- Además, el PP recuerda en el Parlamento de Canarias que el Gobierno socialista “pretendía prácticamente regalar Aena”. Astrid Pérez: “Con el Partido Popular, en dos años la empresa arroja un beneficio bruto superior a 1.600 millones de euros”
El Grupo Popular (PP) en el Cabildo insular de Lanzarote preguntará al Gobierno de Lanzarote (CC-PSOE) y a su presidente, Pedro San Ginés, en el pleno de este viernes, sobre la causa contra Carlos Espino, el exsecretario general del PSOE en Lanzarote y exconsejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s). Así al menos lo ha confirmado en el programa 'A buena hora' de Crónicas Radio-Cope Lanzarote la propia presidenta insular de los populares, Ástrid Pérez.
"En los procedimientos en los que yo soy abogada, si un procedimiento se paraliza durante un tiempo, evidentemente uno solicita el impulso procesal. Estamos tratando que el proceso no se dilate pues hay una circunstancia atenuante que es de dilaciones indebidas, cuando un procedimiento tarda más del tiempo necesario en instruirse o tramitarse, el imputado o condenado, en su caso, tiene derecho a este atenuante. No sé si el abogado planteado en aquel caso por el presidente del Cabildo ha plateado diligencias de investigación nueva que se estén practicando, pero vamos a verlo para poder hacer un análisis y decirle a los ciudadanos lo que hay", ha afirmado Ástrid Pérez.
Los populares reclamarán por tanto la comparecencia del presidente, Pedro San Ginés, para que aclare si, tal y como denunció hace tres semanas también en Cadena Cope el portavoz de Nueva Canarias (NC) en Arrecife, Pedro de Armas, existe un pacto tácito entre nacionalistas y socialistas para que desde la Primera Corporación no se insista en los juzgados sobre la causa judicial interpuesta en su día por el Consejo de Administración de los Centros Turísticos contra el ex consejero de la empresa pública y ex secretario general del PSOE en Lanzarote, Carlos Espino. Se trata de un caso en el que Espino está acusado de varios delitos, entre ellos malversación de caudales públicos y cohecho.
El informe por el que, según asegura el diario Canarias 7, espera el juzgado, debe valorar si supuestamente se inflaron los precios de la cocina de Los Jameos del Agua, iniciativa que se contrató siendo Carlos Espino el consejero delegado de los Centros Turísticos y que se adjudicó sin concurso. En la denuncia presentada en su día, se hacía constar que la instalación había sido contratada a la empresa de un afiliado del PSOE por 224.000 euros y acabó costando 750.000.
Según Canarias 7, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arrecife, Aurora Vera Morales, citó una providencia, de fecha del pasado 24 de enero, en el que requiere a la empresa a la que en julio de 2012 se encargaron dichos informes periciales, sin que todavía hayan sido aportados.
Y en relación a la demora en la tramitación de esta causa, de hecho, puede decirse que fue el propio Pedro de Armas quien animó al PP en el Cabildo a que pregunte o se persone como acusación particular, o presente alguna moción, para ver qué pasa con el caso en cuestión. "¿Por qué está paralizado el tema este? (...) Hay varias cosas que se están tapando ahora mismo y le hago la pregunta al PP", advertía De Armas en el programa ’A buena hora’. "¿Es cierto que en estas famosas mesas de reunión entre el presidente del Cabildo y la secretaria general del PSOE se ha llegado a un acuerdo para que el abogado pagado por el Cabildo, que está en la causa del señor Espino, lo deje paralizado por este pacto?", preguntó el portavoz de NC en la capital lanzaroteña. "¿Por qué no se pregunta en el Cabildo qué pasa con la compra de la cocina de Los Jameos, o qué pasa con los contratos de confidencialidad y el dinero que se malgastó? Deberían preguntar por qué no se actúa o, sino, personarse en la causa. Lo que no puede ser es que este señor comprara una cocina por 700.000 euros cuando se ha demostrado que no costaba ni 300.000", exponía Pedro de Armas.
Como se sabe, la denuncia contra el ex secretario general del PSOE lanzaroteño y actual asesor del Gobierno regional partió del propio Consejo de Administración de los Centros Turísticos del Cabildo, cuando Ástrid Pérez, presidenta insular del PP, presidía la empresa pública. En este sentido, Ástrid Pérez ha dejado claro este jueves que "fue el presidente del Cabildo el que decidió el abogado que llevaría este caso. Lo digo para que todo el mundo sepa que el abogado lo designó otra persona, y que cumple órdenes del presidente y de la consejera delegada de los Centros, ambos de Coalición Canaria, y además, al abogado se le ha pagado", ha advertido la dirigente popular.
El PSOE del Cabildo niega la mayor
Por su parte, Joaquín Caraballo, vicepresidente del Cabildo, ha negado recientemente este tipo de acuerdos entre CC y PSOE. "Nosotros en los acuerdos del Cabildo nos basamos en pactos sobre las políticas en las instituciones, y no en si se retira o no una denuncia. Esta denuncia sigue interpuesta y no se ha retirado, y por lo tanto, será en sede judicial donde se decidan los ritmos y donde se decida qué sale. Cierto es que este tipo de denuncias y muchas otras tardan bastante en salir y, sinceramente, es necesario que se agilicen y que salgan cuanto antes puesto que de ello depende la tranquilidad y la serenidad en muchos casos en muchas instituciones", explicó. Caraballo ha zanjado la polémica recordando que por ejemplo el PSOE no mantuvo ningún pacto ni acuerdo silencioso con partidos con los que ha gobernado como el PIL por causas sonadas como la de Los Baños de Los Dolores, denunciada por dirigentes socialistas de Lanzarote en su día y que terminó con una condena de prisión de dos años contra Dimas Martín, líder histórico del PIL.
