Se evidencia claramente que el dictador mencionado sí murió hace ya 42 años. De no ser así, seguramente esa su Señoría no fuera hoy Diputado de España. Lo que todavía no ha muerto en este país, desgraciadamente, es la ignorancia y la estupidez.
Debemos recordar, que la Constitución Española de 1978, nace de las Cortes Generales (Congreso y Senado) surgidas de las Elecciones Democráticas celebradas el 15 de junio de 1977, después de legalizadas todas las organizaciones políticas, que antes del 20 de noviembre de 1975 (Muerte del dictador Francisco Franco Bahamonde) no existían, o sencillamente, estaban consideradas ilegales.
A esta nueva etapa política que se iniciaba en junio de 1977, se le denominó Legislatura Constituyente.
El Rey, así como las nuevas Cortes de 1977, apostaron por un marco de convivencia pacífica, en paz y de reconciliación sin precedentes en la historia conocida, de tal forma, que entre todos y de común acuerdo, se olvidaba un pasado dictatorial para vislumbrar el nuevo Marco Constitucional, en el que todos debían participar colaborando y creando de mutuo acuerdo las bases de la Democracia Española.
Hay quienes piensan que ese consenso de olvido, perdón, amnistía y mirada puesta en el futuro, se rompió con la Ley de Memoria Histórica, al considerarla revisionista y de particular visión de un grupo concreto. Opiniones y controversias que la Constitución, lógicamente, también las permite y consiente.
La Constitución, es la total independencia ideológica, pues bien es sabido que no es de los progresistas, ni de los conservadores, ni de los comunistas, ni de los fascistas, ni de los ateos, ni de los creyentes, ni de una estirpe exclusiva y particular, ni de los que se consideran apolíticos,... Y sin embargo, es la de todos. Es la que nos acoge y protege a todos los ciudadanos, profesen lo que profesen.
La Constitución Española de 1978 es reguladora de un marco de convivencia ejemplar en el mundo, por ser exclusiva y única.
Debiera ser ejemplo de orgullo, y sobre todo, de grandísimo respeto.
Nos obliga a coexistir y desarrollarnos todos juntos, bajo un mismo paraguas legal en un Estado Democrático y de Derechos, en paz y en total libertad.
En la Constitución Española de 1978 se descubre la falta de ideologías, que los ideológicos padres constituyentes, decidieron no hacer constar, para no mencionar y evitar vocablos con carga ideológica partidista o excluyente. La constatación de la más expresiva y sublime inteligencia.
Cada uno de los Partidos Políticos con Representación Parlamentaria eligió a quienes debían redactar la nueva Constitución Española que debía regular la convivencia y la democracia del futuro de los españoles, olvidando un pasado de divisiones ideológicas y partidistas con amnistía política y puesta en libertad de lospresos políticos del régimen dictatorial anterior.
Por Padres de la Constitución Española de 1978, se conoce a los siete (7) Ponentes que se encargaron de su redacción.
Por Unión de Centro Democrático (U C D)
(Partido más votado el 15 de junio de 1977 y Partido del Gobierno durante la Legislatura Constituyente)
x.- Gabriel Cisneros Laborda (1940 - 2007)
x.- Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. (1940)
x.- José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo. (1940)
Por el Partido Socialista Obrero Español (P S O E)
(Segundo Partido más votado el 15 de junio de 1978. Principal Partido de la Oposición durante la Legislatura Constituyente)
x.- Gregorio Peces-Barba Martínez. (1938 - 2012)
Por el Partido Comunista de España (P C E)
x.- Jordi Solé Tura. (1930 - 2009)
Por Alianza Popular (A P)
(Actualmente Partido Popular (P P)
x.- Manuel Fraga Iribarne. (1922-2012)
Por Minorías Catalanas:
Partido Socialista de Cataluña. (P S C – R)
Ezquerra Republicana de Cataluña. (E R C)
Convergencia Democrática de Cataluña. (C D C) Unión Democrática Catalana. (U D C)
(Más tarde estos dos últimos Partidos se unirían formando Convergencia y Unión de Cataluña, C I U. En la actualidad se han vuelto a separar y Convergencia Democrática de Cataluña se ha convertido en el Partido Demócrata Europeo Catalán. (PDeCAT)
x.- Miquel Roca i Junyent (1940)
(Se comprende que no puede ser casualidad, que ese Proyecto Constitucional encontrara su mayor apoyo y respaldo popular, precisamente en las provincias catalanas)
El primer proyecto de Constitución, objeto de críticas y reconsiderado, se le presentó al Presidente del Congreso y se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes el 05 de Enero de 1978.
