La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas intervino este martes ante la Comisión de las Peticiones del Parlamento Europeo para defender la queja que presentó en febrero de 2008 por abusos en aplicación de la Ley de Costas. El representante de la Plataforma, José Ortega, recordó que la plataforma es pionera en estas reclamaciones y que su primera denuncia dio lugar a una resolución del pleno, de 26 de marzo de 2010, declarando que la Ley de Ccostas se está aplicando con arbitrariedad y abuso y sin indemnización suficiente por la privación de bienes.
A continuación enunció los abusos que se están produciendo: aplicación retroactiva de la ley, ausencia de indemnizaciones, derribos de viviendas ilegales, recesión marina por culpa de obras públicas, emplazamiento caprichoso de la línea de dominio público, expedientes de deslinde que se tramitan en secreto, no notificación a los interesados de los derribos que les afectan por motivo de obras públicas y aplicación extrema de la servidumbre de protección, con perjuicio de poblados tradicionales, especialmente de Canarias y Galicia.
Añadó que la Ley de Costas no ha servido para frenar la presión urbanísticas sobre el litoral y que la prueba más clara es que acaba de aprobarse un plan de ordenación urbana en Cartagena que declara suelo urbanizable el entorno de una playa virgen como Cala Reona al mismo tiempo que saca de ordenación la playa de levante de cabo palos, con viviendas que datan de la primera mitad del siglo XX.
En relación con la exposición hecha este martes por la directora general de Sostenibilidad de la Costas, Ortega la ha calificado de “cuento infantil para que los niños se vayan a la cama sin molestar” y ha propuesto el título de “Alicia Paz Antolín en el país de las maravillas”, añadiendo que lo expuesto por esta autoridad es la teoría y cómo debería ser.
Después de la intervención de otros peticionarios y de un breve debate, la Comisión acordó remitir al Gobierno español una carta para que aporte soluciones a este problema. También se remitirá otra carta a la propia Comisión Europea.
