Aunque a muchos ciudadanos les cueste creerlo, el mes de abril es clave para determinar el futuro definitivo para los años venideros en la gestión de algo tan básico como es el ciclo integral del agua en un lugar como Lanzarote y La Graciosa. Es cierto que ha habido un extraño invierno de lluvia, algo poco habitual por esta parte del planeta y algo que podría despistar al personal, pero la realidad es que la desalación es y debe seguir siendo la clave para la supervivencia de un lugar que cuenta a diario con decenas de miles de personas que abren los grifos y necesitan el líquido elemento para cuestiones de todo tipo, algunas de ellas muy básicas.
Tanto el presidente del Cabildo actual, Oswaldo Betancort, como su consejero del ramo, Domingo Cejas, han adelantado en el programa “A buena hora” de Crónicas Radio que en estos momentos se ha abierto el procedimiento de rescisión del contrato que tiene Canal Gestión, la filial de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II. No es una decisión que se ha improvisado, ni mucho menos. Es fruto de la paciencia que ha habido que tener con las dos fases totalmente distintas que ha tenido la compañía: una inicial tremendamente activa y brillante, en la que se puso fin al desastre que fue la gestión pública del agua dentro de la antigua Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA); y otra en la que por diferentes asuntos, sobre todo los cambios políticos que se han ido sucediendo en la Comunidad de Madrid, ha sido muy mala. Ha sido esta última la fase de los cortes del agua, de la falta de información, de la nula inversión, del mantenimiento con pinzas de instalaciones básicas… También ha sido la época de una gestión política en la Isla que no entró a fondo en el asunto principal, que había un contrato que había que cumplir, un contrato que necesitaba un repaso serio, que es el que se dio al principio de este mandato con el ya famoso informe de los Servicios Jurídicos del Cabildo sobre el grado de cumplimiento por parte de Canal Gestión. Quedó acreditado que ni de lejos se estaba cumpliendo y a partir de ese momento se inició la operación de búsqueda de la normalidad en dos sentidos: rescate de la compañía o cesión a terceros que entren con garantías no de mantener lo actual sino de provocar el cambio que necesita el servicio.
No fue precisamente mal recibida ni mucho menos la propuesta inicial de Canal de Isabel II sobre la posible cesión a dos empresas de la solvencia de Sacyr y Aqualia. Ambas reúnen sobradamente los requisitos para hacerse cargo del ciclo integral del agua desde el minuto siguiente de la salida de la gente que actualmente dirige la compañía desde la capital del Reino. ¿Cuál es el problema para ceder el contrato? Lo ha explicado perfectamente el presidente del Cabildo y el consejero del Agua: Canal Gestión se ha enrocado sorprendentemente en unas pretensiones inasumibles que probablemente tienen mucho que ver con cuestiones políticas y no técnicas. Primero, quiere una subida de las tarifas del 40 por ciento, cuando había quedado claro que la subida, que siempre tendrá que ser autorizada por la Comunidad Autónoma de Canarias, podría estar en torno al 15 por ciento del precio actual; segundo, quiere marcharse de Lanzarote sin asumir lo que está certificado por la jurista que supervisa el contrato, que falta una parte importante del dinero que inicialmente tendrían que haber invertido en obras.
Ahora que el actual Gobierno del Cabildo y los ayuntamientos, a través del Consorcio del Agua, están cumpliendo con la parte de la historia que les habría correspondido también en el pasado, ahora que ya la parte pública está realizando las inversiones en canalización que tienen que hacer, es cuando surge este imprevisto. ¿La razón? En la Asamblea de Madrid la presión política sobre el asunto está provocando que los responsables de Canal de Isabel II no digan las cosas como realmente son, cosa que se resolvería si finalmente asumen lo que dice el contrato y la cesión a Sacyr y a Aqualia se produce en las condiciones adecuadas. Ninguna empresa, por muy solvente que sea, como son estas dos multinacionales, se va a hacer cargo de un servicio de estas características si no está todo en orden, hasta el más mínimo detalle.