Se abrió un proceso de exposición y un plazo de enmiendas en las que los representantes de todos los Partidos Políticos expusieron sus ideas aparcándose artículos controvertidos que se consensuaban a veces en reuniones extraparlamentarias (al margen de las discusiones en el Parlamento), lo que en alguna ocasión provocó la retirada de varios Partidos participantes, pero que luego se reincorporaban para continuar con el proyecto.
En el Senado se realizó una revisión del texto y por último se constituyó una Comisión Mixta que hizo retoques sustanciales al Proyecto inicial presentado.
La Constitución se aprobó por el Congreso de los Diputados y el Senado de España, el 31 de octubre de 1978.
Luego se procedió a darles la voz a todos los españoles y se les convocó a un Referéndum donde por una amplia mayoría se la ratificó el 06 de diciembre de 1978.
Fue sancionada por el Rey el 27 de diciembre y sería promulgada a partir del 29 de diciembre de 1978 como el texto que regulaba la nueva situación política en España. La forma política del Estado español es el de Monarquía Parlamentaria.
Y se convocaron Elecciones Generales para el 01 de marzo de 1979.
Terminaría así la Legislatura Constituyente (15 de Junio de 1977 – 01 de marzo de 1979) y comenzaría la Primera Legislatura de la Democracia.
El 23 de febrero de 1981, algunos mandos militares con la intervención directa de la Guardia Civil, asaltan el Congreso de los Diputados cuestionando la nueva Constitución de 1978, pero la Monarquía, las Cortes Generales, todos los Partidos Políticos y el pueblo español, defendieron la Constitución y la Legalidad Vigente, como el nuevo marco para todas las relaciones y de buen gobierno entre todos los españoles.
Se consolidó el proyecto constitucional de la Legislatura Constituyente.
Actualmente está en discusión su viabilidad y hay quienes la cuestionan cambiando deliberamente el concepto de Legislatura Constituyente por el de Régimen del 78, poniendo así en duda su legitimidad, a pesar del proceso y el nacimiento puramente democráticos de la misma, al pretender denominarla como resultado de un Régimen totalitario e influyente.
Régimen de 1939 a 1975, que ya muchos han olvidado y otros en cambio, para seguir justificando su existencia política, necesitan revivir a cada instante. La resurrección a cada rato del exdictador se les presume su mejor gestión. Penoso, pero triste realidad.
Hay quienes reclaman la desaparición del Senado de España como Cámara de Representación del Territorio, debido a que ya las Autonomías se han consolidado y por tanto son los Parlamentos Autonómicos los que legislan (Promueven sus propias leyes bajo el paraguas de sus Estatutos de Autonomía, una especie de particulares Constituciones para cada territorio Autonómico) y representan a sus respectivas entidades territoriales, debiendo el Gobierno de España elaborar la agenda oportuna para dar cuenta de su gestión, o comparecer cuando así se solicite, en el Parlamento Autonómico correspondiente.
Este apartado territorial y la desaparición de la Cámara de Representación Territorial, el Senado de España, cuyas competencias constituciones pasarían al Congreso de los Diputados, sin duda, llevan mucho consenso y la consiguiente Reforma Constitucional.
