Alternativa Ciudadana 25 de mayo (AC25-M) ha presentado, para su discusión en el próximo pleno que se celebre en el Ayuntamiento de Arrecife, una moción, en la que los asamblearios van a solicitar la suspensión del acuerdo adoptado en el pasado pleno del día 6 de mayo, donde se aprobaron los presupuestos para el 2013.
Este acuerdo modificó las Base de Ejecución del Presupuesto del 2013, ya que cambia el protocolo de gastos generados por la defensa jurídica de los trabajadores públicos y los cargos políticos. Ahora, recuerda Alternativa, se abre la posibilidad que puedan pedir el dinero antes de la resolución y sentencia en firme de la causa. "Todo esto, en contra de los informes de los técnicos y del sentido común, ya que tal como informan los técnicos, en caso de resultar culpable el imputado, el Ayuntamiento se vería obligado a iniciar un expediente de reclamación de ingresos indebidos, con un resultado incierto y un posible perjuicio al Ayuntamiento", mantienen los asamblearios en la nota informativa en la que dan cuenta de su nueva moción.
Este acuerdo, a propuesta de la concejal "tránsfuga" Nayra Callero [exedil del PP y actualmente en el Grupo de Los No Adscritos], contó con la aprobación de los concejales de Coalición Canaria, Partido Socialista y la concejal no adscritas Emilia Perdomo, exmunícipe del PIL.
Alternativa Ciudadana asegura que ha podido comprobar que desde el momento en que la aprobación definitiva de esta propuesta fue hecha pública y dada a conocer a la población, ya no solo de los vecinos de Arrecife, sino a los de toda la isla de Lanzarote, "ha contado con el total rechazo por parte de estos vecinos. Se ha creado una alarma social innecesaria, que a lo único que conduce es al descrédito de la política y de los políticos".
Alternativa Ciudadana 25 de mayo señala que ha estado en todo momento en desacuerdo con la aprobación de esta propuesta. "Dejamos claro nuestro parecer en el salón de plenos. Que con nuestro voto no se podía contar para obtener, por parte de los representantes públicos, ningún favor", afirman.
Alternativa concluye garantizando que "no va a justificar que los responsables políticos puedan beneficiarse y hacer uso, preventivamente, del dinero público, para solventar unos más que dudosos comportamientos en sus quehaceres diarios en las corporaciones".
