Ante la inminente publicación del pliego de condiciones para la implantación de la gestión indirecta en el ciclo integral de producción, distribución y saneamiento del agua en Inalsa, Alternativa Ciudadana 25 de mayo (AC25-M) ha manifestado este viernes su rotundo rechazo a un proceso que, entiende, no haría más que mermar los derechos de la ciudadanía.
En un comunicado remitido a Crónicas, Alternativa recuerda que a pesar de las promesas electorales tanto de CC como del PSOE de defender la gestión pública de INALSA, "ahora hacen lo contrario". A su juicio, "se ha optado por lo más fácil, la privatización con la excusa de que la deuda es tanta que no se podría pagar". Por el contrario, en Alternativa están convencidos de que "con esta estrategia de la privatización quieren salvar el patrimonio de los responsables de la situación de INALSA, y estamos seguros de que aunque el presidente [Pedro San Ginés] haya intentado esquivar reconocer su intención de privatizar Inalsa desde el principio, su recorrido ha ido encaminado a este fin".
Para los asamblearios, dejar la empresa en manos privadas supone perder la inversión que se ha realizado con dinero público en la empresa desde su creación. "Cinco plantas desaladoras, un contrato privilegiado con la compañía suministradora de electricidad, así como el aprovechamiento de la energía eólica se entregarán casi de manera prácticamente gratuita a manos privadas sin ninguna garantía", lamentan.
Por otra parte, AC25-M entiende, y así lo ha hecho público en varias ocasiones, que existen otros factores diagnosticados que están perjudicando la salud de la empresa y que no se han atajado aunque se ha contado con un margen considerable para hacerlo. "Nos referimos a la existencia de 80 desaladoras ilegales que el Consejo Insular de Aguas podría haber denunciado, así como a las pérdidas en la red, que suponen una pérdida aproximada de un 50% de la facturación".
Alternativa recuerda en tono crítico que durante la sesión plenaria del 16 de julio, en la que el equipo de gobierno de CC y PSOE aprobó las bases de esta adjudicación de la gestión indirecta del ciclo integral del agua de Lanzarote, el presidente acusó a la oposición de quejarse mucho y no aportar propuestas de soluciones al problema de INALSA. "Por nuestra parte quisimos hacer un esbozo de la propuesta", alegan, "pero se nos negó el tiempo oportuno para su explicación".
El escrito de Alternativa continúa señalando que los asamblearios consideran que "no se ha jugado la baza esencial que el Consorcio Insular de Aguas tiene a la hora de plantear el convenio. Se ha obviado que el Consorcio Insular del Agua de Lanzarote, desde abril de 2012, por sentencia judicial, es un Ente Local". Ello significa, apuntan, que, como cualquier ayuntamiento o el mismo Cabildo, "no son embargables sus bienes adscritos a los servicios públicos o los que sean de dominio público. Los acreedores, en caso de rechazar la propuesta de convenio y reclamar por vía judicial la deuda al mismo, tras la liquidación de INALSA, se pasarían entre 10 a 15 años en pleitos para cobrarla. Este dato lo han confirmado tanto el abogado externo del Cabildo para Inalsa como el Juez de lo Mercantil responsable del expediente.
Esto significa, aduce Alternativa, que a los acreedores les podrá interesar más cobrar a largo palzo, ahorrándose las minutas de abogados y procuradores, además del "desasosiego que imponen los tribunales".
AC 25-m propone
Alternativa Ciudadana 25-M considera que la solución se encuentra más cerca. El Cabildo de Lanzarote, con la representación que ostenta en el Consorcio Insular del Agua, "debe paralizar la publicación del pliego de condiciones para privatizar INALSA y proponer que se apruebe un nuevo convenio ante la Junta de Acreedores que contenga los siguientes términos:
- Que el Consorcio del Agua recupere la gestión completa del ciclo integral del agua.
-Que el Consorcio Insular de Agua de Lanzarote pida responsabilidades patrimoniales por las consecuencias derivadas de la gestión de la empresa pública de agua INALSA.
-Que el Consorcio Insular de Agua asuma el resto de la deuda de INALSA, con una quita que corresponda al mismo importe que el mismo adeuda a ENDESA y se establezcan los plazos para su liquidación entre 15 y 20 años, a partir de la firma del convenio.
Y por otra parte abrir el Consejo de Administración del Consorcio Insular de Aguas a las organizaciones sociales de la isla y que la dirección técnica sea llevada por profesionales expertos y por último, que el Consorcio Insular del Agua asuma la plantilla de trabajadores.
Garantías
Con esta propuesta se garantizaría:
a) La gestión del ciclo integral del agua sea pública. Habría plena garantía del acceso al agua y al saneamiento a toda la ciudadanía, eliminando de raíz la ideología mercantilista del grupo de gobierno que ve el agua como una mercancía y no como un derecho de los ciudadanos.
b) Los trabajadores tendrán mayor seguridad en sus puestos de trabajo a diferencia que si son subrrogados a una empresa privada. El ERE sería inminente a pesar de acuerdos de “paces sociales”. No olvidemos que los que prometen esta paz despidieron injustamente a un trabador de los Centros Turísticos por manifestarse en contra de la gestión de los mismos.
c) No queden impunes los verdaderos responsables de la pésima gestión de INALSA hasta que fue concursada. No sería legítimo que nuevamente los ciudadanos de Lanzarote soportáramos posibles subidas del precio del agua para el pago de su irresponsabilidad.
d) Con la creación de un Consejo de Administración abierto a las organizaciones sociales de la isla existe un control exhaustivo de la empresa.
El agua es un derecho humano fundamental y su gestión no puede convertirse en un negocio que sacrifique las garantías de los ciudadanos", concluye Alternativa.
