El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, informó este vierne en el Parlamento de Canarias, que el Ejecutivo canario ha realizado un esfuerzo presupuestario desde 2003 de 39,5 millones de euros, a fin de garantizar uno de sus objetivos en política territorial: la completa consecución del territorio totalmente planificado como elemento esencial para el desarrollo sostenible.
El máximo responsable del departamento autonómico explicó que de esta cuantía de 39,5 millones de euros, 23 se han invertido “lo que da idea de la intensificación progresiva en relación con el esfuerzo económico destinado a este objetivo”.
Además del apoyo técnico a través de los centro directivos y empresas públicas adscritas a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, y en la coordinación interadministrativa y concertación de las soluciones de planeamiento a adoptar, se han concretado más de 230 Comisiones de Seguimiento con las instituciones implicadas a el fin de lograr soluciones consensuadas en orden a facilitar las decisiones y resoluciones de las ponencias técnicas y de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), según explicó el consejero.
Respecto a los instrumentos de ordenación urbanística, en la actual legislatura, según subrayó Domingo Berriel, “se han producido además dos aprobaciones de avances del planeamiento general municipal, 13 aprobaciones iniciales, dos provisionales, y dos definitivas, quedando el cómputo global del planeamiento general de la siguiente manera: 15 planes generales de ordenación totalmente adaptados al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y a la Ley 19/2003 por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias; 22 planes generales de ordenación plenamente adaptados al Texto Refundido; y 20 adaptados básicamente al Texto Refundido. No obstante, 31 planes generales de ordenación no han conseguido aún adaptación al nuevo marco legislativo, es decir, al Texto Refundido y a las Directrices”.
Sobre la tramitación de los planes generales, el consejero además recordó que “si bien la formulación, redacción y tramitación de tales documentos, se producen en sede municipal, y por supuesto en el marco legal establecido en la Comunidad autónoma, tales planes, tienen aprobación bifásica, por lo que en sede autonómica, en la segunda fase, se ejerce el control de legalidad, que habilita la aprobación definitiva, a partir de la cual, y tras su publicación, será eficaz y entrará en vigor”.
Esta fase correspondiente al Ejecutivo canario se ha caracterizado, durante los últimos dos años de legislatura, “más por el impulso y ayuda para remover la inercia municipal y de los equipos redactores, activando la redacción y tramitación de los planes generales de ordenación, con sujeción al nuevo marco legislativo”, ya que, según indicó el consejero “la Ley de Directrices imponía la paralización de las modificaciones y desarrollo del planeamiento vigente que no se hubiera adaptado en el plazo de dos años, lo que agravó aún más el problema con el aletargamiento de las normas urbanísticas frente al necesario dinamismo de la sociedad”.
Este también es el motivo por el que se “acometió la redacción, tramitación y aprobación de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, que establece diversas medidas dinamizadoras del planeamiento”.
Pero la decidida intervención del departamento autonómico para lograr la consecución de un territorio planificado no sólo se ha concretado en el impulso y cooperación en la redacción de los instrumentos de planeamiento, y en la difícil conjugación de los distintos intereses, conceptos y opiniones que confluyen en la tarea planificadora, sino que deberá conseguirse, en opinión de Domingo Berriel, “en la eficacia de los mismos a través de la correcta gestión a posteriori de los instrumentos de planeamiento promulgados que han de ser desarrollados y administrados, para lo que se han detectado grandes dificultades en muchos de los municipios de las islas, por falta de medios e instrumentos para atender esta función”.
En base a estos criterios, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial ha invertido en el apoyo en la gestión mediante la colaboración para la modernización de las Oficinas Técnicas Municipales y el apoyo en la gestión de los planes, en lo que llevamos de legislatura, 8,5 millones de euros, según informó el consejero, quien subrayó que para “el mismo objetivo en el año 2010 se da prioridad a la gestión para conseguir la mayor dinamización del planeamiento, aprovechando las nuevas posibilidades que ofrece la Ley de Medidas Urgentes”.
Esta normativa, entre otras cuestiones, “corrige los preceptos que dificultan o impiden la adaptación y el desarrollo del planeamiento urbanístico y territorial para la implantación de infraestructuras y servicios públicos y en el desarrollo de la actividad económica, aún cuando aquellos no se hubieran adaptado al Texto Refundido y a la ley de Directrices”, aclaró el consejero.
De manera paralela, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, quien hizo un recorrido histórico respecto a la situación urbanística del Archipiélago, indicó que “en la actualidad existen en Canarias más de 13 millones de metros cuadrados de suelo urbano no consolidado por la urbanización y más de 172 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable sin desarrollar, mientras han sido frecuentes los problemas de falta de suelo destinado a infraestructuras y servicios básicos, lo que da una idea del quebranto al interés general que supone la falta de dinamización del planeamiento”.
Ese suelo urbanizable que precisa del planeamiento de desarrollo, por la prohibición derivada de la Ley de Directrices por la falta de adaptación de sus planes generales de ordenación, ha sido resuelta por la Ley de medidas urgentes”, según aclaró el consejero. “Es decir, con la nueva norma promulgada se ha eliminado aquella prohibición-sanción por no haber culminado el proceso de adaptación, imprimiendo celeridad al desarrollo, modificación y revisión del planeamiento de forma muy perceptible, mientras se continúa con la adaptación de su planeamiento”, apostilló.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias además anunció, debido a la imposibilidad o dejación que se observa en algunos municipios para llevar a cabo la elaboración de su planeamiento, la posibilidad de que el Ejecutivo canario formule y apruebe un planeamiento supletorio, “procedimiento que ya voluntariamente han solicitado algunos municipios con los que el departamento autonómico ha suscrito los oportunos convenios, habilitando procedimiento y medios adecuados para llevar a cabo la redacción de los mismos”.
A este respecto dijo que “los distintos sectores económicos han manifestado públicamente la necesidad de disponer de un planeamiento vigente, de un planeamiento que permita el desarrollo de las actividades, siempre dentro de principio del desarrollo sostenible, y el Gobierno de Canarias siempre ha trabajado para impulsar la labor de los ayuntamientos, en aras a evitar que la falta de planeamiento se convierta en un lastre para nuestra sociedad”.
Por este motivo se otorga prioridad “a finalizar el planeamiento adaptado a las nuevos marcos legislativos y a las necesidades actuales de la sociedad canaria, con la aspiración de encauzar el necesario dinamismo económico por la senda de la sostenibilidad, estrategia está no sólo contenida en las Directrices de Ordenación General y del Turismo sino también en la Estrategia Territorial Europea”.
Domingo Berriel, finalmente, manifestó que el urbanismo futuro deberá dar respuesta a nuevos desafíos.
