El esperado anteproyecto de Ley de Comercio de Canarias, que debe adaptar la actual norma reguladora del comercio en las Islas a la polémica Directiva de Servicios, más conocida como Directiva Bolkestein, sobre liberalización de servicios, ya está en manos de los agentes sociales del Archipiélago.
Esta primera propuesta elaborada por la Dirección General de Comercio está pues, en fase borrador y por lo tanto sometida a alegaciones, para lo que los interesados tendrán veinte días, a contar desde hoy, para mejorar el texto. El texto se ha hecho llegar a organizaciones empresariales vinculadas al sector, confederaciones de empresarios, sindicatos más representativos, Fecam y cabildos.
Una vez lleguen a la Dirección General de Comercio las propuestas de enmienda se incorporarán aquellas que mejoren el texto y encajen con el cumplimiento de los criterios de la citada Directiva y se hará un documento final que se tramitará para recopilar los informes preceptivos del Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo.
Una vez se tengan estos informes se llevará a Consejo de Gobierno para su aprobación como proyecto de ley y finalmente elevarlo al Parlamento. Según informó a ACN Press la Dirección General de Comercio se calcula que estará para finales de enero o principios de febrero en la Cámara regional.
El texto ya ha suscitado polémica incluso antes de presentarse como borrador, porque la Directiva ha originado las reticencias de sindicatos por considerar que es un “giro neoliberal” de la política europea, así como las reservas de los pequeños y medianos comerciantes que temen perder poder frente a las grandes superficies comerciales. Si bien la norma europea afecta a toda clase de servicios (turismo, sanidad, etc.) las críticas se han centrado principalmente en su vertiente comercial.
Si bien el cumplimiento de la Directiva es obligatorio, la propia norma prevé excepciones. Hay que destacar que el Ministerio de Industria y Comercio está actuando como vigilante de este proceso de adaptación en la parte que compete a comercio y, según fuentes del Gobierno canario, han analizado previamente el texto de este borrador y consideran que “encaja en los márgenes de cumplimiento de la Directiva”.
“En caso de que se aprobara algo que no encajara en el marco comunitario, Bruselas impondría una sanción para España y el Estado tiene intención de trasladar este cargo a Canarias o a las autonomías que incumplan”, aportan las mismas fuentes.
Críticas
Los sindicatos más representativos en el sector del comercio en Canarias (USO-Canarias, CCOO y UGT) creen que el Gobierno canario pretende aplicar “literalmente” la directiva Bolkestein poniendo “barra libre” al mercado y afectando en consecuencia a los pequeños y medianos comercios, así como a los puestos de trabajo que generan.
Así lo afirmó José Ramón Rodríguez, quien recordó que la aplicación literal de la directiva supondría facilitar “sin límite alguno” la instalación de nuevas grandes superficies como tiendas de descuento duro y saldo permanente, lo que a su juicio “alterará el equilibrio” entre este tipo de empresas y las pymes.
Por su parte, la Confederación Regional de Comercio de Canarias (Coreco) ha dejado claro que el Gobierno canario "está jugando con fuego" con la aplicación de la Directiva europea de servicios, ya que "de todo lo que se haga en este tema, dependerá la estructura del comercio y el empleo del Archipiélago en los próximos años".
En un comunicado, además de denunciar el "oscurantismo y las declaraciones contradictorias" que han existido en el Gobierno de Canarias con la discusión de la transposición de esta Directiva, la patronal advierte de que otros sectores no podrán absorber el empleo que se destruirá en el comercio.
