El gerente de Canal Gestión Lanzarote, Gerardo Díaz García, ha quedado en libertad con cargos este miércoles tras haber pasado a disposición judicial después de haber sido detenido por presunto fraude, en el marco de la denominada 'Operación Tosca'.
Según adelantan este miércoles a Crónicas fuentes de la Guardia Civil, este martes se le detuvo, se le tomó declaración y pasó a disposición judicial en la isla de Lanzarote. Tras prestar declaración ante el Juzgado Número 4 de Arrecife, ha trascendido que su presunta implicación en esta operación está relacionada con unos negocios que tuvo en Melilla. Según fuentes del Cabildo de Lanzarote consultadas por este diario, hasta este miércoles no se preveía ninguna reacción oficial por parte de la Primera Corporación insular ni del Consorcio Insular de Aguas, entes públicos para los que venía trabajando la filial de Canal de Isabel II, Canal Gestión Lanzarote. Al respecto, desde el Cabildo se apunta a que se trata de la detención del gerente de una empresa privada, con lo que de momento se descarta un pronunciamiento oficial al respecto desde la Administración insular. Sin embargo, finalmente e presidente del Cabildo comparecerá este jueves a las 11:00 horas en rueda de prensa para explicar la situación y responder a las dudas planteadas por la oposición.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil inició este martes una operación simultánea en varias provincias españolas en la que se prevé detuvo a más de una docena de personas a las que se les acusa de haber cometido fraude, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
Entre los detenidos en el marco de la 'Operación Tosca' también se encuentra el director general de Seguridad Ciudadana de Melilla, Gregorio Castillo. La operación está relacionada con el amaño de contratos públicos en la citada ciudad autónoma.
Las actuaciones de la Guardia Civil tuvieron lugar en Melilla, Madrid, Málaga y Lanzarote. Paralelamente a los arrestos de este martes, los investigadores entregarán en los próximos días citaciones a otros implicados para que comparezcan ante la Autoridad Judicial en calidad de imputados.
Las pesquisas de este caso se iniciaron en 2013, cuando la Guardia Civil intervino diversa documentación que evidenciaba el desvío de fondos públicos y otros actos de corrupción, en procedimientos de adjudicación de contratos públicos dentro de Melilla. Obtuvo esa información durante el desarrollo de la 'Operación Ópera', relacionada con Delitos contra la Salud Pública y Blanqueo de Capitales.
Tras estas primeras actuaciones y efectuadas varias detenciones de altos cargos de la Ciudad Autónoma y registros en distintas Consejerías, a finales del año 2013 la Unidad Central Operativa se hizo cargo de la investigación. En el mes febrero del año 2014, los investigadores realizaron nuevos registros en Consejerías de la Ciudad Autónoma, sociedades mercantiles vinculadas con los contratos investigados y en domicilios particulares.
Tras el análisis de la documentación intervenida en estos últimos registros, se detectó la existencia de varias personas que fraudulentamente gestionaban fondos públicos en connivencia con funcionarios, cargos públicos y directivos de distintas empresas, viciando procesos de contratación y persiguiendo intereses personales o empresariales en lugar del interés general.
De estos desvíos de fondos y adjudicaciones de contratos, se habrían beneficiado económicamente las sociedades investigadas adjudicatarias de los contratos, detectándose igualmente la obtención de beneficios por parte de algunos de los funcionarios y cargos públicos.
La operación está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número Cuatro de Melilla y la Fiscalía de esa Ciudad Autónoma y la ejecuta el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en colaboración con otras Unidades de las provincias afectadas.
Las actuaciones por la 'Operación Ópera' comenzaron el 12 de septiembre de 2013 en la llamada 'Operación Ópera' y provocó la imputación de siete personas, entre ellas el consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig (PP); el director general de Gestión Económica de este área, José Pastor; el funcionario de Medio Ambiente, Juan Carlos López Rueda; el ex Interventor General accidental de la Ciudad Autónoma, Francisco Platero, entre otros.
El Juzgado de Instrucción número 4 ha emitido un nuevo auto esta semana en el que saca tres piezas separadas del caso principal: una relacionada con la Vicececonsejería y otras dos con dos empresas (Eulen e Himosa). Señala el Juzgado que la instrucción se inició para la investigación de un presunto delito de falsedad documental relacionado con la contratación administrativa, luego extendida a presuntos delitos de exacción ilegal, prevaricación y tráfico de influencias.
La matriz de esta operación, la llamada 'Ópera', se concreta en esclarecer las presuntas "actuaciones irregulares", presumiblemente constitutivas de los referidos delitos, de determinados órganos de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla en la contratación pública.
Estas actuaciones afectarían tanto a la contratación menor (dando lugar al fraccionamiento de los importes abonados por obras o servicios) a fin de eludir la contratación mediante concurso, como a la contratación mediante concursos públicos en los que se habría llevado a cabo una concertación previa entre responsables de las empresas finalmente adjudicatarias y funcionarios de la Administración para determinar el resultado del concurso.
