La Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita penas de hasta 14 años por un fraude al erario público conocido como el “caso turismo”, en el que, presuntamente, el Jefe del Negociado de la Consejería de Turismo del Gobierno canario, Enrique Barreda, vendía licencias a las agencias de viaje con la ayuda de otras dos personas.
El Ministerio Publico acusa a Barreda de estafa y exanción ilegal, así como de falsedad en documento oficial, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, y usurpación de funciones, y pide para él 14 años de prisión.
La Fiscalía también acusa a Pedro Rafael Quevedo de estafa, falsedad, usurpación de funciones y cohecho, para los que solicita 13 años de cárcel. Mientras que para Gabriel Tremearme, al que le imputa un delito de estafa y falsedad, pide 6 años de prisión.
Por último, imputa a los propietarios de una agencia de viajes, Amadeus Roland y Susanne Ingle, como autores de un delito de cohecho por lo que pide dos años de cárcel para ambos.
Unos hechos que datan de julio de 2006
La noticia fue conocida en julio de 2006. Según informó ACN entonces las tres personas detenidas por un supuesto delito de cohecho y estafa relacionado con la Consejería de Turismo eran el jefe del negociado de Agencias de Viaje, Enrique Barrera, y su cuñado Pedro Quevedo y Gabriel Domínguez, a los que se le acusaba de estafa.
La detención se produjo a raíz de la denuncia de un particular, que denunció a Quevedo por no haber realizado una tramitación ‘express' de la licencia para abrir una agencia de viaje, a lo que éste se había comprometido, previo pago de una comisión, para acelerar una diligencia que depende la Consejería de Turismo y que tarda entre dos y tres meses. No obstante, ACN Press pudo saber entonces que habían otras 13 personas más afectadas.
Los detenidos supuestamente cobraban por agilizar los trámites de la licencia, y según las fuentes consultadas por esta agencia Barrera ponía en contacto a los interesados con Pedro Quevedo, que era el encargado de cobrar por un trámite que es gratuito entre 12.000 y 15.000 euros.
Presuntamente, Quevedo se comprometía a acelerar las diligencias que entrega la Comunidad Autónoma, que son una exigencia previa de la IATA a los emisores de billetes.
Por otra parte, un comunicado de la Consejería de Turismo señaló que el entonces consejero Manuel Fajardo, dio las "oportunas instrucciones" para la comprobación de los expedientes sobre apertura de agencias de viajes y para "su especial guardia y custodia", a la vista de la información difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre la detención de tres supuestos miembros de una trama delictiva dedicada al cobro ilegal de comisiones, siendo uno de ellos funcionario del departamento.
