Este lunes ha arrancado la tercera semana del juicio de una de las piezas del caso Montecarlo que está analizando la Audiencia Provincial de Las Palmas en Arrecife bajo la presidencia del magistrado Emilio Moya. En esta ocasión han declarado como testigos los diferentes concejales que formaron parte del Gobierno y de la oposición durante los años investigados (2008- 2012), los cuáles fueron un periodo político convulso con cambios constantes que hacen muy difícil seguir la pista de quién era quién en cada momento. Todos ellos, al menos los que han acudido, han negado que fueran condicionados por José Montelongo, concejal de Hacienda en los años investigados, a la hora de votar en los diferentes plenos asuntos que pudieran derivar en el favor de determinados intereses empresariales. Fueron contundentes a la hora de determinar lo que han explicado la mayoría de los políticos que han circulado por allí en estas dos semanas, que todo se hacía con los informes técnicos preceptivos. El actual parlamentario autonómico del Partido Socialista (PSOE) Pedro Viera, compañero en aquella época de Montelongo hasta que se le obligó a salir de la institución precisamente por la imputación en este caso, no acudió al juzgado para testificar, por lo que se ha pospuesto su testimonio al entender la defensa de uno de los acusados que es de gran relevancia. De hecho, en 2011 Viera era la persona que debía ocupar la Concejalía de Hacienda en el momento en el que se incorporara a sus labores como edil, motivo por el que fue el propio Montelongo quien tuvo que realizar esas funciones siguiendo instrucciones de su partido.
Cristina María Marrero, quien fuera concejala de Seguridad y Emergencias, respondió durante su testimonio a las diferentes preguntas de la defensa. La que fuera componente del Partido Popular (PP) en los años investigados afirmó no recordar de forma clara su participación en los plenos de noviembre de 2011, sobre el préstamo ICO, y de mayo de 2012, para la conformidad del Real Decreto con los proveedores. Marrero negó haber recibido cualquier tipo de presión por parte de José Montelongo. Además, aseguró durante un breve testimonio, como el del resto de los testigos de la jornada, que no le constaba que los diferentes concejales tuvieran acceso a los documentos que se presentaban en el Pleno.
Después declaró otro de los concejales del PP de la época, Vicente Jesús Dorta, quien afirmó que ocupaba la Concejalía de Oficina Técnica e Infracción de Movilidad. Al igual que su compañera de partido, Dorta informó de que no fue inducido por el acusado, José Montelongo, para cambiar su voto en los diferentes plenos. Acerca de su presencia en en los actos que son objeto también de análisis en el complejo proceso aseveró que no lo recordaba pero que “probablemente estuviera”.
El que fuera concejal de Nuevas Tecnologías, Parques y Jardines, David Rodríguez, también entonces en el PP, confirmó su presencia en los plenos analizados, respondiendo a las preguntas de la defensa y compartiendo la postura del resto de testigos negando presiones procedentes de José Montelongo. Ante la pregunta de si existían informes de carácter mediativo, Rodríguez afirmó que no había informes de este tipo, confirmando por otro lado, como ya se ha dicho en varias ocasiones durante el proceso judicial, que la relación entre el interventor y el tesorero era “mala”.
María Angela Hernández, componente también del PP y actual concejal en la institución que preside su compañera Astrid Pérez, confirmó su presencia en los plenos de noviembre de 2011 y mayo de 2012 y dijo que José Montelongo no condicionó su voto en ninguno de estos actos. Uno de los abogados de la defensa preguntó a Hernández si recordaba una serie de eventos que realizaron en los diferentes años investigados como fueron el mercadillo de San Ginés, la Feria de Cruceros, el mercadillo de Navidad de 2011, la Feria de Comercio de Altavista, las Campanadas del año 2011 y el correspondiente traslado del mercadillo de San Ginés debido a este suceso. La que fuera concejala aseguró recordar los diferentes eventos y las instalaciones pertinentes que se tuvieron que realizar en ellos.
Orlando Umpierrez, componente de Coalición Canaria (CC), afirmó no recordar si estuvo presente durante los plenos analizados pero recordó que “hay actas y seguramente estaba”. Al igual que el resto de testigos negó con rotundidad ningún tipo de acción por parte de José Montelongo para inducir su voto en aquellas sesiones. Acerca de la documentación presentada en los plenos, el concejal aseveró, ante las preguntas de la defensa, que la documentación estaba a disposición de los concejales y que “nunca se me negó documentación”. Umpierrez señaló que no existían informes de carácter negativo y que “poco se podía discutir si los informes eran positivos”, respondiendo así a la pregunta de la defensa de si los debates que se tenían en el Pleno eran de índole política.
El actual concejal de la Policía Local en el Ayuntamiento de Arrecife, Jacobo Lemes, fue otro de los representantes políticos que acudió a declarar. El componente de CC aclaró que durante los años que están siendo investigados él estuvo en la oposición y posteriormente fue el encargado de las áreas de Parques y Jardines, Tráfico, Policía Local y Juventud. Lemes confirmó su presencia en los diferentes plenos y que el que fuera concejal de Hacienda en esos momentos no realizó ningún tipo de coacción en su voto. Además, confirmó que los diferentes concejales tenían acceso a la documentación del pleno y que él mismo en persona fue a ver dichos documentos cuando estaba en la oposición.
Francisca Toledo Hernández, quien fuera concejala de Eduación y Deportes como componente del PSOE, negó durante su testimonio, como el resto de testigos, que José Montelongo la presionara de alguna manera para condicionar su voto. Ante la pregunta de cómo era la relación del interventor y el tesorero, Hernández afirmó que “buena comunicación no había”. Uno de los abogados de la defensa preguntó, al igual que a María Angela Hernández, si recordaba la realización de la Feria de Cruceros, evento el cual no recordaba exactamente. Francisca Toledo Hernández sí confirmó que recordaba las campanadas de 2011 y el traslado del mercadillo, además de las diferentes infraestructuras que se tuvieron que colocar.
Este martes continuarán los testimonios en una nueva jornada del caso Montercarlo; entre los testigos cabe destacar la intervención de la ex alcaldesa del PSOE en Arrecife Eva de Anta.
