Nueva Canarias (NC) hará comparecer, en el próximo pleno, al Gobierno de CC para evitar que los 30 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, logrados por los nacionalistas progresistas para la lucha contra la pobreza, se vuelvan a quedar sin invertir por la “más que demostrada incapacidad” gestora del gabinete presidido por Fernando Clavijo.
El grupo nacionalista explica este martes en un comunicado de prensa censuró el “atropello” del Ejecutivo de CC que, sustentado en poco más del 17% de los votantes de las islas, hurtará al Parlamento del debate para la creación de la renta de ciudadanía, un derecho de los canarios reconocido en el Estatuto de Autonomía. Los diputados Román Rodríguez y Luis Campos recriminaron que Clavijo se ampare en el veto presupuestario cuando su “irresponsable” política de rebajas fiscales es la causante de que se produzca una merma de ingresos, más de 215 millones de euros en dos años.
Confirmado por el Gobierno de Canarias que la Administración estatal le traspasará los 18 millones de euros pendientes de los 30 millones de euros que, en total, disponen los PGE de 2018 para paliar la exclusión social; Campos confirmó que hará comparecer a la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido.
En el seno de los nacionalistas progresistas existe el temor a que la “demostrada incapacidad” gestora del Ejecutivo de CC, según Román Rodríguez, vuelva a dejar sin invertir los fondos destinados a combatir la pobreza, que “conseguimos” en las negociaciones con el Gobierno de Rajoy para enfrentar uno de los problemas más graves de las islas.
“Hemos estado a punto de perder” las partidas de 2018, apuntaron ambos, por los problemas de Valido para justificar las de 2017 y la falta de sensibilidad del Gobierno del PSOE. Por este motivo, la comparecencia que se sustanciará en el pleno, que comienza el próximo martes, tiene que “servir para que nos expliquen, con claridad y precisión, cómo van a invertir” unas partidas que deben dirigirse al 40,2% de la población en riesgo de pobreza.
La exclusión social, añadieron, “nunca ha sido una prioridad” para el Ejecutivo de CC. A lo largo de esta legislatura, añadieron, “apenas han hecho nada” y el ejemplo “más evidente”, la existencia de un comisionado de quien “se desconoce a qué se dedica porque resultados de su trabajo, no hay”.
La última demostración de que Clavijo “no quiere discutir” sobre las crecientes desigualdades sociales y de que termina su mandato dejando una Canarias más empobrecida y donde más injustamente se reparte la riqueza, según los portavoces nacionalistas, es que hurtará al Parlamento del debate de la creación de la renta de ciudadanía, impulsada por dos iniciativas legislativas de Podemos y de Nc.
Tras referir al veto presupuestario con el que el Gobierno de CC se ha opuesto ya a la tramitación de la proposición de ley de Podemos, el grupo nacionalista progresista se mantiene a la espera del pronunciamiento gubernamental a su iniciativa, destinada a garantizar unos servicios mínimos para que los 60.000 beneficiarios potenciales tengan una vida digna.
Román Rodríguez y Luis Campos catalogaron de “inadmisible” que el Ejecutivo de CC que, sólo representa a poco más del 17 de los votantes de las islas, “impida a la Cámara ejercer su soberanía para discutir sólo por tratarse de una iniciativa de la oposición y para no quedar en evidencia”. Sin olvidar, puntualizaron, que la renta de ciudadanía es un derecho de los canarios recogido en el nuevo Estatuto de Autonomía en vigor.
Una de las principales causas de que Clavijo carezca de fondos para crear la renta de ciudadanía, en opinión de NC, es su “irresponsable” política fiscal. En dos años, se han dejado de ingresar unos 215 millones de euros, que se han dejado de invertir en los servicios públicos.
