Por Domingo García
La compleja y delicada situación provocada por la salida del consistorio de los concejales y alcalde que han tenido que presentar su dimisión tras ser inhabilitados penalmente, así como la situación procesal de diversos cargos municipales actuales imputados (alcalde, primer teniente de alcalde, concejales, el ex gerente de urbanismo y el secretario del ayuntamiento).
Como segunda circunstancia alude al cúmulo de delitos cometidos (cohecho, alteración de precios en concursos y subastas, tráfico de influencias, delitos urbanísticos), así como al número de cargos públicos municipales imputados.
Las anteriores circunstancias no pueden por menos de generar un sentimiento de reproche por parte de la sociedad en su conjunto, al quedar gravemente dañada la exigencia de funcionamiento ajustado a la legalidad de una institución base. Siendo este sentimiento social generalizado y no circunscrito a los vecinos del municipio, lo que revela el alcance o afectación general.
En tercer lugar, hay que señalar que la situación anteriormente descrita de los miembros de la corporación, que indudablemente supone un escándalo político, provoca alarma social, el descrédito de la democracia municipal y genera la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas.
Asimismo estos hechos afectan, junto al interés general de la comunidad, atendiendo a la repercusión negativa que la actuación del ayuntamiento ha supuesto, a través de la proyección exterior, para las relaciones económicas.
A todo lo anteriormente, se añade que las irregularidades continuadas en la actuación urbanística desarrollada por el ayuntamiento vulnera lo dispuesto en los artículos 45.2 y 47 de la Constitución Española, que impone a los poderes públicos el deber de velar por la utilización racional de los recursos naturales, preservando de esta forma el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como la obligación de promover las medidas adecuadas para que la utilización del suelo se haga de acuerdo al interés general.
Aunque a ustedes les pueda parecer que lo descrito anteriormente tenga algo que ver con alguna institución de Lanzarote, se equivocan.
Lo relatado es parte de los acuerdos de la Junta de Gobierno de Andalucía para solicitar al Consejo de Ministros la disolución del Ayuntamiento de Marbella, realizado a través del real decreto 421/2006 de 7 de abril, publicado en el BOE nº 84/2006
Si lo relatado pudiera recodarles algún parecido con la situación que en estos momentos acontece en algunas instituciones de Lanzarote, es que entonces Marbella y Lanzarote no se diferencian en demasía.
Ya lo dijo Gil: “yo y un tal Dimas en Lanzarote”
