La secretaria adjunta del Consejo de Europa, Maud de Boer-Buquicchio, sostuvo este viernes, en el cierre de la Conferencia de Ministros Europeos de Justicia celebrada en Lanzarote, que no es suficiente emitir leyes y más leyes para salvaguardar los derechos de los llamados grupos vulnerables, como los inmigrantes sin papales y los menores no acompañados, sino que son necesarias más políticas sociales de los países miembros de la Unión Europea para atender a estos grupos vulnerables. La secretaria dijo que hay voluntad política para hacerlo y sólo espera que las herramientas aprobadas y los compromisos adquiridos en la Conferencia sean ratificados por los países comunitarios. Del Consejo de Europa, cuya finalidad es la defensa de los derechos humanos, hacen parte 47 países: los 27 de la UE más otros 20 europeos, incluyendo a Rusia y Turquía.
Justicia para niños
La señora De Boer- Buquicchio también incidió en la necesidad de separar la Justicia de los adultos de la de los niños, ya que entiende que a los jóvenes que delinquen no se les puede aplicar la legislación redactada para los mayores. De Boer- Buquicchio compareció con el ministro de Justicia de España, Mariano Fernández Bermejo.
La Conferencia palpa la realidad de cerca
Dentro del balance que hizo la secretaria adjunta de la Conferencia, se refirió a la “desgracia” de las últimas muertes de inmigrantes que intentaban llegar a las costas canarias. “Hemos palpado de cerca la pérdida de vidas humanas”, comentó. En tal sentido, el ministro español agregó que la discusión objeto de la Conferencia se había dado en “el marco adecuado”, siendo Canarias frontera de Europa con el continente africano. Lamentó el fallecimiento de inmigrantes pero también llamó a la reflexión sobre los desaparecidos. Fernández Bermejo, tal y como lo había hecho en la apertura de la Conferencia, insistió en la necesidad imperiosa de ayudar a mejorar la calidad de vida de los países emisores de extranjeros. En cuanto a las políticas sociales de España para ayudar a los inmigrantes desprotegidos, el ministro mencionó la asistencia jurídica gratis, la atención sanitaria y el servicio de intérprete para los casos en los que el afectado no domina el castellano, como por razones obvias suele ser habitual. “Los principios de los derechos humanos deben ser aplicables para todos”, subrayó el ministro.
