La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canaria (TSJC) ha archivado la queja presentada por la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, en relación con dos autos firmados por dos jueces diferentes paralizando la orden de devolución de dos inmigrantes de la patera que naufragó el pasado 13 de diciembre en aguas de Costa Teguise, Lanzarote, tras volcar una vez que recibió una colisión de la embarcación de la Guardia Civil, cuando intentaba alcanzar las costas nordeste de la Isla. Así lo ha confirmado este mismo lunes el propio Tribunal Superior de Justicia en el auto remitido a esta redacción.
El expediente en el que Hernández Bento presenta su queja recoge que la representante del Estado en las Islas se dirigió el pasado 11 de enero por escrito al presidente del TSJC informándole de que había recibido un informe policial sobre los dos autos del procedimiento de la patera (Nº 332/2013) del Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria que suspendían la resolución administrativa de devolución de dos inmigrantes.
Uno de los autos llevaba la firma de la magistrada-juez del Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria M.ª Victoria Rosell Aguilar; y el segundo, del titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria Tomás Luis Martín Rodríguez.
En dicho escrito, Hernández Bento expone que ambos autos tiene el mismo contenido "salvo el pie de firma", ya que en uno figura la magistrada-juez del Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, María Victoria Rosell, y en el otro el magistrado-juez del Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Luis Martín.
El TSJC razona su archivo de la queja de Hernández bento alegando que considera que los hechos de la queja han quedado "sobradamente aclarados en el informe del Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha dado respuesta con las garantías propias de un Estado de Derecho a los solicitantes de la medida cautelar urgente, que en otro caso habrían tenido vedado el acceso a la tutela judicial efectiva".
