El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este jueves del traslado por parte del Servicio Canario de la Salud (SCS) a la Fiscalía “a iniciativa propia” de las últimas actuaciones sobre la compra de mascarillas que finalmente no llegaron a las Islas, según informó esta tarde el portavoz del Ejecutivo autonómico, Julio Pérez, en la rueda de prensa posterior al Consejo celebrado por la mañana en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife. De esta manera el Ejecutivo que preside el socialista Ángel Víctor Torres reacciona varias semanas después de que el diario Canarias 7 adelantara el escándalo que ha supuesto saber que en 2020 adquirieron a una empresa que se dedicaba a la compraventa de vehículos, RR7 United, un lote de mascarillas que jamás llegaron al Archipiélago. Lo peor del escándalo, que lo está investigando la Fiscalía Anticorrupción, es que se adelantaron cuatro millones de euros que ahora el Gobierno trata de recuperar sin lograrlo.
El Ejecutivo explica en nota de prensa que ahora el SCS adopta esa decisión después de que este mismo jueves recibiera los informes de la Agencia Tributaria Canaria acerca de ese expediente. “También ante la actual imposibilidad de que se reintegren los fondos transferidos a la compañía contratada, lo que pudiera llegar a considerarse una insolvencia punible”, subraya.
El SCS, tal y como expuso el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ante el Consejo, además ha trasladado la última oferta recibida desde la empresa a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria, ya que en la actualidad el expediente se halla en fase de embargo. Según el Gobierno, que trata de que todo quede en una especie de reclamación sin que existan responsabilidades políticas, la Agencia Tributaria Canaria se encargará de ver cómo proceder en relación con la recuperación de los fondos transferidos, después de varios intentos infructuosos para el reintegro de ese dinero.
