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El Cabildo de Lanzarote parece no querer dejar que siga corriendo el tiempo sin poder hacer nada para recuperar el control de la principal empresa pública que debería gestionar en coordinación con los siete ayuntamientos de la Isla, Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA). Por ese motivo, según han adelantado a Crónicas fuentes del caso, este viernes ha presentado una demanda en el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas en la que pide el cese o la separación de los actuales administradores concursales.
Aunque fue el propio Cabildo el que solicitó en 2009 durante el tempestuoso pacto PSOE-PIL el concurso voluntario de acreedores, lo cierto es que han pasado los años y los problemas se han ido acumulando sin que los actuales inquilinos de la Primera Corporación puedan hacer nada, atados de pies y manos por la gestión de unos acreedores que ni parecen enderezar el rumbo de la compañía ni parecen dispuestos a ceder el control a sus verdaderos propietarios. Así, este mismo viernes se ha presentado una demanda que según las fuentes consultadas está fundamentada en la “justa causa”, la que han hallado al determinar que los administradores concursales no han respetado su obligación de diligencia como representantes legales de la empresa pública.
Según han determinado los servicios jurídicos del Consorcio del Agua, y según explican en esa demanda al Juzgado de lo Mercantil, los actuales administradores de Inalsa están incumpliendo al menos cuatro aspectos esenciales que deberían respetar en su gestión: el primero de ellos tiene que ver con algo de lo que se ha venido hablando desde el origen del concurso de acreedores, el sueldo que se iba a asignar a los administradores; se estableció que cobrarían el cincuenta por ciento de la cantidad total al principio de su trabajo y el otro cincuenta al final, sin que pudieran rebasar en un solo céntimo esa cantidad. Parece ser, según se explica en la demanda, que los acreedores han cobrado ya unos 40.000 euros más del dinero asignado en el cincuenta por ciento inicial.
El segundo de los puntos en el que se basa la demanda como incumplimiento tiene que ver con el capítulo de la exclusividad en la labor que desarrollan y la prohibición expresa de que los administradores puedan cobrar dietas por traslados, transportes o cualquier otra cuestión vinculada con la compañía, cosa que según la demanda no han hecho porque han podido constatar que se han pasado gastos a Inalsa con este tipo de conceptos.
Un tercer incumplimiento que han detectado los servicios jurídicos y que en el Cabildo entienden que da fundamento a su solicitud del cese de la actividad y la entrega del control de la compañía también está vinculado con el dinero, al detectarse un posible fraude en la cantidad que se asignaron como salario, puesto que se determinó en función de los activos de la empresa, que ellos estimaron en 55 millones de euros cuando en el Consorcio entienden que no llegan a los 32 millones. "Es importante destacar, igualmente, que los administradores concursales valoraron el activo de INALSA en 55.887.922,18 euros, en concreto aumentaron la valoración de los bienes en una cantidad de 23.678.753,73 por encima de su valor neto contable. Cabe preguntarse las razones por las cuales la administración concursal eleva el valor de los activos de INALSA en 23.678.753,73 y ello no solo sin tener en cuenta norma alguna, sino por el contrario, infringiendo las normas contables", exponen en la demanda.
El cuarto y último de los puntos de la demanda que entienden las fuentes consultadas que es más importante para subrayar la contundencia de su posición tiene que ver con el polémico contrato con la empresa Aguas Filtradas, contrato que se anuló hace más de un año, tiempo en el que los administradores concursales no han ejecutado la acción y no han sacado a concurso un nuevo contrato, con el que Inalsa, según las estimaciones iniciales, podría estar ahorrando más de un millón y medio de euros. Esta acción es considerada por los servicios jurídicos como desleal, como desleal entienden que es el hecho constatado de que desde abril de 2011 no se ha hecho nada para rebajar los costes y para mejorar la viabilidad de la empresa, alargando por tanto su proceso de recuperación. "En definitiva, la administración concursal lleva casi un año sin realizar acción alguna tendente a la mejora de la situación económica de la empresa. Basta con acudir a la página web de Inalsa y en concreto al perfil del contratante para comprobar no sólo la suspensión de las licitaciones que estaban en curso sino también como desde ese momento no se ha licitado ningún concurso, alguno de los cuales no suponía coste alguno para la entidad debido a que el precio a satisfacer era un porcentaje de los costes que el contratista ahorrase a la entidad", concretan en la demanda.
