La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto este martes a todos los acusados de la vista realizada por los supuestos pagos irregulares por casi un millón de euros a cargo del Ayuntamiento de Yaiza al letrado Felipe Fernández Camero. Esta resolución judicial, que viene a poner fin a uno de los casos más polémicos que se produjo en Lanzarote hace ya un par de décadas como consecuencia de la conocida como moratoria turística, llega tras considerar que estos pagos estaban amparados por un acuerdo del Pleno municipal y responden a servicios reales, por lo que no supusieron, tal y como relata el fallo que ha hecho público el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el “expolio” que se llegó a denunciar desde la Fiscalía.
Todos los encausados estaban acusados por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad. Por ello, se enfrentaban a severas condenas de cárcel atendiendo a la petición planteada por el Ministerio Fiscal, a la que se adhirió la acusación particular de Transparencia Urbanística.
De este modo, después de muchos años de espera y dentro siempre de la lentitud con la que actúa la justicia de este país, quedan absueltos los ex funcionarios Vicente Bartolomé y Antonio Fernández, el ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes y el letrado Felipe Fernández Camero, que en su día y durante muchos años también fue secretario del Ayuntamiento de Arrecife.
Para los magistrados es relevante que Fernández Camero realmente prestó los servicios por los que cobró y sus honorarios no fueron “excesivos o desproporcionados”. Por ello, descartan el delito de malversación, ya que como afirman en la sentencia, “no consta la existencia de daño o posible perjuicio a los intereses municipales, cuyas pretensiones, por otra parte, en muchos procedimientos fueron resueltas favorablemente”.
Además, la Audiencia no observa ninguna prueba que determine que los interventores y el ex alcalde prevaricaron con la contratación de los servicios jurídicos del letrado. También estiman que ha quedado acreditado que no existió "un concierto o acuerdo de voluntades entre los cuatro acusados tendente a expoliar fondos públicos" del Consistorio. .
