Nueva Canarias (NC) rechaza la decisión de la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de aprobar la propuesta del Ministerio de Hacienda para utilizar el superávit y los remanentes. La portavoz parlamentaria de NC en materia económica, Esther González, denunció que Canarias “no ha sido escuchada” y que el uso del voto de calidad de la Presidencia de esta federación resquebraja la confianza en el municipalismo. Los nacionalistas progresistas se ratificaron en que los 88 ayuntamientos canarios deben tener la autorización para usar los 3.200 millones de euros ahorrados, junto con los cabildos, para hacer frente a la crisis del coronavirus y a la pérdida de los ingresos tributarios propios, recurrir al endeudamiento si lo precisaran y flexibilizar las reglas fiscales.

Esther González hizo este martes hincapié en que “nunca antes” se había llegado a un acuerdo teniendo que forzar el uso del voto de calidad de la Presidencia de la FEMP del socialista Abel Caballero tras el empate de los 12 votos a favor (PSOE), los 12 en contra (PP, Junts per Catalunya y Ciudadanos) y la abstención del grupo de Izquierda Unida-Podemos-Comuns.

En opinión de esta portavoz económica, explica NC en nota de prensa, lo que subyace es que ha primado la posición del Ministerio de Hacienda para “reequilibrar” sus cuentas frente a las necesidades de las administraciones más cercanas a los ciudadanos, que “deben seguir respondiendo” a las graves secuelas sociales y económicas de la pandemia. “Puro mercadeo”, criticó González quien además expresó la sospecha de que será, a los cabildos y al Ejecutivo canario, a quienes se les trasladará la solución de los ayuntamientos.

La parlamentaria de los nacionalistas progresistas cuestionó la ruptura del principio de la solidaridad intermunicipal al permitir repartir uno de los dos fondos de 5.000 millones de euros entre los ayuntamientos que pongan sus ahorros a disposición de la Administración estatal.

Tras reconocer los esfuerzos financieros realizados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para hacer frente a esta grave crisis, la diputada de NC señaló que las corporaciones municipales, además de gestionar sus propias competencias, han tenido que asumir determinadas responsabilidades asignadas por el Gobierno estatal a través de los reales decretos leyes. Pero, con este acuerdo, Madrid “se exime de toda responsabilidad de financiación”, denunció.

Hizo hincapié en que la posición de los ayuntamientos canarios “no se ha escuchado” en el seno de la FEMP. Para las corporaciones locales de las islas es “vital” contar con los 3.200 millones de euros de superávit y remanentes disponibles para cubrir los servicios esenciales y mantener su actividad administrativa.

Desde NC “hemos defendido, desde el inicio,” que el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos debían tener la autorización de Hacienda para usar sus ahorros, endeudarse si fuera preciso y flexibilizar las reglas fiscales para emplear los recursos propios.

Madrid ya autorizó al cuatripartito sus 389 millones de euros del superávit y está en negociaciones con los cabildos insulares para compensar también la merma de los ingresos del bloque canario de financiación (BCF). Los ayuntamientos del Archipiélago tienen que estar en el acuerdo para Canarias, exigió Esther González.