- “Creo que hay una solución, un margen de maniobra posible, pero eso sí, siempre y cuando las instituciones estemos todas de acuerdo. El Gobierno reconstruirá los expedientes de los hoteles afectados de una forma ágil en el proyecto medioambiental de medidas urgentes”
- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, se reunió este jueves con los alcaldes de Yaiza y Teguise, Gladys Acuña y José Dimas, respectivamente; y el presidente de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (ASOLAN), Francisco Armas, para analizar la problemática de los hoteles en situación irregular en
Lanzarote. Berriel describe en la siguiente entrevista, concedida a Agustín Acosta Radio, el contenido del encuentro, al que también asistieron otros miembros del Ejecutivo regional, y apuesta por una solución consensuada que, a su juicio, no pasará por la demolición de los hoteles ilegales de Lanzarote.
- ¿Cómo fue la reunión de este jueves?
- La reunión fue clarificadora y fructífera y nos permitió estudiar distintas salidas al problema. Recibí un correo del responsable de Comisiones Obreras justificando su ausencia. Estaban citados, pero por un error se perdió incomprensiblemente la convocatoria y le mandaron un correo electrónico. Ellos expresan su deseo de estar en este tipo de reuniones y muestran su preocupación por el problema. En la reunión analizamos este asunto, que afecta a la economía y el empleo en Lanzarote. Creo que debemos buscarle un encaje dentro de la legalidad, y reconducir las cuestiones que hayan quedado fuera del marco urbanístico, obligar a aquellos que están fuera de la legalidad a entrar en la legalidad urbanística. Algo fuera de esto nunca nos lo hemos propuesto. Podemos aprovechar que se está redactando la Ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo para regularizar los hoteles. Lo que ocurre es que aquí no sólo estamos hablando de legalidad urbanística, sino también de otras cuestiones como la moratoria, que fue introducida en el Plan Insular a través de modificaciones del año 2000 y del año 2004, y que han sido anuladas por los tribunales pero también han sido recurridas. Creo que hay una solución, hay un margen de maniobra posible, pero eso sí, siempre y cuando las instituciones estemos todas de acuerdo. Por su parte, lo que puede hacer el Gobierno es, en el proyecto medioambiental de medidas urgentes, reconstruir esos expedientes de una forma más o menos ágil.
-¿Qué actitud tomaron los alcaldes de Teguise y Yaiza? ¿estaban en la misma sintonía que usted proponía?
- Fue una reunión cordial y con bastante sintonía. Todos coincidimos, unánimemente. Si todos hubiésemos estado allí, hoy podíamos decir que la solución está mucho más cerca.
- ¿Es usted optimista?
- Bueno, hay una máxima en el urbanismo que dice que todo aquello que sea legalizable hay que legalizarlo. Ésta no es la primera vez que una actuación urbanística es anulada por los tribunales. Eso conlleva estudiar las sentencias y estudiar dónde están los fallos para corregirlos. En escasas ocasiones sucede algo que sea reversible, en el sentido de que no pueda tener un encaje dentro de la legalidad urbanística, porque cuando se concede una licencia hay una serie de filtros. Normalmente se impone la sensatez. En este caso estamos todos obligados a hacer lo mismo. Los afectados también están obligados en mantener esos establecimientos por su productividad. Las demoliciones siempre serán el último recurso, y creo que, siendo realista, esta situación no se va a producir.
- ¿En qué medida afecta la ausencia del Cabildo de Lanzarote en la reunión de este jueves?
- Bueno, creo que el Cabildo es una institución esencial en la resolución de este problema. Primero porque es, entre otros, el que recurrió este asunto y, segundo, porque ha recurrido las sentencias que impiden la legalización de estos establecimientos. Es el Cabildo de esta isla y el que tiene que tomar decisiones a favor de Lanzarote. Yo no concibo una solución a este problema sin que el Cabildo participe. Intentaremos seguir acercándonos y buscando una solución conjunta. El Gobierno tampoco va a omitir sus obligaciones pero, evidentemente, siempre será mucho más fácil una solución en la que también participe el Cabildo.
- ¿Seguiría entonces el Gobierno adelante aunque el Cabildo no prestara su apoyo para este tema?
- Nosotros somos muy respetuosos con los criterios de planeamiento insular que se establecen en los planes insulares. Otra cosa es que, analizando las sentencias que han recaído contra el planeamiento insular, se ve que se han cometido muchos fallos y se ha parcheado mucho en un plan que, por otro lado, debemos tener claro que es antiguo. En cualquier caso, el Gobierno siempre tendrá que ejecutar sus obligaciones, aunque agotaremos todas las negociaciones con todas las instituciones. No queremos marcarle la pauta a nadie, porque no es nuestro papel, pero estoy convencido de que al final nos pondremos todos de acuerdo. Estamos hablando de aspectos muy importantes para la economía de Lanzarote y de Canarias. En caso de que no se solucione este problema, y los hoteles se mantengan pero en situación irregular, ello supondría que los hoteles no podrían funcionar de esa manera, que los touroperadores no podrían confiar en esos establecimientos, que la parte más moderna del sector turístico de Lanzarote estaría precisamente viciada de esa falta de legalidad y seguridad jurídica, lo que afectaría mucho al interés general, y el Gobierno tiene que velar por el interés general.
- Vamos a ver. Yo voy a Lanzarote tantas veces como sea necesario. Si me hubiera convocado a mí el Cabildo, yo haría todo lo posible para asistir, y de eso que a nadie le quepa ninguna duda. Pero el problema es que, aparte de que como fue el Gobierno el que convocó esta reunión y cuando lo hace pues convoca en nuestra sede, también había otras justificaciones para que la reunión se celebrara en la sede del Gobierno canario: al encuentro asistieron el consejero de Empleo, muy preocupado con los efectos que puede tener la no solución de este problema, pues hay unos 10.000 puestos de trabajo, 4.000 directos y otros 6.000 indirectos en juego con este problema de los hoteles; también asistió la directora general de Promoción Económica, por las peticiones de información de la UE sobre los fondos que, en principio, están justificados; pero es que también estaba la Consejería de Turismo. Éramos muchas personas y todos con problemas de agenda. Desde luego, si el Cabildo de Lanzarote hubiera tomado la iniciativa y me hubiera citado allí, que no le quepa a nadie la menor duda de que yo habría ido. Creo que no justificarse sino por problemas de agenda y por el hecho de que la reunión no se celebre en Lanzarote, no es ni protocolariamente adecuado ni correcto desde cualquier punto de vista.
