martes. 05.07.2022
Leopoldo Díaz explica que no fue secretario durante el periodo investigado y reconoce que cuando sí lo fue había departamentos que carecían de técnicos que pudieran elaborar los informes correspondientes

La fiscal rebaja la petición de condena para Carlos Sáenz y mantiene las penas para el resto de implicados en Montecarlo

Un técnico del Estado insistió en el contenido de su informe sobre las irregularidades que detectó como el fraccionamiento de facturas que se hacía en el Ayuntamiento capitalino
Imagen del juicio de hoy con al declaración de Leopoldo Díaz.
Imagen del juicio de hoy con al declaración de Leopoldo Díaz.

La Fiscalía ha elevado a definitivo este lunes sus conclusiones sobre la pieza del caso Montecarlo que ha venido juzgando la Audiencia Provincial de Las Palmas en Arrecife desde el pasado día 25 de abril en un macroproceso que ha concluido, al menos en la parte que se va a desarrollar en Lanzarote. Así, según ha explicado la fiscal del caso, ha determinado después del procedimiento y de estudiar pruebas y testimonios rebajar las penas al ex interventor del Ayuntamiento capitalino Carlos Sáenz a un año y seis meses de prisión y la inhabilitación de dos años y seis meses para ejercer cargo público y mantener intactas el resto de penas para los demás denunciados en esta causa. Entre las defensas, además de pedir la libre absolución de todos los acusados, se ha solicitado a la Audiencia Provincial que tenga presente la dilación indebida del procedimiento por los años que se ha tardado en juzgar lo que sucedió entre 2008 y 2011. Son las principales conclusiones de una jornada en la que el interrogatorio más largo se produjo con el que fuera interventor y auditor del Estado José Manuel Cardona, que ha encontrado una férrea oposición por parte de los abogados de los acusados en el intento de desmontar su informe sobre lo que sucedió en la institución durante ese turbio periodo de la vida política y técnica de la capital lanzaroteña. Además, en esta jornada intervino el ex secretario de la institución y actual viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Leopoldo Díaz, que lo primero que hizo fue aclarar a los magistrados que él no fue responsable del departamento de Secretaría durante el periodo analizado, sólo lo fue en una sesión plenario en julio de 2012 a petición del ex alcalde Manuel Fajardo Feo para que sustituyera a la persona que debía llevar el puesto y se encontraba de vacaciones. Díaz, además, dejó claro que durante el periodo que sí ocupó la plaza de secretario detectó, como el resto, una carencia notable de técnicos en varios departamentos. 

Leopoldo Díaz, funcionario del Cabildo que ha ocupado la plaza de secretario del Ayuntamiento de la capital y que actualmente está en un departamento clave en el Gobierno del socialista Ángel Víctor Torres, comenzaba su testimonio aclarando precisamente que ejerció las funciones de secretario del Ayuntamiento de Arrecife a partir del año 2013 hasta el 2015, por lo que no realizó este trabajo durante los años investigados. Ante las preguntas del abogado de la defensa de Miguel Ángel Leal, señaló que durante el periodo que fue secretario había departamentos que poseían técnicos y “otros no”. Ante la pregunta de si Miguel Ángel Leal participaba en las contrataciones, Díaz señaló que no conocía "circunstancias concretas”, respuesta que provocó que el abogado repreguntara señalando si los animadores socioculturales participaban en la contratación, aseverando el testigo que “en un principio no”.