Se observará en la Constitución Española de 1978, no sólo la independencia ideológica en todos sus postulados, sino incluso, también además, en lo territorial.
Los padres de la Constitución conocían y vivieron las distintas cuestiones que forjaron violencias y guerras generadas por los varios tipos de conceptos asignados a los territorios y de las reclamaciones de los diferentes entes territoriales.
No quisieron copiar concepciones establecidas y crearon una noción novedosa, consensuada, pero sobre todo, que al mismo tiempo garantizaba la autogestión política, económica y social de cada una de las Regiones de España: las Comunidades Autónomas.
Pero actualmente, no sin cierto revanchismo, las ideologías particulares de los distintos grupos políticos no encuentran en la Constitución sus particularidades ideológicas y su pensamiento partidista, tratando de incluir en una futura Reforma sus conceptos territoriales.
La actual Constitución de nadie particularmente y la de todos los ciudadanos especialmente, pretenden convertirla en algo excluyente para una mayoría, al pretender la inclusión de una particularidad partidista y minoritaria.
Así, de nuevo, en España aparecen conceptos territoriales olvidados y obsoletos como el de Federalismo, Confederalismo, Centralismo,…
Y quienes los promueven con un regocijo casi especial, pretenden crecerse intelectualmente, cuando a estas alturas de la civilización, recurrir a semejantes conceptos territoriales es de los más absurdo, inútil e inservible.
La nomenclatura de la Comunidad Autónoma de Canarias, por ejemplo, cambiada por el de Estado Federal Canario, o Estado Confederal de Canarias, ¿qué nos va a procurar más que ya no tengamos? La reforma no es de conceptos,ni de nuevas nociones añadidas. Simplemente se trata de un cambio de nombre a las actuales estructuras del Estado por puros caprichos ideologizantes de unos pocos particularmente.
¿Por qué y para qué esa pretensión, de lo que ahora representa a todos los ciudadanos, a todos, se quiera modificar ese concepto (Comunidad Autónoma) sin ideología ni partidismo concreto, por el de agradar especialmente a los Federalistas, a los Confederados, o a cualquier otro pensamiento territorial ocurrente?
También están los Centralistas, que no creen en el proyecto autonómico, y por ende, pretenden convencer que se debería volver a la situación territorial anterior a la Constitución de 1978, y por tanto, tampoco apoyarán federalismos, ni confederaciones, ni descentralismos.
Una división ideología territorial servida y a por el conflicto de nomenclaturas que nadaresuelve ni promueve. ¿Y esta nueva discusión estéril, por qué?
¿Deberíamos apostar los independentistas en esa posible Reforma Constitucional, por desgajarnos del todo de España y ser el país canario que tanto hemos anhelado? ¿Estamos ya realmente preparados y contamos con agricultura, ganadería, pesca e industrias suficientes para autoabastecernos y alimentarnos, o debemos esperar un poco más a que nuestro sueño independiente realmente pueda ser viable? ¿Y cómo sería nuestra República Canaria?
Una reina del Reino Unido de la Gran Bretaña, a una de sus colonias les dijo: la libertad y la independencia hay que trabajarlas y ganárselas. ¿Estamos los canarios trabajando y ganándonos nuestra Independencia?
Pero volviendo a nuestra realidad constitucional actual, ¿se hace necesaria ahora esa pretensión de Reformar la Constitución para insertar sus postulados ideológicos, sus doctrinas doctrinadas, sus arcaicos conceptos territoriales, a los que la razón, el conocimiento y la sensatez representativa de la Legislatura Constituyente, obviaron de manera tan extraordinaria e inteligente?
No sorprenderá en las actuales circunstancias, de cierto analfabetismo e ignorancia política representativa, que esa dinamita ideológica interesada y conveniente, pretensiosa de hacer saltar por los aires la actual Constitución, lo pueda llegar a lograr.
