El Partido Socialista (PSOE) de Carlos Espino y María Dolores Corujo, que es como le gusta definirlo a los dirigentes de Coalición Canaria (CC), ha tenido en las últimas décadas varios caballos de batalla vinculados con el urbanismo y con los hoteles que se construyeron en su día por culpa de la fallida moratoria del fallecido Enrique Pérez Parrilla. En una fría y precipitada estadística, sin duda alguna se puede afirmar sin miedo al error que el hotel Papagayo Arena y el Princesa Yaiza se llevarían la palma en cuanto a atención y a mención por parte de los socialistas lanzaroteños en su particular batalla, donde han usado a abogados externos, siempre del mismo despacho e incluso siempre la misma persona, para pleitear contra ellos. Curiosamente, el hotel del polémico hace tiempo para ellos empresario Juan Francisco Rosa, el mismo al que masacraron con el tema de la bodega Stratus, ha desaparecido de su radar, toda vez que lo que se conoce como hotel Son Bou, que no deja de ser una ampliación del Princesa Yaiza teniendo en cuenta que ambos establecimientos están conectados por un túnel subterráneo, cuenta con una sentencia firme de derribo. Por orden de los de arriba ya no se habla ni de Rosa ni de su hotel, sólo se habla, y así llevan los dos años del actual mandato del nacionalista Oswaldo Betancort, del Papagayo Arena. Lo más estrambótico de todo lo que ha venido sucediendo hasta la fecha ha sido la historieta que ha tratado de explicar este viernes el actual Gobierno del Cabildo de Lanzarote en una nota de prensa en la que se amagaba mucho pero no se terminaba de dar en la diana del asunto, nota en la que se viene a contar algo muy grave, que el abogado de siempre contratado por el PSOE, al que no nombran en la nota, sorprendentemente, se permitió el extraño lujo de presentar un escrito en el juzgado cuando no estaba autorizado a hacerlo como último testimonio de la posición anterior contra el establecimiento de Playa Blanca y contra el propio Ayuntamiento de Yaiza, con términos tremendamente duros y con una pretensión real que no se alcanza a comprender, toda vez que se le había apartado del caso y se había determinado que todo el asunto lo llevaran los juristas de la propia corporación. Lo ha hecho a través de una procuradora que estaba claramente advertida de que no podían llevar a cabo semejante acción, un intento desesperado de colar una vez más un relato que se les ha caído hace tiempo y por el que el abogado en cuestión y el despacho en cuestión han cobrado cientos de miles de euros.
En la nota remitida este viernes, el mismo día en el que se celebró una sesión plenaria en la que no estuvo presente Betancort, el Gobierno insular informa de que los servicios jurídicos de la corporación han asumido directamente la representación del Cabildo de Lanzarote en el procedimiento judicial relativo al hotel Papagayo Arena, "revocando un escrito que fue presentado sin su conocimiento ni autorización y cuyo contenido no respondía al criterio de la Asesoría Jurídica". Es decir, aclaran algo que va más allá de lo sorprendente, la acción del letrado de la etapa anterior que encomendándose a dios y al diablo realizó una acción para la que en teoría sabía que no tenía autorización.
"En noviembre de 2024 ya la Presidencia comunicó a la Asesoría Jurídica del Cabildo que asumiera la dirección letrada de los procesos judiciales en los que fuera parte el Cabildo para garantizar la objetividad e imparcialidad de la representación legal de la Institución insular. En consonancia, el pasado día 19 de septiembre de 2025 la Asesoría Jurídica del Cabildo se personó en un procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 de Las Palmas en el que se dilucida la ejecución de sentencia que anuló la licencia de agrupación de dos parcelas en las que se encuentra construido el hotel Papagayo Arena desde el año 1999 y otras dos resoluciones de los años 2002 y 2003, otorgadas por el Ayuntamiento de Yaiza. El mismo día 19 de septiembre se comunicó a la hasta entonces procuradora del proceso que la Asesoría Jurídica había asumido la representación del Cabildo en ese procedimiento. Sin embargo, la procuradora, obviando la comunicación que se le realizó, presentó posteriormente un escrito ante el Juzgado sin firma de letrado, aunque presumiblemente elaborado por quien había llevado el asunto hasta entonces. El documento contenía expresiones impropias que excedían del tono institucional exigible, cuestionando el proceder del Ayuntamiento de Yaiza en el expediente de legalización en curso e imputándole responsabilidades por no haberse demolido aún el hotel, cuando tales planteamientos ya habían sido descartados en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 14 de diciembre de 2023, que estableció con claridad que corresponde al Ayuntamiento pronunciarse sobre la posible legalización del establecimiento y en la que se reprochó al Cabildo que no hubiese resuelto aún el expediente de autorización turística, trámite previo y necesario para que el Ayuntamiento de Yaiza pudiera resolver el expediente de legalización", expone el actual Gobierno del Cabildo para describir la gravedad de lo sucedido.
Ante esta actuación irregular, los servicios jurídicos solicitaron al juzgado que el escrito presentado no fuera tenido en cuenta por incumplir las exigencias procesales y, de manera colegiada, suscribieron un informe que elevaron a la Presidencia para su conocimiento.
Por su parte, el presidente del Cabildo ha ordenado la apertura de una investigación interna para esclarecer cómo se produjo esta situación y bajo qué condiciones se contrató al letrado externo. Betancort ha querido dejar constancia de su respaldo absoluto a los servicios jurídicos, recordando que “las batallas políticas deben resolverse en las urnas y nunca en los tribunales”, y subrayando que “quien represente al Cabildo lo ha de hacer siempre con un riguroso decoro y con el máximo respeto hacia otras administraciones, a sus representantes públicos y a toda la ciudadanía”.
Por su parte, los Servicios Jurídicos del Cabildo de Lanzarote insisten en que la competencia para determinar si una edificación es legal o no, como es obvio y no se había tenido en cuenta hasta ahora por el criterio seguido por la cúpula del PSOE en la Isla, corresponde a los ayuntamientos, que ostentan las competencias urbanísticas en sus municipios. "En otras palabras, el Cabildo no da licencias ni tramita los expedientes de legalización, por lo que los pronunciamientos sobre acomodo de las instalaciones hoteleras a los planeamientos municipales están fuera de lugar y suponen una extralimitación de las competencias de la institución insular", remarcan.
El presidente recuerda a la ciudadanía que el Cabildo no da ni quita licencias, ni para construir ni para demoler hoteles, siendo esta competencia exclusivamente de los ayuntamientos, e insiste en que no participará en conflictos jurídicos ni de otra índole con ningún ayuntamiento de la Isla, dado que la función del Cabildo es apoyar y ayudar en todo aquello que sea necesario.
El Cabildo reafirma que solo los Servicios Jurídicos de esta Corporación están revestidos de los principios de objetividad, imparcialidad y neutralidad que consagra la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público. "Por ello, resulta especialmente grave que se presenten escritos en nombre del Cabildo cuyo contenido no haya sido avalado por la Asesoría Jurídica", insisten.
La institución recuerda, asimismo, que el Ayuntamiento de Yaiza y los demás ayuntamientos, sus trabajadores y funcionarios, sus representantes y sus habitantes, tendrán siempre el respeto que merecen de este Cabildo. "Las discrepancias políticas no deben trasladarse a los procedimientos judiciales ni comprometer el principio de lealtad institucional que rige entre administraciones", advierten desde el Gobierno insular.
De este modo, el Cabildo lanzaroteño reafirma su compromiso de actuar con transparencia, bajo el amparo de la legalidad y con la mirada puesta en la defensa del interés general de Lanzarote y La Graciosa.
