La presidenta del Partido Popular (PP) de Lanzarote, Astrid Pérez, ha vuelto a insistir en la necesidad de regular el alquiler vacacional en suelo turístico ya que la prohibición que actualmente se plantea en el borrador del Gobierno de Canarias “lo único que va a provocar es que la actividad se desarrolle de forma ilegal”.
En este sentido, Pérez recuerda este jueves en nota de prensa además las tres sentencias judiciales que señalan que no se pueden prohibir la existencia de viviendas vacacionales en suelo turístico.
La presidenta de los populares defiende que el modelo turística de las viviendas vacacionales en Lanzarote “da respuesta a una necesidad del mercado que demanda este tipo de servicio diferenciado del resto de la oferta alojativa en la Isla” y que “para nada supone competencia desleal ni consumo de suelo”.
“Para muchas familias y también para muchas pequeñas empresas del sector de la restauración esta modalidad ha supuesto una fuerte inyección económica que sin duda ha ayudado a la reactivación de la economía insular”, señala Pérez.
Tras algunas de las afirmaciones realizadas por el responsable del equipo redactor del PIOL en el Consejo de la Reserva de la Biosfera en contra el alquiler vacacional, Astrid Pérez, ha vuelto a insistir en que “a las Administraciones lo que les corresponde es dotar de una regulación adecuada a la modalidad turística de las viviendas vacacionales fuertemente demandada, en base a criterios de calidad de la oferta, protección del consumidor e impositiva pero sin limitaciones arbitrarias a la competencia, tal y como ya ha puesto de manifiesto el TSJC”. “Se trata- señala la presidenta y parlamentaria regional del Partido Popular de que Canarias realice una regulación responsable y realista de esta modalidad turística”.
“En estos aspectos es donde se debe hacer hincapié por parte del Gobierno de Canarias que es quien tiene las competencias exclusivas en la materia. Lo que no se puede hacer es introducir perjuicios gratuitos contra una modalidad que, de no regularse o, incluso prohibirse, lo único que conseguiría sería avocar a la clandestinidad a una fuente de ingresos que, correctamente regulados acabarían rev en el conjunto de la sociedad”.
Tal y como comentó el propio Ezquiaga, un plan debe ser respetuoso con las sentencias judiciales y no puede suponer evitar dar cumplimiento a los fallos judiciales, tres hasta el momento. Dicha teoría, recuerda la presidenta del Partido Popular, Astrid Pérez, debe aplicarse también a las viviendas vacacionales, como es el caso, y recalca que Canarias es la única comunidad autónoma que mantiene la prohibición de la oferta vacacional en zonas turísticas.
Esta prohibición contenida en el Decreto de CC y PSOE ha favorecido precisamente que la oferta de alquiler vacacional se haya extendido a zonas urbanas en detrimento del alquiler tradicional.
“Este hecho unido a que en la última década el Gobierno de Canarias no ha ejecutado ningún proyecto de construcción de vivienda social en Lanzarote es lo que ha provocado la escasez de vivienda en la isla y la carestía de la misma”, afirma la dirigente del Partido Popular.