Algún representante de la Soberanía Nacional en el Congreso de los Diputados, ha sentenciado que Franco no murió el 20 de noviembre de 1975. Que puede que muera en Cataluña el 01 de octubre de este año 2017.
Se evidencia claramente que el dictador mencionado sí murió hace ya 42 años. De no ser así, seguramente esa su Señoría no fuera hoy Diputado de España. Lo que todavía no ha muerto en este país, desgraciadamente, es la ignorancia y la estupidez.
“Prometo cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado” ¿Cómo recarajos pretenden cumplir y hacer que se cumpla lo que ni ellos mismos se han leído, ni se han estudiado.
No hay mayor insensatez, que la de querer desbaratar lo que todos desconocen.
Lo sabemos. No satisface a los republicanos, ¿pero sería una Constitución republicana, igual de garantista, igual de objetiva, igual de respetuosa e independiente como lo es ésta?
Dependiendo de las izquierdas y derechas moderadas o radicales que nos gobiernen, los textos, a lo mejor, serían desiguales, partidistas y excluyentes de los que piensan diferente de esos nuevos promotores para una República española. O puede que no.
Pero se descubre desdichadamente, que nuestra actual realidad, no cuenta con intelecto, ni capacidades, para afrontar un cambio tan importante con objetividad y sentido del general interés de los ciudadanos. Pesimista, o demasiado realista. ¿Dónde fue a parar el sentido común de la gente? Naturalmente tampoco puede obviarse, que posiblemente aquí el único ignorante sea yo.
Actualmente no hay país en el mundo que tenga un texto capaz de superar a esta Constitución española de 1978. Ninguno. Pero es que además, resulta inaplicable en cualquier otro lugar. Por eso asombran su estudio y los análisis internacionales. Que las distintas regiones de un país cuenten con su propio Parlamento para promulgar sus leyes y auto gestión social, política y distribución económica, no es concebible en ningún otro sitio, por muy democrático que presuma ser. Debiera ser nuestro orgullo, y sin embargo, la inutilidad de nuestros representantes públicos hacen que nos avergüence tanta posibilidad administrativa.
Las garantías y los derechos individuales de los ciudadanos españoles no pueden igualarse en ninguna otra República o Monarquía Parlamentaria, por supuesto, tampoco en ninguna dictadura comunista, fascista, y muchísimo menos, en países con impostura, además, religiosa.
No se comprende el empeño por destruirla, en vez de conocerla y procurar aplicarla, cumplirla y hacerla cumplir.
Ese listón Constitucional es muy difícil cumplirlo y mucho menos hacerlo cumplir, cuando encima se desconoce. Por eso los demagogos y los inconscientes quieren anularla, al sentirse incapaces de poder desempeñar tan comprometida exigencia.
Por supuesto, a los actuales fanáticos dictadores emergentes tampoco les vale ese texto excesivamente democrático.
El Título II, sobre la Corona, o el Rey, también es bastante cuestionable. Son muy discutibles la ingente cantidad de cosas que pudiéramos creer que sobran en este país, pero lo que funciona, y funciona correctamente, no debiera plantearse como un inconveniente. Ya se sabe aquello de que la política tiene la asombrosa habilidad de encontrar un problema donde no lo hay, y además, se empecina en aplicarle la solución equivocada.
Lo que no sobra, siendo lógicamente muy revisable, es esa Constitución.
Nuestros miedos ya no son los ejércitos o minoritarios militares que pudieran quebrantarla y destruirla. Nuestro miedo, ahora, es nuestra majadera, necia, mema, simple y vacía generación de políticos.
Al contrario que en aquel febrero del 81, descubrimos actualmente que el ejército y las distintas policías se vuelcan en la defensa de la Constitución, intentando salvaguardarla de la mentecatería de los hombres y las mujeres que viven de su hipocresía partidaria.
¿Quién nos iba a decir, que precisamente la Política, esa que la Constitución ampara y protege, sería su más grande e increíble peligro?
