del citado recurso, la víctima de dicho siniestro apunta que el pasado 13 de noviembre de 2018 se celebró un juicio rápido en el Juzgado de Instrucción Número 3 de las Palmas de Gran Canaria, un proceso que terminó con una sentencia condenatoria.

Trabas de la Administración pública

A tenor de todo lo sucedido, ahora Cristian y su familia se quejan de la cantidad de trabas que, a su juicio, está poniendo la Administración pública en un asunto que, aseguran, les es ajeno. En este sentido, consideran que son las distintas compañías de seguros implicadas en el accidente las que deberían haberse puesto en contacto con el SCS, o a la inversa. Pero en cualquier caso, lo que sostienen es que de ninguna manera es el joven accidentado el que ahora debe asumir dichos costes, cuando es evidente que en éste y en otros casos la sanidad pública en España debe ser gratis para los españoles, amén de las cuestiones técnicas que se deban resolver entre aseguradoras y la administración cuando el ciudadano español sufre un accidente. 

El caso de Cristian fue muy conocido y sonado, puesto que su familia y él mismo son muy queridos en Lanzarote. 

Tras darse a conocer la noticia en el programa "A buena hora" de Crónicas Radio-COPE Lanzarote el portavoz de Sanidad del Partido Socialista (PSOE) en el Parlamento de Canarias, Marcos Hernández, se comprometió a hacer las gestiones necesarias para aclarar y resolver una situación tan dantesca y lamentable para el joven, que está viviendo como es lógico unos días de angustia e incertidumbre al haber caído dentro de la a veces terrorífica maraña de la administración pública. 

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