El caso vincularía a Industria, Puertos de Las Palmas y Cabildo de Gran Canaria. Todos los grupos tienen claro a quien se deben demandar responsabilidades políticas, pero no quisieron adelantar nombres. Sin embargo, es posible que el dictamen se cierre sin ellas, porque el caso está abierto judicialmente y los supuestos responsables ya no están en el Gobierno.
Los representantes de Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista Canario (PSC) en la Ponencia que elabora las conclusiones de la Comisión de Investigación parlamentaria sobre el conocido como “caso Eólico”, Belén Allende y Gloria Gutiérrez, respectivamente, coincidieron este viernes, tras una primera reunión, en la existencia de una “trama” fraguada a tres instituciones públicas que en el momento de los hechos estaban gobernadas por el Partido Popular: la Consejería de Industria (o la Dirección General de Industria, según CC), la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el Cabildo de Gran Canaria.
El portavoz del PP, Jorge Rodríguez, por su parte, negó que su Grupo reconociera la existencia de esta “trama”, aunque reconoció que todos los diputados la usan “coloquialmente” para referirse al caso, algo que Allende destacó como la “principal conclusión, que todos hablamos de una trama”.
Así, aunque se negaron a adelantar los nombres de las personas a las que creen que se debe asignar las responsabilidades políticas por los hechos, que también están siendo investigados por la vía judicial, dejaron entrever que el PSC podría apuntar hasta el ex consejero Luis Soria y CC hasta el ex director general Celso Perdomo.
El PP también tiene claro quienes son las personas con “responsabilidades determinadas”, pero Rodríguez, no quiso adelantar detalle alguno de por cómo va a ir enfocado su borrador de conclusiones hasta el lunes, cuando han quedado en volver a reunirse, a las 11:00 horas, para tratar de consensuar los documentos, algo que consideró “muy difícil”.
A la vista de los esquemas iniciales que se han intercambiado este viernes, “la orientación de cada grupo es totalmente diferente, no sólo por la visión objetiva de los hechos, sino por las subjetividades que añadirá cada grupo para dañar a su adversario político”, reconoció abiertamente. Gutiérrez negó que ésta fuera la intención socialista, que “sólo quiere esclarecer hechos que no se pueden negar”.
Pese a que todos los grupos dijeron saber ya a quiénes apuntan las responsabilidades que se deberían determinar, es posible que el dictamen salga adelante sin esa exigencia, debido a diversas dudas de procedimiento que plantearon CC y PSC. Belén Allende explicó que CC se está planteando no pedirlas hasta que se cierre el procedimiento judicial abierto, porque consideraría incongruente atribuírselas a alguien a quien después se le pueda sobreseer la imputación. Añadió que “hay una coincidencia de todos los partidos en la existencia de esta dificultad”.
Mientras, Gutiérrez planteará a su grupo si es viable pedir responsabilidades a personas que ya no están en el Gobierno al que se supone que debe controlar el Parlamento. Además, aclaró que las competencias de la Cámara “sólo llegan al control del Gobierno”, por lo que no pueden pedir responsabilidades a dirigentes de instituciones públicas ajenas, como el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, José Manuel Arnáiz, o el del Cabildo de Gran Canaria, José Manuel Soria, que también es el líder de los populares en Canarias y el hermano del ex consejero de Industria.
Lo que sí se puede hacer, explicó Gutiérrez, incluir en el dictamen estas sospechas y elevar a la Mesa del Parlamento una propuesta de acuerdo para que las remita a la Fiscalía, algo sobre lo que todavía no se ha tomado una decisión.
