Por Domingo García
ACNA, o lo que es lo mismo, Aeropuertos Canarios y Navegación Aérea, entidad pública que gestiona la suma de los aeropuertos canarios bajo una dirección única, cuyo consejo de administración está conformado por el Gobierno de Canarias, los siete Cabildos Insulares,
los Ayuntamientos donde radican los aeropuertos y diversas entidades sociales. Esta entidad, conforma junto al resto de organismos de similares características en el resto del Estado la Organización de Aeropuertos Españoles, consorcio que tiene por misión coordinar todo lo referente al trafico aéreo en España, y en relación con los centros de controles internacionales.
Esto, que a simple vista pudiera parecer lo más normal, en cuanto al control y organización de un asunto que es de vital importancia para un territorio fragmentado, como es el Archipiélago Canario, es simplemente un sueño que tenemos algunos, que como yo, queremos seguir pensando que en algún momento los dirigentes políticos de estas islas se dedicarán a algo más que repartir sonrisas y sacarse fotos.
Si en algún territorio tiene sentido que los poderes públicos controlen, ordenen y dirijan todo aquello que tenga que ver con sus puertas de entrada y salida, es en islas que como las nuestras dependemos casi en exclusiva de lo que nos viene de fuera.
La realidad es que en Canarias no somos autosuficientes en nada. Todo aquello que se entiende vital para que se pueda comprender la vida y su desarrollo en estos territorios, nos viene de más allá del mar: vía aérea o marítima.
Por lo expuesto, es difícil entender que podamos poner nuestro presente y nuestro futuro en manos privadas.
Un aeropuerto puede ser una gran oportunidad de negocio, pero también pudiera ser el yugo que nos podríamos poner por el afán de enriquecimiento de unos pocos.
Las instalaciones aeroportuarias en manos privadas sólo se regirían por la especulación económica, ya que su fundamento sería el reparto de dividendos entre sus accionistas.
Cuando manda el interés económico, sin tener ninguna obligación social, se va directamente al recorte de gastos y al aumento de beneficios, que en un aeropuerto se traduce en caída de la calidad y el aumento de precios.
Que no se nos olvide, un aeropuerto en una isla es un monopolio y como tal hay que mirarlo. Si queremos entrar o salir, habrá que pagar por ello a aquel al que le hemos rentado, no sólo la puerta de la isla, sino también las llaves.
Estaremos a expensa de un consejo de administración que lo único que le interesa es la cuenta de resultados.
Hasta ahora, el aeropuerto se dirigía por un interés económico, pero también social: el ejemplo de lo dicho, fue las bajadas de tasas aeroportuarias que se decidieron por un interés estratégico para nuestra economía: a mayor abaratamiento de tasas, mayor facilidad económica para la llegada de turistas.
El interés social, estando en manos publicas prevalece, porque el negocio no seria el aeropuerto en si mismo, lo que nos interesa fundamentalmente de estas instalaciones, como puerta de entrada, es que nos facilite la posibilidad de llegada, tanto de turismo, cómo de mercancías, que es lo que en ultima instancia nos interesa para la supervivencia en la isla.
El mayor negocio de un aeropuerto para la población, es que nos valga como herramienta para mejorar nuestra calidad de vida, por lo tanto, no podemos verlo cual si fuera una mina de oro, hay que mirarlo cómo la puerta de nuestra casa, que tenemos abierta para dar la bienvenida y cerramos para impedir la entrada de usureros.