El proceso de Carlos Espino lleva tantos años tramitándose que la oposición no se explica por qué otros casos mucho más recientes sí se han resuelto y éste todavía no.
"Operación Unión, una causa puramente política orquestada desde Madrid por el PSOE"
Por otra parte, Ástrid Pérez, que denuncia que CC y PSOE quieren aumentar con su propuesta de este viernes en Pleno los impuestos del combustible en la Isla "para pagarse la campaña electoral", ha asegurado también que medios de comunicación como el diario El País o La Sexta Televisión han demostrado que la Operación Unión ha sido una operación "puramente política". "Hace años cuando estalló la causa ya advertíamos de lo mal que se estaba llevando esta causa, incluso con posibles vulneraciones de derechos constitucionales. Han pasado algunos años y el tiempo nos ha dado la razón", ha esgrimido.
La también parlamentaria, que ha dicho que conocía como abogada la causa desde un principio, ha opinado que "se ha tratado simplemente de una operación política orquestada por un determinado político desde Madrid. Desde allí se planteaban las diligencias que muchas veces ni el juez conocía, ni firmaba. Se hicieron muchos disparates en esa operación y de las situaciones que más me tocan el corazón sin duda están las detenciones que se practicaron en directo por televisión, en lugar de citar a las personas en un juzgado. La justicia en Lanzarote y la justicia en Canarias han tenido este capítulo negro en su historia. Si esto pasa en Marbella, Madrid, Valencia u otro sitio, se lía gordísima, pero como esto es Lanzarote, ..."
Ástrid Pérez ha reiterado sus críticas contra medios de comunicación "de la izquierda, como La Sexta o El País". "Se les está desmoronando el castillo y hay que seguir poniéndole gasolina al fuego para que siga ardiendo (...) Esto de la Operación Unión va a tener un final muy complicado", ha zanjado.
Cabe apuntar en este sentido que varios imputados en el caso Unión ultiman una macroquerella criminal contra los responsables de la investigación, en la que entre otros posibles ilícitos les acusan de la supuesta de falsificación masiva de pruebas, "por aquellos que enarbolan la bandera de la lucha contra la corrupción".
Los responsables del sumario del caso Unión, que lleva el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Arrecife, se enfrentan a la inminente denuncia mediante querella criminal que preparan varios imputados en la causa por supuesta manipulación y falsificación masiva pruebas y otros documentos.
Los denunciantes anticipan que cuentan con pruebas suficientes que demostrarían que las supuestas irregularidades detectadas «irían más allá de simples errores materiales, negligencias o simples casualidades» y que aunque se han hecho arduos esfuerzos por ocultar o camuflar, no ha sido posible, ante la amplitud del sumario.
Entre otros posibles ilícitos, denuncian la adulteración por sustitución del contenido material de resoluciones judiciales e informes policiales y la predatación sistemática (modificación de fechas) de las actuaciones con el ánimo de dar cobertura legal a actuaciones previas.
En este apartado figurarían los más de 90 autos sin la firma del juez Pamparacuatro, que éste denuncia que fueron sustraídos del Juzgado y que los denunciantes, en cambio, creen que dichos autos simplemente se hicieron, incluso algunos años después.
Denuncian la presunta elaboración de informes policiales y resoluciones judiciales que anticipaban o daban cuenta de acontecimientos futuros; y la supuesta expedición y cumplimentación de mandamientos, antes de que se dictaran las correspondientes resoluciones judiciales motivadas que los amparaban.
Añaden que los responsables del Juzgado supuestamente insertaban en la causa, documentos sin el preceptivo control judicial, al no estar el sumario inmerso en sistema de gestión procesal (desde su inicio en mayo de 2008, hasta mediados de 2011), o incumplían la obligación legal de registrar la entrada de todos los documentos incorporados a la causa.
Las cuentas de Aena
A su vez, la diputada autonómica Astrid Pérez, reprochó al PSOE “su desfachatez”, al pretender inculcar en Canarias que la privatización de la empresa Aeropuertos Nacionales y Navegación (Aena) podría ser fatal para las islas, “cuando fue el anterior Gobierno socialista, respaldado siempre por CC, el que, tras dejar la empresa en la ruina, en junio de 2011 abrió el proceso de privatización que suponía prácticamente regalarla”.
“Desde que Gobierna el Partido Popular, Aena ha pasado de una deuda de 600 millones de euros en 2011, a un positivo de 850 millones de euros en 2013, lo que arroja un beneficio bruto de explotación superior a 1.600 millones”, remarcó Pérez, para añadir que la posición privilegiada y competitiva de las instalaciones canarias se debe al modelo de gestión en red.
“Decir que nuestras conexiones están en peligro es engañar a los canarios”, afirmó la parlamentaria popular, quien destacó que la inversión del Ministerio de Fomento en los aeropuertos de Canarias, situados entre los más competitivos de España, supera este año los 115 millones de euros.
Astrid Pérez recordó que el Consejo Consultivo de privatizaciones, configurado en junio de 2011 por el PSOE, dio luz verde a la privatización de Aena “en unas condiciones que suponían la privatización de más del 60% del capital de una empresa que ellos mismos habían llevado a la quiebra”.
“En estos dos años, Aena y el Ministerio de Fomento han orientado todos sus esfuerzos hacia la puesta en valor de la empresa, actualmente rentable, y trabajan en uno de los compromisos del plan de reformas del Gobierno de la Nación, que pasa por contar con un modelo de regulación fuerte, y asegurar unos aeropuertos de calidad y competitivos", concluyó.