Todo ello, según el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla al que ha tenido acceso Europa Press, con la connivencia entre las personas físicas o jurídicas encartadas y los responsables de las Administraciones públicas contratantes, dando lugar a la obtención de beneficios recíprocos, en perjuicio del erario público.
Inicialmente, añade, la investigación se centró en la contratación por parte de la Consejería de Medio Ambiente, de la Ciudad Autónoma de Melilla, de la sociedad Construcciones y Reformas el Porvenir, perteneciente a Abdelkader Kasem Abdelkader, implicado en las diligencias previas 1947/2009, y cuya declaración en este procedimiento, junto con las irregularidades constatadas en la contabilidad de dicha sociedad, fue determinante para la deducción del testimonio origen de esta causa.
En este aspecto, el objeto de la investigación se centró, en un principio, en la llamada contratación menor, esto es, la adjudicación directa de contratos cuyo montante económico se fraccionaba para no rebasar las cuantías establecidas por la Legislación especial de contratación pública, 18.000 euros tratándose de servicios y 50.000 euros respecto de las obras.
Las sucesivas diligencias acordadas judicialmente y llevadas a cabo por la Policía Judicial, se concretaron en distintas líneas de investigación centradas, por un lado, en la contratación pública con una o varias empresas determinadas, y, por otro lado, en el análisis patrimonial de los implicados, especialmente los responsables públicos.
Reacción de Alternativa Ciudadana
El único partido que ha mandado un comunicado de prensa para abordar este asunto ha sido Alternativa Ciudadana, asegurando en una nota de prensa enviada a este diario que la detención del actual gerente de Canal Gestión Lanzarote demuestra que los actuales gobernantes de Lanzarote, Coalición Canaria y PSOE, liderados por el candidato Pedro San Ginés, han entregado lo que era de todos a manos particulares, a las que no se les puede exigir transparencia, convirtiendo al agua en un negocio especulativo y oscuro.
Para Alternativa Ciudadana queda claro que un recurso tan vital y estratégico para cualquier sociedad, fundamental para el desarrollo de Lanzarote, como ha sido y es el agua, está actualmente en manos de empresas y personas que no responden a los intereses de los ciudadanos. Los mismos partidos que hundieron la empresa pública de aguas, y con el objetivo de evitar el embargo de las propiedades de sus gestores políticos, la han entregado a poderes e individuos a quienes los vecinos de Lanzarote no podemos exigir responsabilidades.
"Los lanzaroteños y lanzaroteñas nos encontramos ahora con que se detiene al responsable del agua de la isla y que, sin embargo, no podemos reclamar ninguna explicación, porque la gestión del agua ya no es nuestra, la han vendido Pedro San Ginés, Coalición Canaria y el PSOE, para pagar la corrupción, el saqueo y despropósito a que ha estado sometida la empresa pública de agua durante años", apuntan desde Alternativa Ciudadana.
La formación asamblearia considera vergonzoso que el grupo de gobierno, y en especial Pedro San Ginés, hayan estado vendiendo como uno de los mayores logros de la legislatura el haber expropiado a los lanzaroteños de la gestión del agua. Gerardo Díaz y el candidato de Coalición Canaria han protagonizado diversas ruedas de prensa, que más bien parecían actos publicitarios de la empresa, en donde se exaltaba la labor de la filial madrileña en Lanzarote, como si la realidad fuese distinta a la que es: Canal Gestión ha venido a la isla a hacer negocio, no a servir a los lanzaroteños.
Alternativa Ciudadana 25 de mayo recuerda que esta formación política mantuvo una actitud beligerante contra una privatización plagada de intereses personales, empezando por los de los propios exresponsables políticos de Inalsa, que llegaron a tener sus propiedades bajo embargo judicial. Alternativa Ciudadana participó de la Mesa Social del Agua, impugnó en varias ocasiones el proceso abierto por el grupo de gobierno del cabildo para la privatización y llevó el caso a Fiscalía. Para Alternativa, la privatización del agua en Lanzarote constituye además un grave caso de fraude electoral, al no haberla contemplado ninguno de los partidos del grupo de gobierno (CC y PSOE) en sus respectivos programas.
Subida de precios, tras las elecciones
Alternativa Ciudadana recuerda igualmente de que los efectos negativos de privatizar una empresa monopolística, como es la que gestiona el agua en Lanzarote, se empezarán a notar en breve.
A partir de 2016, casualmente tras las elecciones locales e insulares de mayo, según el contrato firmado entre Pedro San Ginés y la empresa concesionaria del servicio (y tal y como han ratificado desde el Canal de Isabel II en varias ocasiones), los precios comenzarán a subir. Además. Esa subida, en base a dicho acuerdo, podrá ser superior al IPC, lo cual supondrá un enorme perjuicio para las familias y negocios instalados en Lanzarote.
Desde Alternativa Ciudadana se apuesta por una gestión del ciclo integral del agua pública, que forme parte del ámbito de la democracia participativa, representativa y directa. Por tanto, debemos mantener bajo estrecha vigilancia, control y cuidado de la ciudadanía, por su carácter estratégico.
