Por Oscar Luzardo Fuentes
Parece evidente que las medidas adoptadas por el Gobierno, en materia de desahucios, no han sido lo suficientemente contundentes para frenar el incesante goteo de sentencias que dejan a familias enteras sin techo.
Sin embargo, hay que reconocer que nunca antes en Democracia un Gobierno había puesto coto a un proceso que en la mayor parte de los casos es injusto porque se ceba, precisamente, con quienes menos tienen. La realidad es que desde que comenzó la crisis el número de ejecuciones presentadas en los tribunales se ha multiplicado por cuatro.
Siete meses han pasado desde que casi un centenar de entidades financieras se sumaran a la reforma planteada por el Gobierno para reducir los embargos a familias en riesgo de exclusión. Se ponía en marcha un Código de Buenas Prácticas cargado de buenas intenciones, puesto que en su finalidad está lograr que los desahucios dejen de ser una práctica habitual para convertirse en la última alternativa para las familias. Una medida que, por otro lado, el Gobierno del Partido Socialista fue incapaz de implementar, a pesar de que bajo su mandato se alcanzaron cifras récord de desahucios; casi 60.000 en el año 2011.
Un asunto complejo, sin duda, donde la elección de un Código se basó en la necesidad de complementar un cambio normativo, donde la retroactividad de las normas es cuestionable, pero en el que urge dar solución a las hipotecas en vigor, sobre todo a las que se firmaron durante el boom inmobiliario.
¿Y por qué en mi modesta opinión afirmo que ha faltado contundencia?. Pues porque lamentablemente en este país, a pesar de que los españoles somos líderes en solidaridad y carácter voluntario, apelar a la buena fe de las entidades financieras es casi una utopía. Y ese ha sido el fundamento de esta norma, tan pionera como valiente, pero carente del rigor que precisan los tiempos.
Dicho esto, ha llegado el momento del análisis y la evaluación. Y no tengo ninguna duda de que esta reforma es una prioridad para el Gobierno del Partido Popular, que se centrará precisamente en resolver esa voluntariedad a todas luces ineficaz y que, en esencia, debería garantizar la liquidación de la deuda mediante la entrega del bien hipotecado, así como una garantía para que las familias mantengan sus viviendas en régimen de alquiler mediante el pago de una renta que esté en sintonía con su nivel de ingresos.
¿Pero es ésta la única vía?. No. La realidad es que, a pesar de lo dicho y de lo hecho, para las entidades financieras el desahucio tampoco es la mejor de las soluciones, no sólo por el efecto social y el deterioro en la imagen empresarial que provoca, sino porque desde el punto de vista económico, ni siquiera resulta eficaz.
La dación en pago con carácter general podría encarecer las hipotecas, de ahí que sea fundamental incidir en su aplicación a las personas sin recursos, sin menoscabo de agotar otras vías menos traumáticas como la reestructuración y rebaja de la deuda, la aplicación de una carencia, o la reducción del tipo de interés.
Dar soluciones es lo que se espera de un Gobierno responsable. Un Gobierno que no elude afrontar los verdaderos problemas de los ciudadanos y que da la cara. Y les aseguro que para este Gobierno del Partido Popular, las personas siguen siendo una prioridad.
