- Dimas Martín asegura que en el PIL se eligió a Batllori de asesor de los concejales insularistas y de la dirección de Inalsa porque se descartaron dos asesores, José Manuel Fiestas y Juan Carlos Becerra, debido a su alto parentesco con ediles de la Corporación capitalina
El exviceconsejero de Justicia del Gobierno canario y el líder histórico del PIL, Francisco José Rodríguez Batllori y Dimas Martín, respectivamente, han tratado de desmontar este viernes, durante la segunda jornada del primer juicio por el caso Unión, que las acusaciones de José Miguel Rodríguez, el exconcejal de Hacienda de Arrecife, sobre los cobros de Inalsa y Arrecife (unos 23.000 euros en el primer caso y más de 17.000 euros en el segundo) "por no realizar trabajo alguno".
Rodríguez, que confesó la presunta malversación de caudales públicos y que devolvió los 17.000 euros que autorizó pagar a Batllori mientras era responsable de Hacienda en la capital, aseguró este jueves que "todos los concejales del PIL sabíamos que Batllori no realizaba trabajo alguno para Arrecife" y que incluso tuvo que decirle a Dimas Martín, ante la insistencia de éste para que se abonaran las facturas que Batllori presentaba, que "Arrecife no era ninguna ONG".
En este sentido, el exviceconsejero de Justicia del Gobierno canario y el líder histórico del PIL han negado reconocerse en las conversaciones telefónicas que mantuvieron, y que han sido reproducidas en Sana, y en las cartas que se intercambiaban. Según la Fiscalía, Batllori escribía y llamaba con asiduidad a Dimas Martín para asesorarle exclusivamente en asuntos relacionados con su situación penitenciaria. Ambos han insistido este jueves, previsiblemente buscando la suspensión del procedimiento por los numerosos defectos formales, con frases como "no me reconozco en esa conversación", y "esa no es mi letra ni mi firma". Así lo repitieron en varias ocasiones a preguntas del fiscal, Javier Ródenas, y de los propios abogados del resto de acusados. De hecho, en relación a los defectos formales que este jueves ya alegaron las defensas tratando de conseguir la nulidad del proceso, cabe destacar que el propio presidente de la Sala de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, ha llegado a destacar que "la instrucción del caso Unión no es un ejemplo a seguir".
Batllori ha reconocido que recibió varios documentos de la exconcejal de Recursos Humanos Luisa Blanco, sobre la necesidad de reestructurar y ordenar la plantilla del Ayuntamiento de Arrecife, "con la que había conflictividad al no existir una Relación de Puestos de Trabajo ni un Reglamento interno". Del mismo modo, el acusado ha insistido en que participó del asesoramiento laboral para Inalsa en varias reuniones, en dos de las cuales al menos el propio Dimas Martín ha reconocido que participó, una con presencia de la exconsejera delegada de Inalsa Plácida Guerra, y del ex gerente Rafael Elorrieta, y otra en la que también participó en entonces abogado Juan José Cobo Plana, "para asesorar sobre el posible alcance de la Ley concursal" a la que meses después fue sometida la propia Inalsa.
El fiscal ha llegado a cuestionar a Batllori, a tenor de una de las conversaciones telefónicas, si siendo viceconsejero de Justicia desconocía que no podía cerrarse ningún acuerdo verbal para la prestación de servicios con ninguna institución. Al hilo de otra conversación, Ródenas ha preguntado a Batllori si consideraba que la afiliación a una asociación determinaba el sentido del voto de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de los que Batllori habla en una conversación con Dimas Martín, en la que el abogado y exconsejero canario
Por su parte, Dimas Martín ha asegurado que en el PIL se eligió a Batllori de asesor de los concejales insularistas y de la dirección de Inalsa porque se descartaron dos asesores, José Manuel Fiestas y Juan Carlos Becerra - los que al parecer nunca se les comunicó tal posibilidad- debido a su alto parentesco con ediles de la Corporación capitalina. Martín ha negado que Batllori le prestase asesoramiento privado y personal sobre su situación penitenciaria, a pesar de que en una de las conversaciones telefónicas éste le hablara de la composición del Tribunal que resolvería su concesión de tercer grado penitenciario, del recurso de la fiscal que retrasó dicha concesión, e incluso le recomendara contratar a un asesor de imagen de cara a los medios de comunicación. "Uno es de derechas, otro nada y otro pertenece a Jueces por la Democracia", decía Batllori a Martín en uno de los pinchazos telefónicos.
En otro diálogo, que data de mayo de 2009, en el que también surge el nombre del periodista Chavanel, Martín comunicaba a Batllori, en un tono visiblemente de decepción, que "hay que agradecérselo a Antonio Castro -presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias- refiriéndose a la denegación del tercer grado penitenciario por parte del Alto Tribunal.
El líder histórico del PIL ha negado que se intercambiara epístolas desde su celda de Tahíche con Batllori ni con José Miguel Rodríguez, y ha desmentido que tuviera influencia en las decisiones políticas del PIL. "José MiIguel Rodríguez fue nombrado coordinador del PIL en Arrecife tras la marcha de Antonio Hernández, y yo dejé de tener capacidad alguna sobre el partido tras el año 2002", ha dicho.
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