Aculanza, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote, ha reaccionado con gran satisfacción a la aprobación, este jueves, por parte del Parlamento de Canarias, del decreto que regula la concesión de licencias comerciales para la isla de Lanzarote. Desde la Asociación, lejos de atribuirse este logro, se achaca la consecución de este importante objetivo a la ciudadanía de Lanzarote, que “con su apoyo y sus firmas nos estimuló” para ello. La aprobación unánime de dicho decreto permitirá la instalación de grandes superficies comerciales en la Isla, y, por tanto, conllevará una reducción en los precios de la cesta de la compra, donde Lanzarote ha sido una de las islas más gravadas durante los últimos años.
En un comunicado de prensa, los miembros de Aculanza recuerdan que este era uno de los objetivos que se habían marcado desde la fecha de su creación, el pasado 14 de febrero de este año.
Aculanza subraya la aprobación que en su día hizo el Cabildo de Lanzarote, en el pleno del día 30 de julio de 2008, de la solicitud de modificación de dicha ley, y recuerda que dicho acuerdo fue posible gracias a una serie de reuniones mantenidas entre Aculanza y todos los partidos políticos representados en Lanzarote, tanto oficialistas como no.
Ahora, una vez que se da ya por cumplido este objetivo, Aculanza apuesta por pasar a la obtención de un segundo logro, que se instaure uno o más mercados insulares, lo que supone un “objetivo primordial e imprescindible para la total normalización del consumo en Lanzarote”.
La Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote reitera una vez más su agradecimiento a todas las personas e instituciones que, de una forma u otra, han hecho posible este hecho de vital trascendencia.
El decreto aprobado
El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó este jueves, y por unanimidad, la Proposición No de Ley presentada por el diputado del Partido Popular, Sigfrid Soria, en la que se insta al Gobierno a exceptuar a Lanzarote del Decreto que regula el procedimiento de concesión de licencia comercial específica y por el que se establecen los criterios generales de equipamiento comercial en Canarias.
Sigfrid Soria considera que ésta es una “muy buena noticia” para la isla en cuando se abre la puerta a las grandes superficies y por tanto, a la competencia del sector. Un hecho que, a su vez, “redundará de forma positiva en el descenso de los precios”.
El Grupo Popular ha admitido así mismo una enmienda de adición presentada por Coalición Canaria para instar al Gobierno a acelerar el nuevo marco normativo derivado de la Directiva Europea Bolkestein.
El actual marco jurídico, tal y como expuso Sigfrid Soria, es restrictivo, en cuanto al tamaño de las superficies comerciales y en cuanto a las zonas a implantarlas dentro de la isla, ya que considera la densidad de población zonal y no insular, y la población de derecho y no la de hecho. En esta línea, señala que el decreto resulta “disuasorio” en la medida que no permite que los grandes grupos de alimentación entren en la isla con un volumen de metros cuadrados que les resulten rentables.
En su intervención, el diputado popular manifestó la relación directa que existe entre los precios y la competencia, y cómo en las islas donde están implantadas las grandes superficies los precios se abaratan.
Sigfrid Soria ha querido destacar también el apoyo que la iniciativa ha tenido de los tres grupos políticos del Parlamento, que han actuado con coherencia y en línea con el posicionamiento que sobre este tema han mantenido hasta ahora.