El abogado de José Montelongo comenzó su espacio de preguntas solicitando al viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias que le confirmara si ocupaba el puesto de secretario en el año 2012. Ante esta pregunta el testigo recordó su aclaración al principio de su testimonio; sin embargo, el letrado le preguntó si no había tenido que ejercer de secretario en un pleno ese mismo año. Leopoldo Díaz aclaró que en julio de 2012 el que fuera alcalde de Arrecife, Manuel Fajardo Feo, le solicitó que ejerciera estas funciones debido a que quien ocupaba dicho puesto se encontraba de vacaciones. Además, indicó que la interventora en ese momento era Carmen Villaverde de forma accidental. El abogado de José Montelongo también preguntó al testigo acerca de si, en los años que ejerció de secretario, la documentación estaba a disposición de los diferentes concejales y se realizaron plenos extraordinarios para aprobar el reconocimiento de crédito. Díaz aseveró que la documentación "es una cuestión que se maneja todos los días en la administración" y que se realizaron varios plenos extraordinarios, aunque no sabía la cifra exacta.

El abogado de Miguel Ángel Leal comenzó el periodo de preguntas con Humberto Tavio, animador sociocultural del Ayuntamiento, apuntando si conocía a Tomás Hernández y a su defendido. El testigo afirmó que sí los conocía y que también eran animadores socioculturales aunque estaban en otra Área distinta. El letrado le solicitó que especificara qué funciones tenían sus compañeros de profesión pero Tavio destacó que no sabía cuales "eran sus funciones”. Acerca de la firma de facturas durante los años investigados afirmó haber realizado esta firma y que “era la forma de reconocer que el servicio se había hecho” y que además los procedimientos eran establecidos por los áreas de Intervención y Contratación. Tavio señaló, ante las preguntas del abogado de la Defensa, que cuando se debía realizar un trabajo en el que no tenían cualificación como podía ser algún tema de electricidad se acudía a otros departamentos como alumbrado para solicitar un presupuesto y posteriormente ellos estampaban su firma cuando todo estaba hecho.

Humberto Tavio durante su declaración como testigo del caso Montecarlo.

La Defensa de Penélope Tabares comenzó su intervención mostrando diferentes facturas al testigo y preguntándole si reconocía su firma en ellas. El animador sociocultural afirmó que “sí y también está la firma de la concejala Eva de Anta”. Además explicó que “la propuesta de gasto venía de Compras, el trabajador del área elaboraba la solicitud del servicio y la llevaba a Compras acompañada del presupuesto”. Posteriormente aclaró que él “sólo firmaba la solicitud y una vez la recibía Compras la devolvía” y que además podían venir otras ofertas y que ellos no decidían. A continuación se le mostró otra factura con una propuesta de referencia a otra factura con el trabajo aún sin realizar; ante esto afirmó que era “un error” y que no sabía como podía haberse producido. El letrado de la Defensa preguntó si esto podía deberse a un traslado de número, a lo que el testigo contestó que podía ser el motivo. 

José Manuel Cardona, técnico del Estado que investigó el proceso que se produjo en esos años en la institución capitalina, comenzó su intervención recordando los informes que realizó como interventor y auditor del Estado para el caso, ratificándose de nuevo en el contenido de su informe. Cardona señaló que el objeto de este documento consistía en el examen de los diferentes folios que le fueron transferidos y observar lo que se mostraba en ellos. Posteriormente aclaró a la fiscal que la finalidad era “mirar las irregularidades que había”. El que fuera interventor estatal explicó que la iniciativa de contratar parte del concejal porque es quien “define la necesidad y es luego se realiza un proceso en cadena hasta que se realiza”. El que fuera trabajador del Estado explicó el fraccionamiento de facturas, señalando que este proceso en el que se dividían contratos mayores para obviar inconvenientes y requisitos que estos tenían es “malversación de fondos”. Cardona también afirmó que “una propuesta de gasto debe tener una sola factura y no pueden haber varias ya que sería algo irregular, a no ser que sea un circunstancia extraordinaria”. Durante su intervención también hizo referencia a dos conceptos que se empleaban en las facturas, de gasto general y beneficios industriales, que se empleaban en contratos que no podían incluirse  aumentado el coste de la factura de forma irregular, señalando que “lo que no es legal es el beneficio industrial que aumenta el importe de la factura”. Los diferentes abogados de la Defensa realizaron preguntas acerca de ciertos puntos del informe a Cardona que consideraban incongruentes o sobre los que le pedían explicaciones, algunos de estos extractos versaban sobre el objeto del informe o puntualizaciones que en un principio el testigo aseguraba no podía realizar pero que sin embargo aparecían en el informe. Ante esto el que fuera interventor del Estado se mostró visiblemente molesto y se vio en la necesidad de realizar varias puntualizaciones y aclaraciones. Esta circunstancia provocó que su declaración fuera la más extensa de la jornada ocupando gran parte del tiempo de la sesión.

