Este miércoles ha amanecido finalmente con los operarios del Ayuntamiento de San Bartolomé comenzando las labores para eliminar de la Avenida Mamerto Cabrera y de la carretera LZ-2 los restos de la antigua discoteca Maui. El alcalde del municipio, el socialista Isidro Pérez, ha estado supervisando directamente los anhelados trabajos de desaparición de lo que era una auténtica ruina. Con esta acción se ha puesto fin a un tremendo culebrón que ha llevado incluso a un enfrentamiento público entre el Consistorio de San Bartolomé, gobernado con mayoría absoluta por el Partido Socialista (PSOE), y el Cabildo de Lanzarote, gestionado en pacto por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP). Primero los socialistas pretendieron que fuera la Primera Corporación la que se hiciera cargo del derribo y posteriormente fue la institución insular, después de no pocas polémicas, la que dejó claro que la competencia era enteramente municipal, llegando incluso y no precisamente de forma amigable a instar a la declaración de ruina y al posterior derribo.
De esta forma por tanto llega a su fin una historia que comenzó el pasado 29 de mayo cuando desde el Consistorio su concejal de Urbanismo, Marlene Romero, señaló en el programa "A Buena Hora" al Cabildo de Lanzarote como la institución responsable que debía hacerse cargo del derribo al encontrarse en la carretera insular y ser parte de la servidumbre de carreteras. “La discoteca Maui es un debate que hemos tenido durante años. Es un inmueble que está en manos privadas y en servidumbre de carreteras regionales en este caso que están delegadas a la Corporación insular. Nosotros, como Ayuntamiento, no tenemos margen de maniobra. Lo que hemos hecho desde la Oficina Técnica que yo dirijo ha sido un informe de ruinas”, adelantó la concejal. Las declaraciones de la socialista abrieron la caja de Pandora y comenzaron los intercambios de notas de prensa y declaraciones en este medio de comunicación pasando de una mano a otra, de un representante público a otro, la responsabilidad de un derribo que parecía que al igual que todo lo que pasa en Lanzarote, se iba a enquistar y quedar en punto muerto.
La respuesta desde el Cabildo, más concretamente desde el área de Obras Públicas de Jacobo Medina, fue que se tenía un informe que determinaba que la responsabilidad era para San Bartolomé. “El informe técnico que tiene el Cabildo respecto a la Maui tira por la borda el discurso feroz del Ayuntamiento de San Bartolomé y demuestra que el derribo es sólo responsabilidad suya”, afirmó. Tras varios dimes y diretes el pasado mes de diciembre el consistorio decidía remangarse y finalmente tomar la iniciativa para acabar con un problema para su municipio no sólo de estética sino también de seguridad para aquellos vehículos que circularan por la transitada vía. Sin embargo apareció una nueva piedra en el camino, los propietarios. El pasado 5 de julio el alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, informó en el programa “A Buena Hora” de Crónicas Radio de la paralización del proceso de demolición de los restos de la antigua discoteca Maui, situados en la Avenida Mamerto Cabrera de Playa Honda, tras la solicitud por parte de la propiedad de una medida cautelar al Juzgado al no estar de acuerdo con el derribo de la escasa infraestructura que aún se mantiene en pie. La situación, supuso un retraso en el procedimiento abrió ya para terminar con un mamotreto horroroso que llevaba décadas en una permanente ruina. La noticia enfadó notablemente al dirigente socialista, que no se esperaba que cuando todo estaba orientado hacia una solución sencilla aparecieran ahora estas nuevas pretensiones de unos propietarios que desde luego llevan mucho tiempo sin preocuparse de lo que ha sucedido en el inmueble.
Unos días después, el concejal de Servicios Públicos, Vías y Transporte del Ayuntamiento de San Bartolomé, Raúl de León, confirmó en el programa que dirige Alfonso Canales que el Juzgado rechazaba finalmente la cautelar solicitada por los propietarios de los restos de la discoteca Maui situados en la Avenida Mamerto Cabrera de Playa Honda. Según el auto, al que ha tenido acceso este diario, el magistrado Alfonso Silos López de Haro del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria desestimó la medida cautelar representación de la entidad SANTOSA INCORPORACION S.L.
(Avance informativo)
