Un plazo de diez días para derribar el parking Islas Canarias. Los tribunales de justicia han vuelto a solicitarle esta semana, concretamente este pasado miércoles, al Ayuntamiento de Arrecife el la ejecución de la sentencia que ordenaba el derribo del parking Islas Canarias, situado en pleno centro de la capital lanzaroteña y que se encuentra abierto al público desde el año 2002.
Según informan a Crónicas fuentes solventes relacionadas con la Administración judicial y el propio Ayuntamiento de Arrecife, se trata de la segunda provindencia que emiten los juzgados en menos de seis meses. En esta ocasión, el escrito judicial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) interroga directamente al alcalde de Arrecife, Cándido Reguera, por los motivos por los que todavía no se ha procedido a la ejecución de la sentencia dictada en enero de 2008 del propio Tribunal Supermo (TS), y que decretaba la ilegalidad del parking y mandató su "derribo para restaurar la realidad alterada". El TS ratificaba así la sentencia en la que el TSJC anulaba las licencias de apertura y obras concedidas por el Ayuntamiento de Arrecife al aparcamiento del Parque Islas Canarias, localizado en el subterráneo del Arrecife Gran Hotel.
Reacción del Ayuntamiento
Ahora, en su segunda providencia, el TSJC da al Ayuntamiento de Arrecife un plazo concreto para ejecutar la sentencia, diez días. El alcalde, Cándido Reguera, ha anunciado que va a ofrecer una rueda de prensa la próxima semana, y en estos momentos estudia con abogados qué hará el Ayuntamiento "con este problema heredado".
El regidor capitalino ha asegurado este viernes en Crónicas Radio que hay distintas fórmulas para ejecutar la sentencia del Alto Tribunal, desde el derribo inmediato a la legalización de ciertas partes del parking", ha explicado.
La sentencia considera que las licencias otorgadas por el Ayuntamiento capitalino son nulas de pleno derecho, al incumplir tanto el planeamiento municipal en vigor como la legislación de Puertos. El aparcamiento se encuentra en una zona de dominio público portuario, por lo que está afectado por la Ley de Puertos y de la Marina Mercante. El aparcamiento pudo construirse tras una concesión administrativa otorgada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Relato diacrónico
Cronológicamente, cabe destacar que en marzo de 2008 la Junta de Gobierno de Arrecife aprobaba contratar al que durante años ha sido el secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, para recurrir la sentencia del parking Islas Canarias. A pesar de la fuerte oposición de Andrés Barreto y Alternativa Ciudadana 25 de mayo (AC-25M) a una contratación que consideraban "inmoral", la Junta de Gobierno respaldó la decisión de forma unánime. Y es que la licencia del aparcamiento fue concedida por la ex alcaldesa María Isabel Déniz, y el ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, también lo era de la sociedad mixta público-privada y por este caso fue destituido como secretario por incompatibilidad. La sociedad promotora del aparcamiento también realizó las obras del parque en la superficie, que aún no están entregadas al Ayuntamiento porque reclama una deuda de más de dos millones de euros al Consistorio a pesar de que no se ejecutó el proyecto en su totalidad.
Posteriormente, la sorpresa volvía a sacudir al Ayuntamiento de Arrecife por la solicitud de la Fundación César Manrique (FCM) para que se ejecutara la referida sentencia contra el parking Islas Canarias. En concreto, en diciembre de 2010 la FCM solicitó a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias la ejecución forzosa de la sentencia por la que se anuló la licencia concedida a la sociedad Aparcamientos Parque Islas Canarias para construir dicho aparcamiento.
El 23 de noviembre pasado, el secretario judicial de dicha Sala emitió una diligencia por la que señalaba que no se habían realizado alegaciones por parte de los demandados (Ayuntamiento de Arrecife y Promotora Parque Islas Canarias) y se les daba cinco días para presentar alegaciones sobre cómo ejecutar la sentencia.
Esa diligencia era el paso previo a que la magistrada ponente de la sentencia resuelva sobre el incumplimiento de la misma y la adopción de multas coercitivas que podrían ir desde los 150 a los 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado.
Hay que recordar que el TSJC dictó en marzo de 2006 una sentencia firme anulando la licencia para construir al aparcamiento, que se había anulado en primera instancia en marzo de 2002. Después el Tribunal Supremo desestimó en noviembre de 2007 el recurso de casación de la sociedad, compuesta por el propio Ayuntamiento y los propietarios del Arrecife Gran Hotel.
En febrero de 2008, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento acordó manifestar a la Sala la imposibilidad material y legal de ejecutar la sentencia y también se desestimó esta solicitud. En octubre de ese año se interpuso recurso de súplica y en enero de 2009 se volvió a desestimar.
Restauración del orden jurídico
La FCM pedía en su escrito que se incorpore el correspondiente incidente de ejecución y se adopten todas las medidas que se deriven de la naturaleza y alcance del fallo hasta la completa restauración del orden jurídico protegido, así como la imposición de la multa coercitiva solicitada.
Respecto a las multas a imponer, la FCM deja a criterio de la Sala la cuantía y el modo de hacer efectivo su cumplimiento y señala que no renuncia al derecho de interesar nuevas responsabilidades patrimoniales o a la deducción de testimonio para exigir responsabilidades penales en caso de no cumplimentarse el requerimiento efectuado.
