Representantes de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), una de las empresas acreedoras de Insular de Aguas de Lanzarote, S.A. (INALSA), han acudido este miércoles a la sede del Cabildo de Lanzarote para solicitar los certificados de la deuda contraída en su día por el Consorcio Insular del Agua con esta empresa por el laudo contra Inalsa, causa en la que los tribunales condenaron a la empresa pública de aguas al pago de 12 millones de euros por impedir la construcción, previamente pactada y contratada, de una nueva planta desaladora en Janubio, al sur de la Isla.
Así lo ha confirmado este jueves en declaraciones al programa 'A buena hora' de Crónicas Radio-Cadena COPE Lanzarote el abogado del Consorcio, Ignacio Calatayud. "Debo decir que la información tiene toda la veracidad, hasta tal punto que los acreedores se personaron ayer en el Consorcio con un notario para exigir unos certificados de su deuda; certificados que en principio no emitimos porque entendemos, y así nos lo dijo en su momento el juez que lleva el concurso, que no debían emitirse", explicó el abogado.
El representante legal de la defensa del Consorcio ha confirmado que, efectivamente, tal y como adelantó Crónicas desde el pasado sábado, con la nueva petición de FCC podría abrirse la vía de las responsabilidades penales contra los antiguos administradores de Inalsa, a quien el juez de lo Mercantil que dirigió la administración concursal de la empresa pública sometió a un embargo preventivo de sus bienes.
Entre los embargados figuran políticos activos como la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, la viceconsejera de Educación, Manuela Armas, el portavoz socialista en el Parlamento, Manuel Fajardo Palarea, el alcalde de Haría, José Torres, el viceconsejero de Política Territorial y Medio Ambiente de Canarias, Mario Pérez, y el consejero de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo Sergio Machín, entre otros.
A pesar de ello, Calatayud ha insistido en que los antiguos administradores de Inalsa no tendrían que hacer frente con su patrimonio a dicho pago, siguiendo el criterio de defensa que han mantenido hasta el momento, lo que no quiere decir que la decisión dependa de ellos. El abogado considera que nunca ha habido responsabilidad por parte de los antiguos administradores pero también reconoce que por parte del Juzgado se adoptó una medida cautelar, así que ahora la resolución del conflicto queda en manos judiciales. "Entendemos que hasta que no se acabe el pleito, no se debería pagar. Pero bueno, eso es algo que precisamente ahora deberá decidir el juez. Nosotros entendemos que no, pero los acreedores entienden que sí", ha dicho.
Desde el Cabildo han aclarado a este diario, además, que en todo momento hubo voluntad de depositar el dinero que reclama FCC en el juzgado, pero nunca entregarlo directamente al acreedor. La razón, y en esto parecía que estaba de acuerdo el juez, es sencilla, que no puede haber entrega de dinero ni de avales mientras no se resuelva el conflicto judicial todavía abierto.
"Cuando hay un conflicto, cada parte debe argumentar lo suyo pero será el juez el que resuelva al final", ha dicho Calatayud. "El Consorcio, supongo, mantendrá una reunión en su momento y, a la vista de los argumentos que demos y las consideraciones del juez, tomará alguna decisión", ha dicho Calatayud. En cualquier caso, "levidentemente las insterucciones que siempre se han dado por parte del Consorcio es salvaguardar el interés general y los fondos públicos", ha expuesto.
El abogado ha aclarado que el acuerdo con Canal Gestión Lanzarote no se verá afectado por este otro pleito del laudo entre Inalsa y FCC. "El concurso de Inalsa nada tiene que ver con el contrato de Canal Gestión Lanzarote. El contrato de Canal Gestión Lanzarote lo tiene el Consorcio y es Inalsa la que tiene una serie de deudas. Son dos cuestiones absolutamente independientes. El futuro de Inalsa no tiene ninguna relación con el Canal Gestión Lanzarote, con lo cual, no va a tener ninguna repercusión", ha concluido Calatayud.