José Manuel Cardona durante su declaración como testigo en el caso Montecarlo.

Enrique Salvador Villar ratificó durante su intervención los informes que elaboró acerca de la fiscalización del Ayuntamiento de Arrecife en el año 2014. Villar señaló que el interventor del Ayuntamiento no mostró ningún reparo en los diferentes contratos durante la realización de sus funciones. Durante su respuesta a las preguntas de la Defensa de Isabel Martinón afirmó que “no había un procedimiento normalizado en el Ayuntamiento” y que “el alcalde debía exigir que intervención garantizara la legalidad del procedimiento”. Además, añadió que “el interventor tenía que analizar que los contratos fueran menores o no y haber valorado los fraccionamientos”.

El abogado de la Defensa de José Montelongo solicitó al testigo que confirmara si se realizó un reconocimiento extrajudicial de crédito y cual fue el motivo. Ante esta cuestión Villar confirmó que se realizó por una cantidad cercana a los 680.000 euros por facturas conflictivas en el año 2012.

Tras la intervención de los diferentes abogados de la Defensa, la Fiscal le pidió al testigo que explicara que hacer en el caso de que el expediente de pago llegara sin reparos del ordenante, pero se fuera consciente de que había irregularidades. Villar declaró de forma rotunda que “en ningún caso ordenar el pago y se debería exigir al interventor que realice un informe”. La Fiscal continuó sus preguntas señalando si el alcalde o el ordenador pueden negarse a firmar este documento teniendo conocimiento de las irregularidades, el testigo no dudó en indicar que “deberían hacerlo”. El testigo explicó que las facturas conflictivas son aquellas que carecen de procedimientos y que esto llevaba a “la nulidad”. Finalizó afirmando que “si sucede una irregularidad se debe exigir a quien haya dado pie a ellas por no cumplir sus responsabilidades y esto sería a toda la gente vinculada al proceso, no solo al interventor”.

Tras la finalización de los testimonios la fiscalía señaló que reducía la solicitud de pena para el interventor Carlos Sáenz debido a su colaboración y cooperación con la justicia. Finalmente se piden 1 año y 6 meses de prisión además la inhabilitación de cargo público por 2 años y 6 meses. Para el resto de acusados se solicita las mismas penas, siendo las siguientes:  

Para el exalcalde de Arrecife José Montelongo se solicitan 10 años de cárcel. Los exconcejales Eduardo Lasso e Isabel Martinón se exponen a unas condenas de 5 años y 3 meses de prisión. Por su parte Alberto Morales y Víctor Sanginés se enfrentan a un castigo de 5 años cada uno. Para los técnicos Isidro Hernández y José Cabrera se solicitan penas de 4 años y 9 meses de cárcel. El empresario Carlos Lemes se enfrenta a 6 años de prisión por los delitos que se le imputan. Para los técnicos José Nieves, Miguel Ángel Leal y Penélope Tabares se piden 5 años y 3 meses para el primero de ellos y 5 años para Tabares y Leal.

Los abogados de los diferentes acusados pidieron la libre absolución para sus representados. Cabe destacar que la Defensa de Isabel Martinón señaló que se habían producidos dilaciones indebidas del procedimiento y que se deberá tener en cuenta a la hora de dictar sentencia. Tras esto se daba por finalizada la sesión.

La próxima vista se llevará a cabo en Las Palmas de Gran Canaria el próximo día 7 de junio arrancando la sesión a las 9:45 de la mañana.

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