- Los nacionalistas han pedido la comparecencia urgente de la ministra en el Senado para que explique qué gestiones se han llevado a cabo tras la decisión marroquí. Advierten de que la nueva delimitación de la frontera del reino alauita afecta de lleno a Canarias y se apropia de las aguas del Sahara Occidental
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha insistido en que Marruecos "tendrá enfrente" al Gobierno español si toca “un solo milímetro” de las aguas isleñas, ante la decisión de Marruecos de aprobar definitivamente este miércoles una delimitación de su frontera "que se apropia de unas aguas jurisdiccionales que no les pertenece, y que afectan de lleno a Canarias y al Sahara Occidental".
La nueva ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha confirmado "la misma postura de defensa clara de las aguas canarias ya trasladada por el equipo anterior".
El Ejecutivo regional ha anunciado, por su parte, que tiene previsto aprobar una resolución institucional en defensa del mar que considera propio un día después de que Rabat vote a favor de delimitar su frontera marítima y crear su Zona Económica Exclusiva.
Críticas de los naconalistas
Coalición Canaria-PNC reclama al Gobierno de España que, de forma inmediata, eleve una queja ante Naciones Unidas. Los nacionalistas esperan que los encuentros que la nueva ministra de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, que está previsto que le próximo viernes visite Marruecos, centre su agenda en mostrar el malestar por una decisión que tiene una incidencia directa en Canarias que, si se cumple lo anunciado por el reino alauita, verá vulneradas sus aguas a partir de este mismo miércoles.
Para los nacionalistas, “esta decisión unilateral de Marruecos no se ajusta al derecho internacional” y, por tanto “debe ser Naciones Unidas quien tiene que resolver este asunto y de ahí la urgencia de que el Gobierno de España se anticipe y presente la queja correspondiente”.
Para los nacionalistas, este último movimiento de Marruecos “era una decisión previsible” pese a que el presidente de Canarias y la anterior ministra de Exteriores había señalado que el reino alauita había paralizado su tramitación. “Los hechos demuestran que estaban
equivocados y que la alarma y preocupación de los canarios y las
canarias estaba más que justificada”. En este sentido, los nacionalistas recuerdan que el propio presidente, Ángel Víctor Torres, dio por zanjado este asunto en un tuit que enlazaba a un medio de comunicación marroquí.
“Advertimos que eso no era así; que Marruecos continuaba con su intención de aprobar las dos leyes, y lamentablemente no nos equivocamos”, explican.
Para los nacionalistas es evidente que el objetivo final de Marruecos, “además de dar un paso más allá en su lucha para apropiarse del Sáhara Occidental”, es establecer un contencioso con España en el seno de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de Naciones Unidas “para tener acceso a parte de los fondos marinos donde supuestamente existe un enorme potencial para el desarrollo de actividades que no han sido aun convenientemente identificadas (telurio)”.
Y, además, existe una cuestión de fondo: “la usurpación de la soberanía saharaui por parte de Marruecos y las posibles repercusiones que esta acción puede tener en el momento en que Marruecos realice su presentación de ampliación de la plataforma continental.
Los nacionalistas ya han pedido, desde el pasado mes de diciembre, la comparecencia de responsables del ministerio de Exteriores para que se aclaren cuáles han sido las gestiones desplegadas por España ante esta decisión unilateral; petición que hoy mismo ha sido hoy reiterada por el senador nacionalista Fernando Clavijo y, de la misma forma, la celebración de un pleno extraordinario en el Parlamento de Canarias para analizar las repercusiones que tiene esta delimitación del espacio
marítimo.
Las dos leyes que Marruecos ha anunciado que ratificará mañana miércoles delimitan las 12 millas de las aguas territoriales, las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva y las 350 millas de la plataforma continental para armonizar sus leyes internas con la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.
Las leyes que regulaban el espacio marítimo de Marruecos datan de 1975 y 1982 y tenían como límite al sur la ciudad de Tarfaya, pero con la nueva revisión normativa adoptada, Marruecos extiende su tutela jurídica sobre el espacio marítimo que incluye el Sáhara Occidental hasta la ciudad de Lagüera y en el noreste hasta Saidia, fronteriza con Argelia.
NC exige que España frene los "hechos consumados" de Marruecos que buscan anexionar territorio canario
Por su parte, Nueva Canarias (NC) también se ha mostrado contundente al exigir al Gobierno estatal de coalición que rechace y frene la política de “hechos consumados” de Marruecos con la que pretende anexionarse territorio canario y saharaui.
El coordinador Territorial de NC, Luis Campos, ve una provocación en la aprobación definitiva de las dos leyes alauitas para fijar las fronteras marítimas dos días antes de la visita oficial de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, al país africano vecino.
Los nacionalistas progresistas solicitaron al jefe del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, que emplee “toda” sus influencias y relaciones con el gabinete del Pedro Sánchez para que esta delicada y alarmante situación sea una prioridad en la agenda presidencial. El diputado de Nueva Canarias en el Congreso Pedro Quevedo agregó que se reserva la posibilidad de plantear nuevas iniciativas hasta recibir la información por escrito solicitada a la Administración estatal.
Las pretensiones del Parlamento marroquí de aprobar definitivamente este miércoles las dos leyes para la delimitación de las aguas, incluyendo el territorio canario, y la jurisdicción para apropiarse de las aguas del Sáhara Occidental, espacio que carece de reconocimiento internacional como alauita; es “muy grave”.
“Se confirma que volvemos a la política de hechos consumados” practicada por el reino norteafricano, criticó el dirigente nacionalista. Pero en esta ocasión, en opinión de Luis Campos, parece una “provocación” ya que la delimitación “unilateral” marroquí de las 12 millas de las aguas territoriales, además de las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva y de las 350 millas de la plataforma continental se produce dos días antes de que Arancha González se desplace a Rabat en su primera visita oficial.
Si el Gobierno de Pedro Sánchez quiere, de esta manera, “dejar claro” que el país vecino es un “aliado prioritario con el que mantener unas relaciones de buena vecindad” por cuestiones de seguridad y para el control de los flujos migratorios, Canarias exige “reciprocidad”, manifestó el dirigente de NC.
Aunque la decisión del Legislativo marroquí carece de validez jurídica al requerir del acuerdo entre las partes implicadas, Luis Campos reclamó a la responsable de la diplomacia española que “no transiga” ante su homólogo, Nasser Bourota, porque, para el Archipiélago, será “intolerable”. En similares términos se expresó al reclamar decisiones al Ministerio de Asuntos Exteriores ante la ONU, incluida la denuncia por "apropiarse" de las aguas del Sáhara Occidental.
A Marruecos, en opinión de Campos, “no se le puede permitir que dé paso alguno en sus aspiraciones, que no son nuevas, de extender su soberanía sobre nuestro territorio”. Por este motivo Nueva Canarias demandó a Ángel Víctor Torres que emplee “todas” sus influencias y relaciones con el jefe del Ejecutivo estatal y su gabinete para que este alarmante asunto sea una prioridad en su agenda institucional. Urge una respuesta “contundente” de Madrid, planteó el dirigente nacionalista.
Unos contactos de los que el Gobierno canario debe dar cuenta en el Parlamento, a través de la comparecencia y la pregunta oral al presidente registrada para pleno por el grupo nacionalista progresista, el pasado mes de diciembre.
Por su parte, Pedro Quevedo se reservó la posibilidad de tomar nuevas iniciativas en el Congreso de los Diputados a la espera de recibir la información solicitada al Ejecutivo estatal.