El consejero Domingo Berriel visitó la pasada semana el Cabildo de Lanzarote.
- Berriel asegura que los casos de Lanzarote son distintos a otros como Barbecho, en Tenerife, ya que se carecían de planeamiento municipal en el momento del asentamiento. Cree que la solución que pretende Costas es “disparatada y ficticia” ya que no pueden modificarse unos planeamientos iniciales que ni si quiera existían
- En cuanto a la intervención de Marcos Hernández, Berriel asegura que “si el senador por Lanzarote pensaba que el Gobierno canario podía sacarse una solución de la chistera, entonces ha entendido mal”
Los vecinos de La Santa y El Golfo están sufriendo días de incertidumbre tras los planes anunciados por Costas.
“Nada más podemos acreditar, el tema sólo está en la voluntad de Costas y del Ministerio de Medio Ambiente. Pedir imposibles es lo mismo que no querer arreglar el problema”. Así de rotundo se mostró este jueves el consejero de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias, Domingo Berriel, en relación al expediente de los asentamientos de La Santa, en Tinajo, y El Golfo, en el municipio de Yaiza.
Por un lado, desde las instituciones canarias se sostiene que ambos núcleos de población tenían carácter urbano antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, en el año 1988, por lo que el deslinde marítimo-terrestre que pretende el Estado del dominio público no afectaría a cientos de viviendas de ambas zonas. Por su parte, el Gobierno central defiende que ese carácter urbano no queda suficientemente acreditado, con lo que serían necesarios varios derribos.
Al respecto, Berriel recordó que la Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), después de estudiar las acreditaciones a través de informe municipales y documentación histórica de esos núcleos, acordó en su día que esos núcleos tenían la consideración de urbano, puesto que así se demostraba con suficiente acreditación, a la entrada en vigor de la Ley de Costas.
“Según el Tribunal Supremo, acreditando de forma fáctica que tenían suficiente consolidación, por población y servicios básicos, debían haberse considerado como urbanos”, dijo Berriel.
Este acuerdo de la Cotmac fue certificado y remitido a la Dirección General de Costas, cuyos dirigentes han entendido que esa acreditación era insuficiente. “Quieren más acreditación y la verdad es que la Cotmac no tiene más elementos de justificación”. Según el consejero Domingo Berriel, ahora, tras el recurso de Costas al certificado de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, la única posibilidad que hay para demostrar que los asentamientos eran urbanos en La Santa y El Golfo se basa “en que Costas retire el recurso y reconozca la acreditación que la COTMAC emitió acerca de esos territorios”. Con dicho recurso, además, Costas solicitó la suspensión del acuerdo tomado en la Cotmac, una petición que ha sido concedida cautelarmente por los tribunales.
Tras recurrir los expedientes de derribo de las viviendas incluso con los informes favorables de la Cotmac, desde Costas se aseguró que el asunto quedaría zanjado en cuanto se acreditara que el pueblo de La Santa era un núcleo urbano en 1988 y que ya aparecía en el Plan General de Tinajo. Este era el objetivo de la reunión que el senador por Lanzarote, el socialista Marcos Hernández, preparó y que se celebró la pasada semana en Las Palmas. Sin embargo, a pesar de que en este nuevo envite Berriel entregó al directort general de Costas, José Fernández, toda la documentación que acreditaba que el pueblo de La Santa era un núcleo urbano, desde el departamento estatal todavía no se dan por satisfechos.
Fiscalización de las decisiones de instituciones canarias
Para Berriel, “el que Costas no cree suficientemente autorizado el carácter urbano de La Santa y El Golfo significa dos cosas: una, que no se respeta lo que las instituciones canarias acuerdan, y dos, que Costas fiscaliza el acuerdo de la Cotmac, lo que nos resulta absolutamente inaceptable”, afirmó.
En declaraciones a El Despertador, de Agustín Acosta Radio, el consejero precisó este jueves que para tomar el acuerdo en la Cotmac se habían analizado previamente “fotografías aéreas, datos históricos, certificados de los ayuntamientos y todo tipo de información que se pudo recabar”.
De ahí el malestar existente en la Consejería regional ante la actuación de la Dirección General de Costas. “Nosotros somos los competentes en materia urbanística y no tomamos las decisiones arbitrariamente, ¿es que creen que somos unos incompetentes?”, cuestionó el consejero.
Por todo ello, y ante el rechazo reiterado también por parte de los ayuntamientos de Tinajo y Yaiza a los acuerdos de Costas, Berriel anunció que el Gobierno canario “defenderá ante los tribunales el carácter urbano de La Santa y El Golfo, una certificación de la COTMAC que no entendemos por qué ha sido recurrida por Costas y anulada cautelarmente”.
Sin planeamiento inicial en los casos de Lanzarote
El consejero fue más allá en sus explicaciones y precisó que en los casos de La Santa y El Golfo, en el momento de su asentamiento, “ni siquiera existía una planeamiento municipal”.
Como casos contrarios, Berriel puso como ejemplos otros expedientes existentes en Canarias en relación al deslinde de dominio público que pretende Costas, y explicó que, de acuerdo a la “Disposición transitoria 7º de la Ley de Ordenación, cuando no existe planeamiento, la competencia urbanística existente es la que debe certificar el carácter urbano o no de un asentamiento, que en este caso tenía un alto grado de consolidación”. Y eso fue precisamente lo que la Cotmac hizo, según el titular de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias.
El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, trata de asesorar a los vecinos afectados el anuncio del deslinde.
Sin embargo, en otros casos que también han pasado por la Cotmac, como por ejemplo la zona de Agache, en Tenerife, sí había planeamiento en el momento del asentamiento, por lo que “sí es normal que estos núcleos de asentamiento tengan carácter urbano, como hemos alegado”. Por ello, a Berriel le parece “algo disparatada” la solución que en los expedientes de La Santa y El Golfo ha aplicado Costas y ha apoyado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), consistente en cambiar el planeamiento inicial. “Pero si en los casos de Lanzarote ya hemos certificado que ese planeamiento no existía. Es una teoría ficticia”, aseveró.
En cuanto a la intervención del senador por Lanzarote, Marcos Hernández, en la intermediación de este conflicto entre las tres administraciones implicadas, Ayuntamiento, Gobierno regional y Ejecutivo central, Berriel aseguró que “el senador quizás entendió que desde el Gobierno canario podíamos sacarnos una solución de la chistera; pues ha entendido mal, simplemente”, concluyó.
