El parlamentario lanzaroteño del Grupo Nacionalista Canario y presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha instado este martes al Gobierno de Canarias a implicarse de forma activa en la defensa de la flota atunera de la isla, trasladando al Estado la demanda de flexibilización de los requisitos de tripulación exigidos actualmente por Marina Mercante.
Durante su intervención en el Pleno del Parlamento, Betancort preguntó al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, por las actuaciones previstas para facilitar que los atuneros de hasta 24 metros de eslora puedan faenar legalmente con solo dos titulados a bordo, un patrón polivalente y un jefe de máquinas. Esta solicitud, impulsada por la Cofradía de Pescadores de San Ginés, ya ha sido elevada sin éxito al Ministerio.
“El modelo de tripulaciones mínimas impuesto en 2023 por Marina Mercante no tiene en cuenta la realidad de nuestra flota artesanal. Exigen un segundo patrón para realizar guardias nocturnas, cuando nuestros atuneros no trabajan por la noche, salvo en momentos muy puntuales. Es una exigencia que amenaza con dejar amarradas nuestras embarcaciones”, denunció Betancort.
En la actualidad, según afirma este martes en nota de prensa Coalición Canaria, la flota atunera de Lanzarote ha quedado reducida a seis barcos (Ave María Segundo, Cima de Oro, Izar Alde, Monte Arballu, Santuario Barquereño y Zeruko Erreguiña), frente a los 21 atuneros activos en 1999. Esta drástica reducción se debe a la falta de relevo generacional y a una normativa que no contempla las particularidades de la pesca con caña en Canarias.
El diputado nacionalista ha advertido que, de seguir así, la actividad pesquera tradicional está condenada a desaparecer. “Lo que pedimos es sentido común. Esta flota trabaja con un sistema artesanal que respeta el mar y la especie. No puede recibir el mismo tratamiento que otras formas de pesca industrial”.
Como ejemplo del impacto que esta normativa ya está causando, Betancort recordó que el atunero Monte Arballu permanece amarrado desde 2022 ante la imposibilidad de reunir los tres titulados exigidos por ley. “Este barco está perdiendo su licencia de pesca, su historial de capturas y su cuota, por culpa de una regulación mal adaptada”, alertó.
Encuentro directo con las cofradías
Paralelamente, durante el Pleno del Parlamento, Oswaldo Betancort mantuvo una reunión de trabajo junto al consejero del Gobierno de Canarias Narvay Quintero y los representantes de las cofradías de pescadores de Lanzarote.
“Queremos escuchar directamente al sector y construir soluciones desde el conocimiento de su realidad. No se puede legislar desde un despacho sin pisar puerto”, señaló el diputado de Coalición Canaria.
Betancort concluyó insistiendo en que Canarias necesita un marco regulatorio que reconozca su singularidad y proteja al sector primario como parte esencial del tejido económico, social y cultural del Archipiélago.
