Alternativa Ciudadana 25 de Mayo (AC-25M) ha advertido este jueves de que el Cabildo y la Administración de Inalsa están intentando desviar la atención para preparar la entrada de capital privado en la empresa pública. Así lo aseguran los asamblearios en un comunicado de prensa.
Alternativa Ciudadana entiende que el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y los miembros de su Corporación no pueden ser garantes de los intereses públicos. "No podemos olvidar el intento de privatización, por parte del presidente del Cabildo y la mayoría de miembros de su grupo de gobierno, de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, seña de identidad de los lanzaroteños, que se evitó, recuerdan, gracias a la movilización de los trabajadores del Cabildo y los ciudadanos de Lanzarote. "La memoria es frágil y cabe destacar que San Ginés nombró como miembro del Consejo de Administración del Consorcio del Agua a personas a las que ahora se les pide el embargo de bienes y que han sido responsables del saqueo de Inalsa", aducen.
Para los asamblearios, el presidente del Cabildo pretende hacer ver a la opinión pública que se está enfrentando a la Administración Concursal de Inalsa para defender los intereses de los ciudadanos de la Isla, pero, aseguran, "la verdad es que hasta hace poco tiempo felicitaba a los administradores concursales por el despido de 35 trabajadores de la empresa y justificaba el sueldo escandaloso de éstos con el argumento de que lo permitía la ley". Por todo ello, Alternativa cree que San Ginés está confundiendo a la opinión pública con sus declaraciones, con la intención de preparar la incorporación de capital privado a Inalsa.
Piden responsabilidad patrimonial de gestores más antiguos
Por otro lado, y ante la polémica suscitada por la demanda presentada por parte de la Administración Concursal de Inalsa ante el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, en la que solicita el embargo preventivo de bienes a los miembros de los consejos de administración de la empresa desde el año 2006 hasta 2009, Alternativa considera que la responsabilidad de la situación de quiebra de Inalsa va mucho más allá. Alternativa cre que si esa responsabilidad alcanzara a los miembros de los consejos de administración de los últimos diez años, se podrían depurar las responsabilidades por los “pelotazos” de la planta de Janubio y de las nuevas oficinas de Punta de los Vientos, "que tanto daño le han hecho a la economía de la empresa". En el primer caso, argumentan, por tener que pagar 12 millones de euros por una nave que no vale ni un millón, y en el segundo, por pagar a empresas “amigas” más del doble de lo que se adjudicó en concurso.
A juicio de Alternativa, de las 19 personas a las que se les pide el embargo de bienes (8 del PSOE; 6 del PIL; y 5 de CC), 14 son cargos públicos en la actualidad, y, sostienen, "sin ningún pudor", la práctica mayoría de ellos, volverán a presentarse a las próximas elecciones para continuar “gestionando” y “defendiendo” los intereses ciudadanos.