Es evidente por tanto que si se dieran estas condiciones habría que haber pactado previamente una subida del precio del agua, ajustada, justa para todas las partes y asumible por la población. También parece lógico pensar que si se produce la cesión del contrato, una vez que se resolviera una situación que parece enrocada, tendría que ser en unas condiciones óptimas, para que los nuevos operadores puedan resolver los problemas que hay de producción, evitando así tantos cortes en el suministro, y pudieran acometer una modernización del servicio con garantías de continuidad.
Si eso no sucede, la parte política de Lanzarote, el actual Gobierno del Cabildo, tiene claro que rescataría el servicio, asumiendo los numerosos problemas que esto supondría en la actualidad y tirando hacia adelante con la incertidumbre de no saber hasta qué punto se puede sostener algo que otros políticos hundieron por completo.
No hay que perder de vista que el actual senador por la Comunidad Autónoma Pedro San Ginés se encontró INALSA intervenida judicialmente cuando tomó posesión tras ganar las elecciones en 2011, y en fase concursal hasta su disolución por sentencia judicial en 2013, con todos los bienes de los integrantes del Consejo de Administración que presidía el socialista Enrique Pérez Parrilla embargados. Fue la situación hasta que Canal Gestión se hizo cargo de la deuda con los acreedores y se levantaron los embargos, cuestión en aquel momento tremendamente aplaudida, porque supuso un alivio para la difícil situación personal que tenían todos ellos, principalmente políticos del Partido Socialista (PSOE) y del desaparecido Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). Ni se pagaba nada ni se podía pagar, ni con la cuota de los abonados, de ahí que el dinero de Madrid llegara en aquel momento como el maná y como la única solución al problema que habían generado sobre todo esos dos partidos después de años y años de despropósitos. Lejos de ser un error entonces, fue la única solución que llegó además de la mano de una empresa pública como Canal de Isabel II, que pagó esa enorme cantidad de dinero por el deseo de sus dirigentes de meterse en el negocio de la desalación de agua, comenzando su experiencia, para expandir luego el negocio a otras zonas del planeta, en un lugar pionero como es Lanzarote. Cuando Canal Gestión inició su actual decadencia el PSOE se limitó a sacar titulares en prensa sobre la finalización de su contrato por “graves incumplimientos”. Lo anunciaron durante el mandato de María Dolores Corujo pero realmente no se hizo nada, salvo pedir a los alcaldes que fueran apuntando las penalidades que encontraban todavía no se sabe muy bien para qué. Todo cambió a raíz del actual informe jurídico y a raíz del cambio de discurso político, pasando de lo que no era más que un deseo no ejecutado a la situación actual.
Ya en este mes de abril, sea finalmente con la rescisión del contrato o sea a través de la cesión del mismo, el actual Gobierno del Cabildo, con la colaboración de otras administraciones como el Gobierno de Canarias, va a dar carpetazo a la historia que parecía interminable.
No hay que perder de vista la perspectiva de que se acerca el verano, va a aumentar el consumo enormemente y urge por tanto que la solución definitiva no se dilate en el tiempo. Domingo Cejas ha hablado de cuarenta días en los que se puede producir la transición, tiempo suficiente para hallar la compleja fórmula de una gestión pública provisional o tratar de que se logre el camino hacia lo que a día de hoy parece más lógico y efectivo, la cesión del contrato a empresas como Sacyr y Aqualia que pongan orden al actual desorden.
También parece que se acercan días de reuniones, papeles y mucho despacho. La población, cada uno con su opinión, lo que espera es que la solución sea la mejor para el interés general; lo que desea la gente es que las personas que desde la parte pública o la privada gestionen el ciclo integral del agua lo hagan de forma honrada y eficiente. Lo que quiere la gente es que al abrir el grifo de sus casas salga agua de calidad y que se pueda pagar a un precio razonable. Pero que salga agua.
