- "Estoy convencida de que el recurso saldrá adelante. Ahora mismo necesito más que nunca poder creer en la Justicia", manifiesta Gladys Acuña
Gladys Acuña, que ha dimitido este pasado lunes como alcaldesa de Yaiza tras conocerse la sentencia no firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que la inhabilita como cargo público durante 14 años por el caso de la bodega Stratvs, ha defendido este miércoles su inocencia en una concurrida rueda de prensa celebrada en la Casa benito Pérez Armas, en la que la todavía diputada lanzaroteña ha anunciado que recurrirá dicha sentencia ante el Supremo este viernes, una vez que el Pleno de Yaiza tome conocimiento de su renuncia, igual que la del ex concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez. El alcalde accidental de Yaiza, Óscar Noda, ha convocado a los concejales de la Corporación a la sesión extraordinaria de este 2 de febrero a las 10:00 horas, para la toma en conocimiento del Pleno de la renuncia de Gladys Acuña y José Antonio Rodríguez como ediles del Ayuntamiento.
La ex regidora sureña ha considerado que su inhabilitación podría ser el final de su vida política municipal y ha dejado entrever que no se presentará a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales.
"Comparezco tras presentar mi dimisión como consecuencia de la sentencia recaída en el conocido como caso Stratvs. Decir que la sentencia la respeto, como no puede ser de otra manera, pero una cosa es lo que diga la sentencia y otra bien distinta es la verdad", ha alegado Acuña, "y esta sentencia no es la verdad".
Acuña ha explicado que "esto no solo lo dice Gladys Acuña, también lo dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, máxima autoridad judicial en la Comunidad Autónoma de Canarias. Así lo expresa en un extenso y contundente voto particular".
"En este caso la aritmética matemática hizo posible mi condena. Esto es como una eliminatoria de fútbol a dos partidos, y en este primer partido he perdido 2 a 1. Esta sentencia ha tardado en dictarse siete largos meses producto de las profundas diferencias que existían entre los magistrados, terminando finalmente con este resultado, con lo que ni ellos mismos lo tienen claro", ha manifestado la ya ex alcaldesa.
Gladys Acuña se ha mostrado "convencida de que el recurso de casación que presentaré este viernes ante el Tribunal Supremo dejará sin efecto esta sentencia porque a día de hoy necesito creer en la Justicia. Estoy absolutamente convencida de que mi actuación fue correcta, e insisto en que no se trata solo de mí parecer". "El voto particular, que ocupa un tercio de la sentencia, desmonta una a una las conclusiones que han llevado a mi inhabilitación municipal. Es importante destacar que mi condena se debe a la concesión de una licencia de actividad y a la supuesta omisión de mi deber de clausurar la actividad de bodega", ha indicado.
Licencia de actividad para la bodega y omisión en el precinto
En cuanto a la licencia de actividad, Acuña ha indicado que el presidente del TSJC en su voto particular señala "que quienes formamos parte de la Junta de Gobierno teníamos la obligación de conceder esta licencia de actividad, a la vista de nada más y nada menos de cinco (5) informes positivos o favorables. Continúa diciendo el voto particular, que denegar la licencia sí hubiera constituido un ejercicio de prevaricación".
"Tanto en el juicio como en la propia sentencia se ha señalado que como alcaldesa tenía que haberme dado cuenta de muchos aspectos técnicos del proyecto", advierte Acuña, para la que "afirmar esto es desconocer cómo funciona el proceso de toma de decisiones de la administración pública. Imaginen que la Junta de Gobierno tiene que dar licencia a un centro escolar, cómo pretenden que la alcaldesa y los concejales conozcamos extremos que sólo ingenieros y arquitectos conocen; cómo nos vamos nosotros a poner a comprobar medidas del proyecto o condiciones técnicas del mismo. Un auténtico disparate!", ha dicho.
"Es imposible y una exageración, que nada tiene que ver con la Ley, pretender que el órgano político revise el trabajo de los técnicos que intervienen en el procedimiento", sostiene Acuña.
En cuanto a su supuesta omisión en cuanto al deber de ordenar el cierre de la actividad, la ex alcaldesa ha recordado que "estamos en un Estado de derecho. La alcaldesa no puede ordenar un cierre armada únicamente de su voluntad. Mi obligación, y la cumplí, es dar las instrucciones para que se incoara un expediente de cierre. Conforme a ello se clausuraron el restaurante y la tienda, dado que no contaban con ningún tipo de autorización".
Con respecto a la actividad de bodega, ha destacado que "solicitamos hasta en tres ocasiones la colaboración interadministrativa del Cabildo de Lanzarote para la evacuación de informes, ya que respecto a esta actividad, sí se disponía de distintas autorizaciones. Dicha colaboración no llegó. No dejé de actuar. Actué hasta el límite de mis responsabilidades y con los medios que disponía. Hoy Yaiza pierde a su alcaldesa pero Lanzarote gana una diputada a tiempo completo".
La ex alcaldesa se ha despedido advirtiendo respecto a su posible vuelta a la política local que "nunca se sabe" y ha tenido palabras de agradecimiento para todas las personas que la han arropado y respaldado estos días.
Acuña ha terminado su intervención haciendo una resumen y balance sobre los logros que Yaiza ha conseguido durante sus años de Gobierno, desde un reducción de 30 a 7 millones de euros en la deuda municipal, a las actuales obras de ampliación del Puerto de Playa Blanca o la aprobación del Plan General Supletorio de Yaiza.
Antecedentes
Cabe recordar que la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, ha dimitido este lunes de todos sus cargos municipales, es decir, ha abandonado su cargo de alcaldesa y de concejal. Sin embargo seguirá siendo diputada en el Parlamento autonómica por Nueva Canarias. Así lo ha anunciado a través de un comunicado.
Acuña ha tomado esta decisión después de que el pasado viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le impusiera una condena de 14 años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos municipales al entender que cometió un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación por conceder la licencia de actividad a la bodega Stratvs a sabiendas de que su ilegalidad y por no tomar decisiones cuando se ordenó su clausura.
José Antonio Rodríguez, también condenado en el caso Stratvs, ha presentado igualmente su dimisión como concejal de Sanidad, Servicios Sociales, Inmigración, Vivienda, Industria, Aguas y Mantenimiento de Edificios Públicos.
A la fecha de los hechos, Rodríguez era edil de Urbanismo de Yaiza y ha sido condenado a siete años de inhabilitación para cargos municipales como autor de un delito de prevaricación por omisión, por no haber tomado las decisiones precisas cuando se ordenó el cierre cautelar de la bodega Stratvs.
El TSJC considera en su sentencia que Stratvs nunca debió recibir la licencia de apertura, por el propio Ayuntamiento conocía que el plan general de ordenación urbana del municipio no autorizaba ese tipo de usos en el suelo rústico que ocupaba en La Geria.
Tanto a Acuña como a Rodríguez se les condena por un delito de prevaricación por omisión, ya que, según recoge la sentencia, no habrían "adoptado medida alguna" para ejecutar el cierre cautelar de la bodega, aún "conociendo que el emplazamiento de las instalaciones del complejo Stratvs no autorizaba el uso concedido ni el desarrollo de las actividades allí desplegadas".
