El Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley de medidas extraordinarias para hacer frente a la brecha social y económica que ha generado la crisis de la covid-19, entre las que se incluye un anticipo de las ayudas al alquiler o incentivos para que promociones privadas que no se terminaron o vendieron pasen a la red de alquileres protegidos.
Según informa el Ejecutivo en un comunicado, este decreto ley incorpora varias medidas que, en materia de vivienda, buscan "dar una respuesta ágil a la emergencia habitacional que arrastra desde hace años la sociedad canaria y que se ha visto acrecentada en los últimos meses por la crisis sanitaria y económica".
De esta forma, permitirá ejecutar los programas recogidos en el nuevo Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, dotado con 664 millones de euros que se destinarán, entre otras cosas, a la construcción y adquisición de nuevas viviendas sociales, a la reforma del parque de viviendas de las islas y a distribuir ayudas a las familias más vulnerables para hacer frente a los alquileres de sus viviendas.
Para ello, el Plan de Vivienda de Canarias tendrá la consideración de plan estratégico de subvenciones, se reforzará la plantilla y se nombrará a personal interino para el seguir el cumplimiento de los programas recogidos en el documento.
Además, otra medida recogida en este decreto es el abono anticipado de las ayudas ya concedidas para el pago del alquiler de aquellas personas afectadas por la crisis sanitaria del covid-19.
Esta medida permitirá agilizar el pago de la ayuda a los colectivos más desfavorecidos (afectados por ERTE o ERE) con un abono anticipado del 50 % de la subvención, y el resto de la ayuda, una vez justificada al completo su situación económica.
De esta forma, los beneficiarios que cumplan esos requisitos no tendrán que esperar a completar toda su información económica con carácter previo para empezar a cobrar la ayuda, como sucede en la actualidad.
El documento aprobado este miércoles enlaza directamente con los ejes en materia de vivienda social recogidos en el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias, asegura el Gobierno, como son la ampliación del parque de viviendas protegidas y aumentar el apoyo al pago de sus alquileres a las familias vulnerables del archipiélago, además de apoyar a las empresas con inversión pública para reactivar sectores económicos fundamentales como el de la construcción.
Una de las medidas más destacadas de este decreto ley es la que modifica el régimen de vivienda protegida en la comunidad autónoma simplificando los trámites administrativos al reducir a dos categorías estos regímenes: el régimen especial y el régimen general.
El decreto establece las superficies útiles mínimas y máximas a subvencionar por el Gobierno canario en aquellas edificaciones de viviendas protegidas impulsadas por promotores privados.
En colaboración con el sector privado, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda pretende incentivar la salida al mercado de nuevas viviendas en alquiler, por eso este decreto permitirá la recalificación de edificios o casas de promotores privados que se han quedado a medio construir, o que no se han vendido a particulares como se quería, para que se pongan a disposición del ICAVI.
Esas viviendas pasarían a tener la calificación de protegidas durante 30 años y serían ofrecidas a los demandantes de vivienda a los precios que fije el Gobierno.
Los municipios donde preferentemente se va a poner el punto de mira con los programas de nueva vivienda del Plan son aquellos donde la emergencia habitacional es más acuciante, como es el caso de las cuatro ciudades canarias de más de 100.000 habitantes, las capitales insulares, los municipios turísticos y las ciudades cuya población ha crecido de manera desproporcionada en los últimos cinco años, explica el Gobierno.
En lo que se refiere a la garantía habitacional de aquellas personas más vulnerables y para evitar desahucios, este decreto ley complementa las medidas adoptadas por el Estado ayer, con el que se impiden los desahucios de manera extraordinaria hasta el 9 de mayo si no se les facilita antes a los afectados una solución habitacional.
De esta forma el decreto canario establece la posibilidad de firmar convenios de cesión de uso de viviendas con entidades financieras o inmobiliarias que tengan esas casas inmovilizadas y vacías, y ponerlas así a disposición de las familias especialmente vulnerables y en riesgo de desahucio.
En cuanto al transporte, el decreto concede la ampliación de forma excepcional, y por una sola vez, del plazo bienal de obtención del visado de las autorizaciones de transporte por carretera, tanto para el transporte de viajeros como el de mercancías.
Esta ampliación era una demanda del sector ya que, al paralizarse gran parte de la administración debido al confinamiento ocasionado por la crisis sanitaria, no se pudieron tramitar muchos de estos visados que son fundamentales para que las empresas de transporte puedan seguir ejerciendo su actividad.
Por último, se establece una bonificación de los cánones que pagan al ente público Puertos Canarios para aquellas embarcaciones de recreo que realizan actividades con turistas como son los barcos para celebraciones, paseos o para observación de cetáceos.
Al decaer la actividad turística a partir del mes de marzo pasado debido a las restricciones que impone la crisis sanitaria, estas empresas han visto su trabajo prácticamente reducido a cero, por lo que la Consejería de Obras Públicas va a bonificar a todas ellas el cien por cien de los cánones que debían pagar durante los meses que duró el confinamiento, y del 50 % desde verano y hasta el fin de 2020.
