El secretario general de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote y La Graciosa, Pedro San Ginés, ha denunciado a última hora de este miércoles “un engaño deliberado y sostenido” del polémico médico Juan Manuel Sosa Rodríguez no sólo al Servicio Canario de la Salud (SCS) sino a la propia Justicia, todo para seguir cobrando como médico sin ejercer dicha actividad en un tremendo enredo que ha salido a la luz poco antes de que se celebre el juicio en el Tribunal Supremo por el asunto de la falsa denuncia que los hijos del fallecido socialista Antonio González dicen que en su día realizó contra su padre por el tema del hundimiento de los Centros Turísticos durante la etapa de gestión de su compañero Carlos Espino. En horas el senador se tendrá que enfrentar a ese procedimiento judicial, que tiene claro que va ganar porque no se puede acusar de denuncia falsa a alguien que no denunció absolutamente nada y que se limitó a contestar a las preguntas que le formuló la Guardia Civil cuando el juez César Romero Pamparacuatro trató de abrir una pieza también sobre la gestión de los Centros. No le ha importado desvelar algo que no tiene nada que ver directamente con el procedimiento pero que la acusación lo ha presentado en teoría para reforzar sus argumentos contra el líder de CC en Lanzarote. Después de los archivos de los procedimientos de casos como el de la desaladora de Montaña Roja o los cobros del abogado Ignacio Calatayud, el de este jueves en el Alto Tribunal es el último de los juicios a los que se tiene que someter, juicios que como ha manifestado en reiteradas ocasiones el propio San Ginés, parten de un único lugar, la actual cúpula del Partido Socialista (PSOE) en Lanzarote.
San Ginés dice en una nota de prensa enviada a este diario que ha tenido acceso a un documento judicial hasta ahora desconocido, fechado el 21 de febrero de 2020 en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, dentro del procedimiento relacionado con el conocido caso Cocinas. Se trata de una comparecencia voluntaria de Juan Manuel Sosa ante el juzgado en la que, ante el recurso presentado por CC contra el archivo de la querella contra Carlos Espino, de forma sorprendente y un tanto surrealista se desmarca y manifiesta que “se encontraba fuera del ámbito político apartado completamente y con desconocimiento total de los hechos que en este recurso se relatan, puesto que estaba dedicado a su profesión de médico del servicio canario de salud, por lo que no quiere tener nada que ver con este asunto”. Es decir, tal y como subrayan los nacionalistas, el que fuera su compañero hasta que se transfugó para blindar el Gobierno de la socialista María Dolores Corujo, engañó al Tribunal por cuanto el recurso contó con su propia firma.
Por otra parte, CC señala que mientras cobraba fraudulentamente del Gobierno de Canarias sin ejercer la medicina, manifestó ante el juez que él se encontraba dedicado a su profesión de médico del SCS cuando ocurrieron los hechos. El documento que adjuntan los nacionalistas con su nota de prensa revela que Sosa no sólo engañó al SCS sino también a la Justicia para ganarse el favor de Carlos Espino y Dolores Corujo con esa comparecencia y poder así seguir cobrando ilegalmente del Gobierno de Canarias, "mediante un fraude que había pergeñado con la complicidad de la presidenta del Cabildo de Lanzarote". "En definitiva, para comprar la voluntad del consejero con fondos públicos", recalcan.
CC subraya que la Justicia ya ha resuelto que Sosa deberá devolver unos 300.000 euros al Gobierno autonómico tras dictaminar ajustada a derecho la resolución en virtud de la cual se le exige dicha devolución por haber percibido sus retribuciones como médico sin derecho durante todos los años que sostuvo, en minoría política, a Dolores Corujo en la Presidencia del Cabildo. Todo porque se les olvidó revisar la reglamentación en la que se establecía que sólo podía estar liberado cobrando el sueldo de médico sin ejercer si era portavoz de algún grupo, como lo fue durante el tiempo que estuvo con CC y como dejó de serlo cuando se transfugó.
"Una cosa son las responsabilidades económicas y en su caso penales y otra las políticas, nunca asumidas por la hoy diputada Dolores Corujo, por su complicidad en la compra de la voluntad del tránsfuga Juan Manuel Sosa con fondos públicos. Es verdaderamente deplorable el grado de denigración al que puede llegar el ser humano; uno, Juan Manuel Sosa por seguir cobrando un salario al que no tenía derecho, y otra, Dolores Corujo, por conservar el poder sin un respaldo democrático que la legitimara”, manifiesta el secretario insular nacionalista.
