Fotos: Cabildo/ Jesús Portero
El Cabildo firma este viernes al mediodía el convenio del Régimen Económico y Fiscal (REF) que corresponde al periodo 1999-2002 en contra del criterio expuesto durante la sesión plenaria celebrada este por la mañana de Partido Socialista Canario (PSC), Alternativa Ciudadana (AC-25M) y la abstención del Partido Popular (PP). En la sesión se trató un único punto, el referente a los acuerdos con el Gobierno de Canarias derivados de las sentencias favorables a los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura en materia de REF y que fue aprobado por mayoría y no por unanimidad.
Hay que destacar las grandes ausencias de consejeros en esta cita. Entre ellos, el popular Francisco Cabrera, las consejeras del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) Plácida Guerra y María José Docal, los socialistas Miguel Ángel Leal y Manuel Fajardo y los nacionalistas Juan Pedro Hernández y Ángeles García.
La oposición se mostró en contra de que la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, llevara a cabo dicha rúbrica asegurando que se ha negociado un mal acuerdo que detraerá más de 120 millones de euros a la Isla, cantidad que de forma global cifraron como la deuda histórica que arrastra la Isla a lo largo de los años por el mal reparto hecho de los Presupuestos Generales de la Comunidad.
El convenio no incluye el criterio de población y abonará en el mes de enero casi 3 millones de euros (3.828.917 euros) que corresponden a los criterios de gastos de gestión, al APIC (Arbitrio de Producción e Importación de Canarias) y al fondo de suficiencia. En este sentido, el portavoz de Alternativa Ciudadana, Pedro Hernández, denunció que se estaba llevando a cabo un acto de “vasallaje” y que el Cabildo de Lanzarote tuvo que haber “batallado”. Alegó que cuando los técnicos del Cabildo reconocen que la deuda real del Gobierno es de 3.828.917 euros, intereses de demora incluídos, que son cerca de 400.000 euros, Rojas renuncia a estos, descartando 900.000 euros.
Denunció además que en los últimos 15 años se ha detraido a la Isla una deuda de más de 120 millones de euros. Por su lado, la consejera por el Partido Popular (PP), Astrid Pérez, único partido político que se abstuvo puesto que los demás votaron en contra, aseguró que se trataba de un mal acuerdo ya que se negoció “perdiendo y no ganando”.
El consejero del PSC Carlos Espino aseguró que Lanzarote es “una isla que ha sido maltratada en los presupuestos que sabemos que se adeudan más de 20.000 millones de pesetas, una isla a la que además se le saquea dinero cobrando gastos que no proceden”, para luego añadir que “el Gobierno amenaza con tener cuatro años esto parado en los tribunales con recursos para llegar a un acuerdo en el que se le detrae”.
Por su parte, la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, explicó durante el pleno que en el acuerdo entre Fecai y Gobierno de Canarias los primeros renunciaban a 49 millones de euros y rebajaron la cantidad a 45 millones con el objetivo de que estos fueran pagados de una sola vez a principios de enero y no a plazos.
Renunciaron de esta manera a casi un millón de euros a cambio de que el Gobierno firmara una cláusula donde a partir de ahora no se cobrarán más intereses de demora a cabildos. Además, Rojas alegó que se intentó evitar que el juicio se dilatara en el tiempo. “Están preocupados en aparecer ante la opinión como los buenos y que están diciendo que el Gobierno nos roba y que le regalamos”, aseguró Rojas en referencia a la oposición.
Cabe destacar que los casi 3 millones de euros serán ingresados en enero. Por otro lado, se le añadirá la cantidad de 1,6 millones de euros ya aprobados del criterio de población. El 40% irá a parar a los ayuntamientos, así que el Cabildo se reunirá previsiblemente en Junta de Portavoces para determinar la finalidad que se le va a dar a dicho dinero.
Por otro lado, el Cabildo prefirió esperar a la sentencia sobre el IGIC que espera Gran Canaria, ya que puede resultar beneficiosa para la Isla.
El 40% de los casi 3 millones de euros irá a parar a los ayuntamientos
El acuerdo aprobado este viernes en pleno implica que el Gobierno de Canarias pague a los cabildos, en este caso al Cabildo de Lanzarote, una cantidad que en su momento el Gobierno cobró de más por los gastos de gestión, por el APIC, que es otro arbitrio que en su momento se extinguió y que no se había liquidado, y por el fondo de suficiencia. Por lo tanto, a Lanzarote le corresponden 2.919.853 euros en concepto de esas tres cosas. El 40% de los casi 3 millones de euros irá a parar a los ayuntamientos.
La Carta Municipal, marco que regula como se distribuyen los fondos que corresponden a los ayuntamientos, repartirá distribuyendo según la población, los núcleos que tiene, las dimensiones, etc. Lanzarote distribuirá según los criterios de la Carta que están en vigor en 2006 pero a Tinajo se le pagará lo mismo que a Haría y esa diferencia la va a poner el Cabildo de su dinero.
El criterio de población, 1,6 millones de euros que no fue incluído en la rúbrica, se contabiliza aparte porque lo que se ha hecho es una nueva redistribución ya que cuando se hizo la distribución por el criterio de población se destinó más cantidad de dinero a unos cabildos que a otros.
En este sentido, Gran Canaria se benefició de unos 8 millones de euros más de lo que le correspondía. El consejero de Hacienda, Luis Arraez, manifestó a este medio en relación a este asunto que “en definitiva, a Lanzarote le ha correspondido por esta sentencia unos 5 millones y medio de euros, hoy firma casi 3 millones y ya al resto se le ha dado el visto bueno también”, cantidad que aseguró se pagaría en enero.
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