La viceconsejera de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, se mostró convencida, este viernes, de la importancia de “la implicación de los operadores jurídicos para el éxito de la implantación de la Nueva Oficina Judicial”. Para ello, en Canarias “se ha concebido este proceso con la puesta en marcha de procesos participativos de comunicación y socialización, para permitir que todos puedan aportar sus criterios y opiniones”.
Déniz, que hizo estas declaraciones durante su intervención en una mesa redonda sobre Modernización de la Administración de Justicia, en el Congreso del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, que se está celebrando en Lanzarote, resaltó que la modernización “pasa necesariamente por reformar la organización, los métodos de trabajo y la gestión de los recursos. “Todo ello redundará”, explicó, “en la racionalización de los medios disponibles, en una Justicia más ágil y eficaz, en una mejor prestación de servicios al ciudadano y un respeto a los principios recogidos en la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia”.
“La nueva Oficina Judicial”, prosiguió, “contará con procedimientos protocolizados y homogéneos”, al tiempo que subrayó que, dentro de esta nueva oficina “habrá que potenciar, además, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos relacionados con la mediación extrajudicial y el arbitraje”.
En la actual oficina judicial, “la que vamos a reformar”, cada órgano judicial funciona como un todo, autónomo e independiente. Para conseguir una organización horizontal y más flexible “es necesario adaptar la actual secretaría a las nuevas tecnologías y aumentar las perspectivas profesionales de los secretarios judiciales que deben dar el salto de ser meros colaboradores a ser cooperadores en la tarea de administrar Justicia”, destacó la viceconsejera.
En el caso de Canarias, “estaremos en disposición de implantar la Nueva Oficina Judicial con mejores infraestructuras, mejor tecnología y mejor formación, y siempre con el impulso de la creación de servicios comunes a todos los juzgados, dimensionados, según las necesidades y características de cada partido judicial”, resaltó Carolina Déniz. Como se recordará, los estudios para la implantación de la Nueva Oficina Judicial se han iniciado en los partidos judiciales de Arrecife y Arona, dado que sus infraestructuras permiten la reorganización de servicios de una manera más efectiva.
La viceconsejera explicó, asimismo, que “uno de los ejes sobre los que descansará el nuevo sistema de organización será el nuevo sistema de gestión procesal, Atlante II, para poder realizar las notificaciones de manera telemática”.
Atlante II supone, ante su predecesor, Atlante I, un salto cualitativo en el conjunto de servicios facilitados al entorno de la justicia en Canarias, implantando servicios Web, incorporando alarmas de tramitación en los procedimientos, y sobre todo, asentando las bases del piloto de tramitación con firma electrónica. “El futuro de la Administración de Justicia pasa por el intercambio de información en tiempo real”, concluyó Déniz.
50 propuestas
El portavoz del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Rafael Lara, detalló, por su parte, el plan de modernización de la Justicia elaborado por el citado Colegio, un documento que consta de 50 propuestas, estructuradas en seis ejes de actuación: Atención al ciudadano, oficina judicial, gestión de calidad, reformas procesales, recursos humanos y nuevas tecnologías.
Según explicó, “este es un plan abierto que confiamos se tenga en cuenta en el conjunto de actuaciones a desarrollar por la Administración en este ámbito de la modernización de la Justicia”.
Iñaki Sánchez, secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, presentó también el Plan Estratégico de Modernización que quiere impulsar el Ministerio. Este Plan, cuyo planteamiento general coincide con el expuesto por la viceconsejera Carolina Déniz en cuanto a la necesaria participación ciudadana en este proceso de cambio, plantea cinco ejes de actuación, relacionados con las reformas organizativas, la modernización tecnológica, la garantía de defensa de los derechos de los ciudadanos, una mayor cooperación internacional y el fortalecimiento de la coordinación entre los actores intervinientes en este proceso.
Antonio Dorado, vocal del Consejo General del Poder Judicial, recordó, asimismo, el Plan de Modernización de la Justicia elaborado por el citado Consejo y que data de noviembre de 2008. Centró su intervención en los aspectos del Plan relacionados con la modernización tecnológica, al tiempo que reconoció la necesidad de trabajar coordinadamente en este campo con el Ministerios y con las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia.
